Investigadora de la Uady opina del resultado de paro
“Diversos partidos políticos, empresas e instancias de gobierno quisieron utilizar el paro de las mujeres con el fin de mostrar una imagen positiva y solidaria con la causa, pero en realidad lo que trataron de hacer fue buscar beneficios políticos o económicos”, aseguró la doctora Gina Villagómez Valdés, investigadora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Dijo que a pesar de ello, el movimiento de mujeres logró el objetivo de unirlas independientemente de sus intereses, ideologías, partidos y agendas, tanto la marcha del día 8 como el paro del día 9, fue un llamado histórico, un grito desesperado para hacer visible la violencia contra mujeres y los feminicidios en todo el país.
Histórico
La investigadora señaló que el paro generalizado y la solidaridad mostrada por la sociedad fue un evento histórico que desde su punto de vista mucho contribuirá para avanzar en la toma de conciencia de las mujeres.
Con estas acciones, dijo, toda la sociedad habló del problema y vivió fuerte discusiones en las familias, escuelas, centros de trabajo y en la calle.
“Los medios de comunicación y redes vieron por muchos días este fenómeno como uno de los mayores movimientos generados en la sociedad y ni la rifa del avión ni el coronavirus derrumbaron la fuerza que adquirió la demanda de las mujeres de hacer algo urgente en contra de la violencia que las afecta y los feminicidios que vive el país”, aseguró.
Indicó que a los solidarios con el paro 9 M les preguntan ahora: ¿Qué van a hacer a partir del 10 de marzo para respetar y promover los derechos laborales de las trabajadoras o ciudadanas? ¿Seguirán despidiéndolas por estar embarazadas o sin cubrir lo que les corresponde por ley?
¿Dejarán de pedir una firma en blanco al contratarlas? ¿sancionarán en los centros de trabajo el acoso laboral y sexual? Los partidos políticos ¿dejarán de otorgar a las mujeres posiciones perdedoras en periodo electoral dejándolas a su suerte como hicieron en 2018? O solo se unieron a la causa un solo día para quedar bien con la sociedad.
Futuro
“Es a partir de hoy que los partidos políticos, empresas, universidades, instancias de gobierno y grupos solidarios con la causa de las mujeres demuestren su compromiso con ellas a través de acciones concretas que transformen la situación que viven”, señaló la Dra. Villagómez
Preguntó si ¿Yucatán seguirá como si nada hubiera pasado o comenzará un cambio real? Es momento de que enuncien cuál será su compromiso real. De no ser así, de nada habrá servido su generosa solidaridad.
“Desde mi punto de vista el primer obstáculo para trabajar la agenda a favor de las mujeres en el país, es el presidente López Obrador”, afirmó la académica.
Detalló que a pesar de ser el responsable de cuidar los intereses ciudadanos, ha demostrado de manera reiterada desde el inicio de su gestión, un absoluto desconocimiento de la política pública estructural que debe encabezar para cumplir lo que le corresponde como autoridad.
Esto, señaló, con el fin de lograr los objetivos de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres que establece Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia de género.
“Para él (López Obrador), la causa de las mujeres está secuestrada por intereses conservadores ajenos a su proyecto de nación y no ha hecho más que descalificar las demandas que la población femenina requiere”, aseguró.—Luis Alpuche Escalante
Precisó que no sólo desconoce lo que significa la perspectiva de género sino que ha bloqueado los intentos de las mujeres de su gabinete para avanzar por el camino correcto, peor aún, ha generado enfrentamientos entre los grupos que defienden la agenda de género y su gobierno y seguidores.
Comentó que esta situación será muy difícil de modificar, porque no tiene la sensibilidad, el conocimiento ni el interés por resolverlo.
Por ello, dijo, los estados del país tendrán que recurrir a sus gobiernos estatales y municipales para resolver sus propios problemas de violencia contra las mujeres.
Para el caso particular de Yucatán la investigadora señaló que es preciso dirigir la política pública y legislativa para disminuir el mayor problema que se tiene en el estado: la Violencia Familiar y en este contexto el Abso Sexual de la población menor de 18 años.
“Tenemos violencia política, laboral, comunitaria, acoso y diversas formas de violencia contra las mujeres, pero la violencia familiar requiere atención urgente y no se está atendiendo el problema de acuerdo a la magnitud del fenómeno”, opinó.
Indicó que en primer lugar, no se está atendiendo la prevención a través de grandes campañas masivas de sensibilización sobre todo en el interior del estado.
Tampoco se están instalando en los municipios suficientes instancias que atiendan a las mujeres y familias afectadas por la violencia, si bien es cierto que estas acciones son responsabilidad de las autoridades municipales, el gobierno estatal tiene la función de impulsar acuerdos y acciones para desplegar sus programas a favor de las mujeres.
Dijo que al no incidir en los municipios, las mujeres quedan en la indefensión especialmente si no tienen recursos para trasladarse a la Fiscalía del estado ubicada en Mérida o a las agencias del ministerio público que les corresponda en su región.
Por otra parte, comentó, en la Fiscalía del estado, instancia responsable de procesar denuncias por violencia, no cuenta con personal suficiente que atienda a las víctimas y es conocido el hecho de que se despidió a personal especializado.
“Los procedimientos son lentos y en muchas ocasiones mal configurados por falta de perspectiva de género, las medidas de restricción para evitar que los agresores se acerquen y violenten reiteradamente a las mujeres son limitadas o nulas en muchos casos”.
Aseguró que instancias como la CEAV, Centro especializado en atención a víctimas, se encuentra saturado por falta de personal suficiente para atender las necesidades de la población.
En la Prodemefa es urgente hacer una intervención especial para fortalecer su responsabilidad frente a la violencia y abuso sexual infantil, la Segey debe intensificar sus campañas de concientización entre la comunidad educativa especialmente en el interior del estado.
En otro aspecto, dijo que a la fecha no se aplica la NOM 046 en el sector salud, por lo que víctimas de violación quedan sin la aplicación del protocolo correspondiente.
A nivel legislativo, comentó es preciso modificar el artículo 228 del código penal de Yucatán para perseguir el delito de violencia familiar como delito grave y no esperar a que la vida de las mujeres y sus hijos esté en riesgo.
La doctora dijo que ya existen iniciativas al respecto en el congreso y a la fecha no han prosperado, por lo que esta tarea queda en manos de legisladores y legisladoras. Por otra parte, necesitan mayor empatía de jueces y juezas de lo familiar para garantizar justicia con perspectiva de género.
“Para gran parte de la población la vida seguirá como siempre, pero las autoridades correspondiente tienen la obligación de hacer un cambio importante para disminuir el problema que más nos afecta en la familia”, dijo la investigadora.
Aseguró que de nada servirán las buenas intenciones y simulaciones o enunciados si no se modifica la forma en que se está atendiendo el problema, Yucatán no puede seguir ocupando los primeros lugares de violencia familiar y abuso infantil que actualmente tiene.
Los centros educativos de educación superior también tienen una tarea importante en la formación de sus profesionales, pues se requiere analizar los procesos de atención que las instituciones ofrecen para contrarrestar este tipo de violencia.
“Las mujeres ya dieron el primer paso. Le corresponde a todos los solidarios del Paro 9 M decir cuáles son las estrategias que seguirán después de este llamado desesperado. Si no lo hacen, de nada habrá servido su conmovedora solidaridad
Entidad
Para el caso particular de Yucatán la investigadora señaló que es preciso dirigir la política pública y legislativa para disminuir el mayor problema que se tiene en el estado: la Violencia Familiar y en este contexto el abuso Sexual de la población menor de 18 años. “Tenemos violencia política, laboral, comunitaria, acoso y diversas formas”, opinó.