MÉRIDA.— La compra y venta de terrenos ejidales en Yucatán presenta ocho “focos rojos” que tienen muy altas posibilidades de convertirse en conflictos políticos, sociales y económicos, concluye un nuevo informe interno del Registro Agrario Nacional (RAN).
Las principales causas son los enfrentamientos entre grupos de un mismo ejido por la venta de sus tierras, entre ejidatarios y particulares y entre ejidatarios y funcionarios del propio RAN y de la Procuraduría Agraria (PA), a quienes los campesinos acusan de aprovecharse de ellos para despojarlos de sus terrenos.
Este informe es el tercero que obtiene Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, dedicado a la situación de la representación local del RAN ante la destitución de Pablo Duarte Sánchez, el mes pasado, como encargado de esa dependencia.
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Los autores del documento son funcionarios locales y de las oficinas centrales en Ciudad de México. Lo hicieron por encargo del director en jefe del Registro Agrario, Plutarco García Jiménez.
El objetivo: conocer de primera mano los principales puntos de conflicto de la actividad agraria en el Estado y plantear alternativas de solución.
Según el informe, los “focos rojos” están prendidos en las siguientes poblaciones: Ucú, Valladolid, Muxupip, Chelem, Cholul, Motul, Hunucmá e Ixil.
A continuación publicamos la parte medular de este documento.
UCÚ
El conflicto en este ejido es uno de los más graves, según los funcionarios del RAN.
Se trata, dicen, de un enfrentamiento entre dos grupos empresariales que se disputan una misma superficie.
Uno de esos grupos trató “diversos acuerdos y un contrato de usufructo” con una directiva ejidal”.
“El otro grupo hizo arreglos con otra directiva del mismo ejido, incluyendo un convenio para la compra de gran parte de las 690 hectáreas en pleito y un acuerdo de asamblea para el cambio de destino de las tierras ejidales”.
En este conflicto, según se desprende de la lectura del informe, se evidencia el grado de corrupción prevaleciente en la administración de la entonces delegación del RAN (ahora se le llama “representación”), en el gobierno anterior al de Andrés Manuel López Obrador.
El documento consultado por Central 9 no publica el nombre del delegado anterior a Pablo Duarte Sánchez —destituido el mes pasado—, pero se trata evidentemente de Cástulo Ramírez García, quien llegó a ese puesto en noviembre de 2015 y lo dejó en diciembre de 2018.
Ramírez García fue delegado de la Sedatu en Oaxaca, antes de llegar al RAN. También fue muchos años gerente regional de Banrural en Yucatán.
Protección a grupo empresarial
De acuerdo con el informe, este funcionario habría intentado proteger por todos los medios los intereses del grupo de empresarios que busca el cambio de destino de las tierras del ejido, pasando incluso por disposiciones judiciales, aunque al final, al parecer, no lo logró.
El informe asienta: “En Ucú es evidente el conflicto de intereses entre empresarios representados por H.C.B., que realizó asambleas de diversos acuerdos y la celebración de un contrato de usufructo con el ejido, e inversionistas encabezados por V.A.J.E., quien en asamblea logró la aprobación de cambio de destino, respecto de la misma superficie, donde el otro grupo tiene un contrato de usufructo”.
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En el primer caso, el RAN, añade el documento, denegó los actos por no cumplir con los requisitos formales que exige la ley.
En este asunto el informe advierte que sobre la representación local del Registro Agrario existe presión por este grupo de empresarios “que por tratarse del otorgamiento de un contrato de usufructo procederían a solicitar un amparo” si la dependencia no realiza una calificación favorable del acta de la asamblea donde se les otorgó dicho usufructo.
En el segundo caso, añade, la registradora responsable, Sara Alejandra Puc Pan —que ya no trabaja en la delegación—, dio inicialmente una calificación negativa, pero luego la pasó a positiva, aunque no contaba con el dictamen técnico de la Semarnat sobre la solicitud del Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales.
Anomalías en que se incurren
Este cambio no se autoriza si la zona en cuestión tiene bosque y selva baja.
No obstante, dice el informe, el ex delegado del RAN le ordenó a esta registradora inscribir el acta de esa asamblea.
Cuando la subdelegada de Registro notó la falta de ese dictamen, le pidió a la registradora que “hiciera lo conducente para no continuar con la inscripción hasta en tanto lleguen los documentos de la Semarnat”.
Por ello la registradora “se dio a la tarea de cancelar esa solicitud de registro y lo mismo hizo con otras dos solicitudes sobre el mismo tema, promovidas por ejidatarios de San Antonio Yaxché”.
El informe añade los siguiente:
“Posteriormente llegaron los dictámenes de la Semarnat, que se turnaron a la registradora Isabel del Carmen Moreno Miranda, quien calificó de manera negativa los tres expedientes, por tener dictámenes positivos a bosques y selvas”.
“Los afectados interpusieron un recurso de revisión en el Jurídico del RAN, por lo que el exdelegado resolvió dejar sin efecto las calificaciones negativas y ordenó la inscripción de esas actas de asamblea, sin instruir a la registradora para que cumpliera con lo resuelto en cada uno de los recursos”.
Presentan recurso de amparo
“Poco después, estos afectados interpusieron un recurso de amparo, con lo que obtuvieron la protección de la justicia federal, sin que por parte del Jurídico del Registro Agrario se impugnara esta resolución”.
“Se esperó a que causara ejecutoria y a que el juez requiriera la ejecución de la resolución del recurso. En este momento, el ex delegado ordenó a la registradora que inscribiera las actas de las tres asambleas. Ésta se negó acatar por considerar que había imposibilidad jurídica”.
“Con el apoyo de la subdelegación se habló con el juez de la causa, a quien se le dieron los elementos que contravenían disposiciones constitucionales, de la ley de la materia y del mismo Reglamento Interior del RAN”.
“Poco después se culminó con la ejecutoria del caso del ejido de Ucú, a la que se le dio cumplimiento con la emisión de una nueva calificación negativa, apoyada en los argumentos y razonamientos expuestos al juez, quien dio por cumplimentada dicha ejecutoria”.
En espera la resolución de otros amparos
“Actualmente están pendientes de que causen ejecutoria los amparos de las dos actas de asamblea de San Antonio Yaxché, a las cuales se les piensa dar un tratamiento igual, por tratarse de actos atendidos con la misma estrategia”.
El documento hace también esta advertencia: “en estos tres casos existen intereses empresariales y de funcionarios del gobierno estatal anterior”.
VALLADOLID
De acuerdo con el análisis del RAN, este es otro caso potencialmente conflictivo, en donde la actual directiva del ejido afronta un problema legal y político con su antiguo asesor, Rafael Acosta Solís.
Según el documento, en 2015 las entonces autoridades ejidales encabezadas por el comisario José Matilde Cervera Dzul, presentaron a la asamblea, que los aprobó, el proyecto para la parcelación de las 30,000 hectáreas del ejido de Punta Laguna y sus alrededores.
La asamblea también aprobó la contratación como asesor jurídico del ejido, por medio de un contrato de prestación de servicios, de Acosta Solís, ex subprocurador de Justicia de Ivonne Ortega Pacheco.
En el convenio se establecía que éste cobraría sus honorarios con la adjudicación de una extensión de tierra del ejido que, luego se supo, ascendía a 4,800 hectáreas.
En esta superficie, cercana a Punta Laguna, hay cenotes y cuerpos de agua.
Destitución y expulsión de Acosta Solís
En julio de 2018, empero, a propuesta de los nuevos dirigentes ejidales, la asamblea decidió destituir a Acosta Solís como asesor jurídico y expulsarlo del ejido junto con Cervera Dzul, a quien acusaron de graves irregularidades.
En ese entonces se descubrió que al acta de la asamblea de fecha 25 de junio de 2017 y sus anexos, en la que se aprobó la contratación de Acosta Solís como asesor y apoderado del ejido, con facultades para oír y recibir notificaciones, y se estableció la forma de pago de sus honorarios, estaba desaparecida, lo que frenaba las acciones legales en su contra.
Las autoridades ejidales solicitaron al RAN copia certificada del acta de la asamblea de junio de 2017, mediante oficios ingresados a la delegación de la dependencia el 12 de junio de 2018, recibido con el folio 3,431, así como otros oficios fechados el 20 de agosto del 2018 y el 21 de enero del 2019.
Acuerdan la recuperación de miles de hectáreas
Finalmente el ejido obtuvo copia de esa acta y en asamblea realizada en octubre pasado se acordó recuperar las 4,800 hectáreas adjudicadas al ex asesor Acosta Solís y regresarlas al uso común.
Sin embargo, ante esto, explica el informe del RAN, Acosta Solís, sin conocimiento de los ejidatarios, interpuso un amparo indirecto para solicitar la inscripción del acta donde se le otorgan esas 4,800 hectáreas.
Este amparo causó ejecutoria, pero no se ha cumplido por la falta del dictamen técnico de la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica del RAN.
Empero, continúa el informe, al enterarse de este asunto “los integrantes de los órganos de representación del ejido mandaron un escrito al juez Primero de Distrito en el Estado, en donde le informan que debe de desistir del cumplimiento del amparo, actualmente en el estado de ejecución”.
Esta situación ha propiciado un clima de creciente inconformidad entre los ejidatarios.
En la última visita del presidente López Obrador a Valladolid muchos de ellos le pidieron su intervención para recuperar las tierras en poder de Solís Acosta.
MUXUPIP
Una fracción del ejido interpuso una demanda de amparo contra la resolución de una asamblea que reconoció como avecindados y ejidatarios a tres empresarios, a quienes ofrecieron vender alrededor de 2,000 hectáreas.
Casi de inmediato la asamblea del ejido aprobó el cambio de destino de suelo de uso común a 17,877 solares urbanos. En esa zona, los empresarios, identificados como A.C.CH, R.V.E. y J.E.C.T., pretenden construir un campo de golf.
Los inconformes impugnaron la asamblea, porque no fue celebrada en el ejido y las firmas que aparecen en el acta corresponden a las firmas de la lista de asistencia a la asamblea.
También se ampararon contra la decisión de cambiar el uso de suelo.
Otra queja de los inconformes es que muchos no saben la ubicación de las tierras que se quieren vender y tampoco aprueban las decisiones que benefician a los tres empresarios.
Otro problema en este ejido es el desconocimiento oficial de la elección de Santos Blas Martín Mex como comisario ejidal, realizada en la asamblea del 6 de octubre.
Su oponente, José Gaspar Noh Canché, impugnó esos comicios porque se celebraron en medio de incidentes de violencia, actos de inducción al voto e irregularidades en el recuento y en la recolección de las firmas de los socios.
El RAN no reconoce unos resultados
Martín Mex intentó inscribir la asamblea en la representación local del RAN sin exhibir el documento original, sino la fotografía, lo que “se detectó y se calificó en forma negativa y fue devuelta a los interesados. Eso ocasionó que los seguidores de Martín Mex realizaran plantones en las oficinas del RAN”, señala el informe.
Posteriormente, añade, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) resolvió el 27 de octubre la destitución de Martín Mex y el nombramiento de Agustín Abán Chin, Rubén May Chim y Agustín Gorocica Chalé, suplentes de la anterior directiva, como comisario, secretario y tesorero del ejido, “aunque la tensión persiste en el lugar”.
CHELEM
Permanece pendiente en la representación del RAN la resolución de un expediente de cambio de destino en el ejido de Chelem y San Ignacio, municipio de Progreso, promovido por el empresario G.G.M, que incluye la tramitación de 8,000 títulos de solares urbanos.
Hasta antes del cambio en la representación local del Registro Agrario, este empresario ejercía mucha presión para que la registradora enviada por la dirección nacional del RAN a Yucatán atendiera este asunto, sin importar que con eso se obstaculiza el trabajo de abatimiento del rezago de expedientes, que suman miles.
CHOLUL
Otro “foco rojo” en la situación agraria, según el RAN, se encuentra en Cholul, donde los ejidatarios denuncian a las autoridades del propio Registro Agrario y de la Procuraduría Agraria.
Según ellos, funcionarios de estas dependencias se habrían confabulado para entregar 30 hectáreas de tierra de ese ejido a un grupo de particulares, luego de quitárselas a los campesinos mediante engaños.
No solo eso, administraciones pasadas del RAN entregaron los títulos de propiedad a esos empresarios, no obstante una denuncia penal vigente en su contra por las anomalías en esa operación.
Obtienen con engaños las firmas de ejidatarios
De acuerdo con el informe, el ejido de Cholul, sección Cacalchén, contaba con 58 hectáreas. En 2007 treinta de ellas pasaron a manos de 20 ejidatarios y 28 más quedaron a nombre de Cástulo Cen.
En 2014 una gestora de trámites agrarios identificada en el informe como G.M.C. se presentó en Cholul y mediante engaños obtuvo la firma de los 20 socios del ejido, que tenían asignados las 30 hectáreas de la sección Cacalchén, a fin de que Cástulo Cen pueda vender las restantes 28 hectáreas.
La firma de esos ejidatarios era importante porque las tierras a nombre de Cen eran parte de una parcela colectiva.
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La gestora G.M.C logró que los 20 ejidatarios firmaran varios documentos con la falsa promesa de que a cambio recibirían los títulos de propiedad de sus 30 hectáreas.
Luego se supo que lo que firmaron fue un acta poder para entregar esa superficie a los empresarios M.F.V. y M.E.A.Z.
En su informe sobre este caso el RAN asienta que en la enajenación de la parcela las firmas de la notificación del derecho eran falsas y el poder notarial que presentaron los gestores, inexistente.
Entregan los títulos, pese a denuncias
Al percatarse de estas irregularidades, los ejidatarios presentaron una denuncia judicial. No obstante, las autoridades del RAN en 2016 entregaron a esos empresarios los títulos de propiedad de esa parcela.
Los ejidatarios de Cholul, según han dicho al RAN, “solicitan que personal de la Procuraduría Agraria en Yucatán no participe en las gestiones de este caso, toda vez que éstos han realizado actos de corrupción en la celebración de las asambleas ejidales, siempre a favor de los especuladores y han aceptado como válidas en las actas la firma de ejidatarios que corresponden a personas fallecidas”.
MOTUL
Persiste el conflicto entre dos grupos de ejidatarios por el plan para vender 540 hectáreas del ejido al empresario francés O.D.C., dueño de la hacienda Santa Teresa.
El grupo que defiende la venta lo encabeza el actual comisario ejidal, Jorge Marcelino Alonzo Chuc, quien pretende parcelar la tierra para entregarla a dos prestanombres del empresario.
Alonzo Chuc, electo comisario el 5 de agosto de 2018, forma parte del grupo de Arcadio Tamayo Ángulo, comisario ejidal de 2009 a 2012 y quien habría iniciado las negociaciones con el empresario.
El grupo que se le opone lo dirige Juan Itzá Balam, quien fue comisario ejidal de 2012 a 2015.
Este demandó en el Tribunal Unitario Agrario a Alonzo Chuc por usurpar las funciones de comisario, ya que él no puede desempeñar ese cargo por haber sido comisario suplente en la gestión de Tamayo Ángulo.
A su vez, Alonzo Chuc demandó en el mismo tribunal a Itzá Balam por asignar 240 hectáreas del ejido a personas cercanas a él.
Hasta este momento el TUA no ha resuelto en definitiva sobre ninguno de los dos temas.
HUNUCMÁ
Un grupo de ejidatarios interpuso un amparo para que el RAN no entregue los títulos, resultado de un conflicto por el destino del uso del suelo. Estos títulos, dice el informe, “ya están disponibles en la representación local del Registro Agrario”.
Los inconformes argumentan que las asambleas en las que se aprobaron esos cambios ocurrieron en 2015 y 2016 y fueron ilegales.
IXIL
Aquí se registra otro agudo conflicto entre dos grupos ejidales: los que defienden la venta de sus tierras y los que se oponen.
Según datos del expediente, en 2015 la asamblea acordó fraccionar las 5,872 hectáreas del ejidos entre los 405 socios.
En la asamblea se decidió que los ejidatarios podrían conservar y trabajar sus tierras, o venderlas si seguían con la norma establecida.
Varios de ellos lo hicieron hasta alcanzar una superficie aproximada de 1,450 hectáreas, e iniciaron el procedimiento para obtener sus títulos de propiedad.
En marzo de 2019, empero, la asamblea ejidal acordó revertir el acuerdo de 2015 y aprobó que los terrenos volvieran a ser de uso común.
Con esa medida al parecer se lesiona a un grupo de empresarios que ya habían entregado dinero a los ejidatarios dispuestos a vender y también ha provocado conflictos e incertidumbre entre quienes ya vendieron y los que no quieren hacerlo, concluye el informe.