Denuncias por desvíos pasan a instancia federal
Las carpetas de investigación iniciadas con motivo de las denuncias interpuestas por el posible desvío o manejo indebido de recursos públicos pertenecientes a la secretarías estatales de Educación y de Desarrollo Rural en el gobierno anterior fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), informó José Enrique Goff Ailloud, fiscal especializado en el Combate a la Corrupción en Yucatán.
Esto se debe a la naturaleza de los recursos, refirió. El monto presuntamente desviado ascendería a 230 millones de pesos.
Las carpetas de investigación, dijo el funcionario, se turnaron a la FGR en conjunto con la totalidad de registros de los actos de investigación efectuados por la Fiscalía Anticorrupción del Estado, para que esa autoridad federal continúe las pesquisas y determine lo conducente en el momento procesal oportuno.
De acuerdo con el fiscal especializado, junto con la Policía Estatal de Investigación han llevado al cabo alrededor de 30 diligencias de inspección y se han asegurado 31 bienes (aunque no precisó cuáles y a quienes).
Además, abundó, se han solicitado actos de investigación mediante controles judiciales con objeto de obtener información constitucionalmente protegida, así como rendido los informes correspondientes ante los jueces de Distrito por los amparos promovidos contra los actos de investigación y medios de apremio impuestos por esta fiscalía anticorrupción.
“Las demás denuncias interpuestas en contra de exservidores públicos pertenecientes a la Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Salud y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán continúan bajo investigación”, afirmó.
Sin plazo
Cuestionado sobre el tiempo que llevan las denuncias presentadas, pues fueron interpuestas por la Secretaría de la Contraloría General de Yucatán en enero de 2019—es decir, hace ya dos años—, el fiscal anticorrupción respondió que tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como el Código Penal del Estado no señalan un plazo determinado para concluir las investigaciones iniciales.
“Por eso todas las investigaciones continúan su curso de acuerdo con los plazos establecidos, sin prisas ni demoras, con total apego a la legalidad, al debido proceso, al principio de presunción de inocencia y con pleno respeto por los derechos humanos”, puntualizó.
Asimismo, reconoció que no se ha podido avanzar con la celeridad esperada porque son investigaciones complejas, que requieren actos de investigación especializados en materia de contabilidad gubernamental, fiscalización de recursos públicos, administración y otros de carácter técnico en atención a su complejidad.
Además, recordó, 2020 fue un año complicado para el avance de las investigaciones, ya que no se pudieron desahogar diversas comparecencias debido a las restricciones ocasionadas por la pandemia y las interrupciones de plazos decretados por el Poder Judicial.
“A todo lo anterior hay que agregarle que los imputados, en aras de su legítima defensa, realizan diversas promociones y solicitan actos de investigación adicionales, incluso promueven amparos contra los actos de investigación y medios de apremio requeridos por esta autoridad, situaciones que afectan la celeridad de las investigaciones”, explicó.— David Domínguez Massa
Fiscalía Anticorrupción
Otras declaraciones de José Enrique Goff Ailloud, fiscal especializado en el Combate a la Corrupción en Yucatán.
Secrecía
El funcionario se disculpó por no abundar más sobre el avance de las denuncias contra el gobierno anterior y los amparos tramitados contra ciertas pesquisas porque, según el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta indispensable para esta autoridad guardar la secrecía y reserva de los actos de investigación que se realizan.
Imputados
De acuerdo con el artículo 113 de la misma codificación, añadió, es obligación garantizar durante todo el curso de las investigaciones los derechos de las personas en calidad de imputados, como el derecho a ser considerados y tratados como inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, así como a no ser expuestos a los medios de comunicación ni presentados ante la comunidad como culpables.