Más datos sobre las operaciones de la mafia agraria
El acuerdo del Tribunal Unitario Agrario 34 sobre el conflicto creado por ejidatarios de Chuburná en los fraccionamientos Vista Alegre y Del Arco sacó a la luz “una vergonzosa participación” de funcionarios de esa dependencia, que se coludieron con empleados de otras instancias en perjuicio de vecinos de ambas unidades habitacionales.
La resolución también dejó en evidencia una serie de irregularidades cometidas por los ejidatarios para obtener dinero de los colonos.
Ayer publicamos que en ese insólito acuerdo el Tribunal Unitario Agrario exhibió numerosas anomalías de los ejidatarios en contubernio con personal de la Procuraduría Agraria, para reclamar como suyas las tierras de dichos fraccionamientos. Su único propósito era exigirles dinero a los vecinos, que cayeron en zozobra ante una serie de demandas.
Se trata de una mafia agraria que operaba con la complicidad de algunos funcionarios y la participación de varios empleados.
La resolución está firmada por la magistrada del Tribunal, Lilia Isabel Ochoa Muñoz, quien en junio de 2019 relevó en el cargo a Antonio Luis Betancourt Sánchez, involucrado en ese entonces en varias denuncias que motivaron protestas frente a la sede de la dependencia.
En el acuerdo también se da vista a las fiscalías General de la República (FGR) y General del Estado (FGE). A la primera por conductas que de manera continua o continuada pudieran calificarse como hechos ilícitos.
A la Fiscalía estatal se le da vista por los hechos que pudieran resultar de su competencia, ya que se ocasionó o se trata de ocasionar un daño en los vecinos y en sus patrimonios.
Se le da vista a una tercera instancia: el órgano Interno de Control del Tribunal Unitario, por las conductas en que incurrieron funcionarios del mismo.
Otros detalles que arroja la resolución son:
—La abogada Rebeca María Buenfil Méndez tuvo acceso a todo el expediente como servidora pública de la Procuraduría Agraria. Al convertirse en asesora de los ejidatarios de Chuburná utilizó información privilegiada para ella y sus clientes.
Cargo entre esposos
—En el expediente han participado dos directivas del comisariado ejidal de Chuburná. En la primera era presidente Baltazar de los Reyes Huchim Ramos; como la ley no le permitía seguir en el cargo, se designó como su sucesora a su esposa, Lilia Adriana del Pilar Nabté Lugo. El primero era taxista y aceptó que no podía dedicarle tiempo “a todo esto”.
—Baltazar Huchim también comentó a la magistrada Lilia Ochoa que el ejido ya no tiene tierras y la única forma de sacar algo de dinero era mediante los juicios contra los colonos.
—Todos los vecinos afectados tienen escrituras que en varios casos datan de más de 20 años. Muchas de las propiedades fueron adquiridas mediante créditos hipotecarios.
—En algunos tomos del caso hay información confusa del cumplimiento de una sentencia y de “una vergonzosa participación” de funcionarios del Tribunal en cobros que se hacían por estos asuntos.— ÁNGEL NOH ESTRADA
Tribunal Agrario Movimientos
El 28 de junio de 2019 hubo relevo en la titularidad del Tribunal Unitario Agrario 34.
Relevo de un acusado
Ese día la abogada Lilia Isabel Ochoa Muñoz sustituyó al magistrado Antonio Luis Betancourt Sánchez, contra quien pesaba una serie de denuncias que se reflejaron en protestas frente a la sede del Tribunal Agrario.
Querían dinero
Entre los casos más sonados que ha atendido la magistrada Ochoa Muñoz figuran los juicios que interpusieron ejidatarios de Chuburná contra vecinos de los fraccionamientos Vista Alegre y Del Arco. Reclamaban como suyas las tierras donde se construyeron casas, pero su verdadero objetivo, según confesaron y así consta en reciente acuerdo, era obtener dinero de los colonos.