Deploran la falta de política estatal contra corrupción
Para el colectivo ¡Ya Basta!, el diagnóstico sobre la corrupción en Yucatán es sombrío: a tres años del cambio de gobierno no se conoce una política estatal contra ese flagelo y hay lacerante opacidad en todos los ámbitos de la administración pública.
Y ante esa situación, agrega la iniciativa ciudadana, la impunidad “marcha rampante en Yucatán”.
Más aún, ¡Ya Basta! considera que en el entramado de la impunidad no hay contrapesos, pues el Sistema Estatal Anticorrupción opera en los hechos con servilismo y no se conoce alguna acción efectiva que haga honor a su nombre.
Acusan al gobierno de Vila de una falta de política anticorrupción
En una entrevista, Blanca Estrada Mora, Marysol Canto Ortiz y Nicolás Andrés Dájer, integrantes del grupo promotor del colectivo, hacen un balance en materia de rendición de cuentas y de lucha anticorrupción a tres años y un mes de que Mauricio Vila Dosal asumió la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado.
“Han pasado tres años y no hay, o al menos no se conoce, una política anticorrupción”, subraya la maestra Estrada Mora. “Esto es una omisión grave ante el cúmulo de acontecimientos que hemos visto en este tiempo”.
Los entrevistados insisten en la necesidad de que la ciudadanía se involucre realmente en los asuntos públicos y exija cuentas a los gobernantes.
“El único dique que podemos poner a estos temas es la participación ciudadana, pero una participación informada y con voluntad y decisión para vigilar, fiscalizar y exigir cuentas no solo del manejo de los dineros, que es fundamental, sino también de la actuación de cada uno de los servidores públicos”, enfatiza Blanca Estrada.
La presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy) también formula los siguientes conceptos:
- —Además de la grave omisión que representa la falta de una política anticorrupción, en estos tres años se han arrastrado acciones nada claras. Por ejemplo, al inicio del actual gobierno se anunció una serie de denuncias por un quebranto de al menos 533 millones de pesos en varias dependencias. Después de eso, nadie sabe, nadie supo… Nada ha pasado.
- —La Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pasó a ser Fiscalía. Fue meramente un trámite administrativo. En estos tres años se han conocido pocas acciones: si acaso, que alguien devuelva un dinero o algunas denuncias contra alcaldes. Nada más.
- —Por supuesto, la falta de rendición de cuentas y la opacidad que existen en todos los ámbitos de la administración pública estatal tienen relación con lo que parece ser letra muerta: la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán ni se difunde, ni se aplica.
¿Está en el limbo?
- —Hay un Sistema Estatal Anticorrupción que cuenta con un Comité Coordinador integrado por representantes de seis dependencias y organismos públicos y un Comité de Participación Ciudadana.
- —El 9 de diciembre de 2020, hace ya casi un año; el Comité de Participación Ciudadana presentó al Comité Coordinador una propuesta para la elaboración y aplicación de una política pública anticorrupción. A la fecha no se sabe qué pasó con esa propuesta, si se aprobó o no, si está en el limbo o en la congeladora.
- —Esto muestra el escaso interés en combatir la corrupción en el Estado, lo cual se manifiesta de muchas maneras. Ese poco interés lo podemos palpar en lo que está establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024. En su eje transversal número ocho dice que el objetivo en este tema es “disminuir la incidencia de corrupción en la Administración Pública Estatal”.
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- —Otro objetivo que se señala es “fortalecer los mecanismos de prevención y sanción ante actos de corrupción”.
- —Independientemente de que no se tiene, o no se conoce; una política anticorrupción. Lo que sí está vigente es la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán; donde se establece qué es la corrupción y cuáles son los diferentes actos que la configuran.
- —Sin embargo, todo parece letra muerta porque no hay ni prevención ni la promoción de una política contra la corrupción y mucho menos sanciones contra la comisión de actos establecidos como faltas, sobre todo las clasificadas como graves. En el caso de los servidores públicos son: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos y utilización indebida de información. Además, uso de información privilegiada, abuso de funciones, conflicto de interés, contrataciones indebidas; enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflictos de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.
- —Esa misma ley establece también actos de particulares como faltas graves: soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos y tráfico de influencias. Además, utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de exservidores públicos.
- —Un repaso de los tres años de ejercicio de la administración pública en el Poder Ejecutivo nos muestra; de inmediato, una serie de situaciones en las que la presunta corrupción y la impunidad están más que claras.
¡Ya Basta! Ve escaso interés en combatir la impunidad
¡Ya Basta! ve escaso interés en combatir la impunidad y la corrupción en Yucatán.
Ese poco interés, dice la profesora Blanca Estrada Mora, lo podemos palpar en lo que está establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, que en su eje transversal número ocho dice que el objetivo en este tema es “disminuir la incidencia de corrupción en la Administración Pública Estatal”.
“Ojo con ese punto: dice que el objetivo es disminuir la corrupción, ni siquiera acabarla”, subraya. “Es decir: que continúe, vamos a bajarle un poco”
Balance de 3 años
En próxima entrega abundaremos en las opiniones de la presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy) y de Marysol Canto Ortiz y Nicolás Andrés Dájer sobre el tema, a tres años y un mes de que se inició la administración de Mauricio Vila Dosal.