Los municipios de Valladolid y Tizimín se enfrentan a quejas por despido y por falta de pago de laudos por el mismo motivo, aunque los ceses laborales ocurrieron en administraciones anteriores.

En la Sultana de Oriente, el despido de un auxiliar de administración del departamento de Turismo por supuesta falta de presupuesto, permitió saber del despido de ocho empleados del Sistema de Agua Potable para colocar en su lugar a 15 ex empleados que le habían ganado un laudo al Ayuntamiento por despido injustificado hace cuatro años y medio durante el gobierno municipal que encabezó la morenista Alpha Tavera Escalante.

¿Homofobia? 

En el caso del cese del auxiliar de Turismo, amistades del afectado mencionaron que también habría influido la homofobia del alcalde Alfredo Fernández Arceo, aunque él cree que no es así, que sí es por falta de presupuesto.

En cuanto a la Ciudad de los Reyes, al gobierno municipal se le siguen acumulando demandas y juicios laborales por despidos injustificados de administraciones pasadas.

A los 100 ex empleados que han ganado litigios y están en espera de que les paguen indemnizaciones, se suman otros 104 que eran trabajadores de la administración anterior y que apenas en esta vez interpusieron sus demandas laborales.

Lincoln Palma Rodríguez quien es uno de los abogados más solicitados para llevar al cabo estos procesos legales, afirma que ya se deben cerca de 70 millones de pesos por juicios laborales ganados.

Sacan de la nómina a más morenistas, por “falta de presupuesto”

Los despidos en el Ayuntamiento de Valladolid continúan a la orden del día, pues apenas hace unos días le tocó el turno a Miguel Monforte Pérez, quien desde hace seis años se desempeñaba como auxiliar de administración en el departamento de Turismo y supuestamente fue dado de baja por falta de presupuesto, según le indicaron.

Del mismo modo, ya fueron despedidos ocho empleados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid (Sapamv), ya que en ese lugar fueron recontratados 15 ex empleados que le ganaron un laudo al Ayuntamiento luego de que hace cuatro años y medio fueron despedidos sin justificación, durante la administración que encabezó la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante, de modo que se duplicó el número de trabajadores en el lugar.

Monforte Pérez explicó que ingresó al ayuntamiento justo en la administración de la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante y continuó en la de Enrique Ayora Sosa, pero ahora el alcalde Alfredo Fernández Arceo está despidiendo a todo el que tenga relación con el partido Morena, como un revanchismo político.

El hoy exempleado indicó que hace unos días de repente lo llamaron por el alcalde y le dijeron que estaba despedido por falta de presupuesto, pero los rumores de que sería dado de baja ya le habían llegado hasta que al final se hizo efectivo.

Amigos del afectado advierten “homofobia”

De acuerdo con comentarios de algunos amigos de Monforte Pérez su despido fue por cuestiones homofóbicas del alcalde, pero el afectado lo desmintió y dijo que no es cierto, pues solo le dijeron que ya no hay presupuesto.

Del mismo modo se sabe que ya fueron despedidos ocho empleados del Sapamv, quienes fueron contratados en la administración de la ex alcaldesa Tavera Escalante, además porque ya no hay cabida para los morenistas en esta administración.

Hace cuatro años y medio cuando fueron despedidos 30 empleados, de los cuales 15 de ellos regresaron meses después, pero el resto interpuso demandas y por meses se originó un proceso laboral, que finalmente ganaron los demandantes.

Sin embargo, para evitar pagar el laudo, se negoció con los ex empleados para que regresen a sus puestos, mismos que fueron ocupados en su momento por gente que se contrató cuando fueron despedidos los primeros, de modo que ahora la planta laboral se duplicó y están en proceso para dar de baja a más personas.

De acuerdo con los datos obtenidos los despidos continuarán, debido a que el alcalde tiene fuertes compromisos con la gente que lo apoyó durante su campaña política que hasta ahora no les ha podido cumplir justamente por el exceso de trabajadores en el Palacio Municipal y las dependencias municipales.

En Tizimín acumulan más demandas

Al Ayuntamiento tizimileño se le siguen acumulando demandas y juicios laborales por despidos injustificados de administraciones pasadas.

A pesar que actualmente hay 100 ex empleados que han ganado litigios y están en espera de que les paguen, se suman otros 104 que eran trabajadores del ex alcalde Mario González González y que apenas interpusieron sus demandas laborales.

Lincoln Palma Rodríguez, uno de los abogados más solicitados para llevar al cabo estos procesos legales, afirma que ya se deben cerca de 70 millones de pesos por juicios laborales ganados.

Incluso dice que en Yucatán, los ayuntamientos que más pasivos labores tienen son Kanasín y Tizimín.

En el caso del ayuntamiento tizimileño dijo que desde la pasada administración del ex alcalde Jorge Vales Traconis fue la última vez que se pagaron los laudos a un grupo de 15 ex empleados.

Detalla que en esa ocasión se promovió un recurso ante el Congreso del Estado de solicitar la  destitución del cabildo ante la falta de pago y debido a que llegaron hasta las últimas consecuencias se dio el recurso.

Suman 35 demandas organizadas

Según el asesor legal, hoy son  35 demandas organizadas en diferentes grupos haciendo un total de 104 actores que demandaron y que están en espera que en este febrero inicien los juicios.

Explica que son trabajadores que estaban en áreas de protocolo y logística, cultura, desarrollo rural, transporte, Protección Civil e incluso del DIF.

“Al asumir su cargo la nueva administración, los directores comenzaron a despedir gente y de ahí que nos busquen para interponer las demandas, incluso todavía siguen llegando, el viernes me localizaron por otro despido de una persona con más de 15 años de antigüedad”.

Según Palma Rodríguez, todavía el pasado 11 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación consignó a los anteriores miembros del cabildo de un ayuntamiento de Chiapas a fin que sean juzgados y sancionados por incumplir una sentencia de amparo.

Añade que no está muy lejano el día que también se comience aplicar en Yucatán y se haga válido la ejecución de sentencias.— WENDY UCÁN CHAN y JUAN ANTONIO OSORIO OSORNO