El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que el próximo lunes estrenará sede propia, terminó el 2021 con un total de 547 demandas, de las cuales 429 fueron resueltas con el 80% de las sentencias a favor de los ciudadanos que recurrieron a esta institución, contra sanciones y acciones de autoridades en su gran mayoría municipales, dijo ayer su magistrado presidente Diego Barbosa Lara.
“Estas sentencias emitidas a favor de los ciudadanos que denunciaron, significaron para ellos ahorros considerables porque les cancelaron multas de la Policía o municipales, o se les devolvió lo que les cobraron por estas sanciones o algún servicio indebidamente aplicado, entre otros asuntos”, afirmó el funcionario.
En cuanto a su nuevo edificio, anticipó que será más funcional y moderno, sobre todo en beneficio de los usuarios, quienes tendrán facilidades hasta para hacer trámites sencillos fuera de la sede, desde la calle.
Aunque, aclaró, persistirán los “cuellos de botella” que les evita emitir resoluciones más pronto. Algunas por sencillas que son, como las multas de la Policía, les pueden llevar hasta tres o cuatro meses, en denuncias contra funcionarios pueden tardar hasta dos años.
Entrevistado en su nueva sede luego de hacer un recorrido, el magistrado recordó que este tribunal antes era electoral, pero en 2017 con las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción lo convirtieron en una institución autónoma de justicia administrativa, donde se atienden asuntos de lo contencioso administrativo y la aplicación de responsabilidades a servidores públicos que incurren en faltas graves.
“Para dar una idea de lo que hacemos, aquí atendemos desde la inconformidad de la ciudadanía por multas de tránsito hasta denuncias contra servidores públicos, sean alcaldes, funcionarios estatales o municipales, Policía o la Fiscalía estatal, pasando en su gran mayoría por las inconformidades contra el impuesto predial, permisos de uso del suelo de la tierra, estas últimas muy frecuentes en el interior del estado”, comentó.
Denuncias
El presidente informó que, por ejemplo, en 2021 recibieron 547 denuncias de las cuales un 30% fueron asuntos relacionados con remoción y liquidación de elementos de cuerpos policíacos del Estado y municipios, un 20% son juicios relacionados con observaciones a la cuenta pública, principalmente a ayuntamientos, el 40% se trata de juicios relacionados con actos de autoridades municipales y del Estado, y un 10% son diversos temas.
El entrevistado precisó que de esas 547 denuncias del año pasado, 429 (78%) ya fueron resueltas, solo quedan pendientes 118 (el 22%). Trataron de resolverlas todas, pero tienen dos “cuellos de botella” que no les permiten avanzar con la celeridad que todos quisieran.
El principal es la falta de personal jurídico necesario y el segundo es la complejidad de los casos que se presentan, que demandan tiempo para su estudio y resolución.
Barbosa Lara comentó que muchas veces también se enfrentan a que los sentenciados se niegan cumplir la sentencia, la mayoría de estos casos se trata de autoridades municipales.
Respecto a su nuevo edificio, el magistrado comentó que después de 30 años de operar en un local rentado en la colonia Jesús Carranza, con inseguridades y riesgos de que les roben al pagar indemnizaciones de las sentencias, incomodidades que iban desde la falta de espacios para trabajar hasta tener que compartir dos baños para el personal, los litigantes y denunciantes, por fin ya no lo padecerán esto.
Mudanza
Como se recordará el pasado viernes 4 el Diario informó que, después de 30 años de pagar renta, a partir de este 14 de febrero el TJA estrenará sede propia en la que invirtieron durante los últimos dos años alrededor de cinco millones de pesos para su adecuación y equipamiento, en el predio número 117-A de la calle 17 entre 8-A y 10 de la colonia México Oriente.
El presidente precisó que se trata de un edificio que permutaron con el gobierno del Estado en un terreno de mil metros cuadrados, donde ahora tienen un estacionamiento y 800 metros cuadrados de construcción en dos plantas.
En él se distribuyeron las oficinas para los 52 trabajadores (50% mujeres y 50% hombres) incluyendo a los tres magistrados, y un espacio de 60 metros cuadrados para la atención pública.
El edificio cuenta con instalaciones adecuadas a las nuevas medidas sanitarias que exigen estos tiempos por la pandemia del Covid.
Afuera se instaló una banca de cemento de varios metros de largo, con un lavabo en el rincón en la calle junto a la entrada de salida.
Además, en todas las oficinas, corredores y hasta en el espacio de atención al público cuentan con ventanas que permiten el paso de corrientes de aire.