El informe 2021 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) reveló que de las 106 cárceles municipales, muy pocas ofrecen condiciones aceptables para mantener en custodia a los detenidos.
Se indicó que la infraestructura en mal estado e insuficientes recursos humanos caracterizan a los tres centros de reinserción social de la entidad (Tekax, Valladolid, Mérida) y al Centro Especializado en Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama).
Entre las irregularidades detectadas se encuentra la infraestructura carente de mantenimiento y equipamiento en los dormitorios y servicios sanitarios.
De igual manera, no cuentan con reglamento actualizado ni armonizado con la Ley Nacional de Ejecución Penal y falta personal de custodia y operativo, así como personal médico.
Deficiencias en cárceles
Infraestructura en mal estado e insuficientes recursos humanos caracterizan a los tres centros de reinserción social de la entidad y al Centro Especializado en Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama), según consta en el informe 2021 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
No obstante, estos centros penitenciarios tienen una calificación superior a la media nacional, lo que coloca a Yucatán en el sitio número 9 de los 32 estados del país, de entre las entidades que ofrecen a los internos condiciones más dignas donde purgar sus condenas.
De las 106 cárceles municipales, muy pocas ofrecen condiciones aceptables para mantener en custodia a los detenidos, además que en la gran mayoría no existen manuales de procedimientos y operación de las mismas.
Se realizaron 274 supervisiones durante 2021 con el fin de vigilar el respeto a los derechos humanos en los establecimientos del sector público estatal y municipal destinados a la detención preventiva, custodia, aplicación de medidas y reinserción social en asilos, albergues, hospitales, instituciones de salud y de asistencia social.
También en establecimientos estatales y municipales destinados al tratamiento, atención o internamiento de niños, adolescentes, personas con discapacidad psicosocial, con VIH o sida y personas en situación de vulnerabilidad.
Los recorridos de supervisión fueron en los centros de reinserción social en el estado (Tekax, Valladolid, Mérida) y el Ceama, a fin de verificar las condiciones de vida, el respeto a la integridad, dignidad, seguridad e igualdad de las personas internas privadas de su libertad, así como las condiciones de infraestructura y operaciones.
Se advirtieron las siguientes irregularidades.
1) Existe una infraestructura carente de mantenimiento y equipamiento en los dormitorios, servicios sanitarios, patios, áreas comunes y áreas de gobierno, que resultan necesarias para que las personas privadas de su libertad tengan una estancia digna.
2) No cuentan con reglamento actualizado ni armonizado con la Ley Nacional de Ejecución Penal.
3) Falta personal de custodia y operativo, personal médico, odontológico y de enfermería suficientes, no cuentan con personal psiquiátrico, especialistas en ginecología y carecen de medicamentos suficientes.
4) Faltan criterios de ubicación que permitan una mejor clasificación de las personas privadas de su libertad, acorde a su perfil de edad, tipo de delito que cometió, estado de salud mental o físico, grado de vulnerabilidad, tiempo de sentencias, entre otros.
5) No existe un programa de protección civil para los módulos ni para el interior de las celdas.
6) No hay programas para incentivar a los internos a que desarrollen alguna actividad laboral remunerada ni capacitación para ello.
7) No hay programas de capacitación suficiente para el personal directivo, técnico, jurídico, de seguridad y de custodia, sobre todo en materia de derechos humanos.
8) No tiene protocolos escritos para evitar la propagación del Covid-19.
9) Carecen de un registro de la población interna que padezca problemas de adicción a efecto de elaborar un diagnóstico que permita evaluar el problema y establecer acciones para la aplicación de tratamientos para su rehabilitación.
10) No se han llevado al cabo adecuaciones razonables que faciliten el acceso, el libre desplazamiento, y la estancia de las personas con alguna discapacidad física y psicosocial.
Diagnóstico
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realiza cada año un Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y aún no emite los resultados de las visitas realizadas a los Ceresos del estado en 2021.
Sin embargo, del resultado de 2020 se tiene que la calificación obtenida por los Ceresos yucatecos fue de 7.48, por encima de la media nacional que es de 6.48, ubicando a Yucatán en el lugar número 9 de los 32 estados.
—Cualquier medida preventiva de la libertad debe garantizar en todo momento la seguridad y condiciones de vida digna y la salud de las personas internadas en los Ceresos, a fin de que puedan desarrollar sus aptitudes y realizar actividades que les permitan una verdadera reinserción.
—Por ello, se hace un llamado a las autoridades penitenciarias a seguir trabajando para una verdadera reinserción social de las personas privadas de su libertad.
Sobre la supervisión del Ceama, se encontró una infraestructura carente de mantenimiento y que su reglamento interno no se encuentra armonizado a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Tomando como base el último informe de la CNDH sobre este tema en el ámbito nacional, los Ceresos de Yucatán ubican al estado en el lugar número 9 de entre las entidades que mejores condiciones ofrecen en esos espacios, con una calificación general de 7.48.
Se encuentra por debajo de Querétaro, que tuvo la calificación más alta con 8.47; Tlaxcala, 8.10; Ciudad de México y Nuevo León empatados con 8.06; Guanajuato, 8.04; Coahuila, 8; Baja California 7.60 y San Luis Potosí, 7.49.
Con la finalidad de verificar las condiciones en que se efectúan los arrestos, las condiciones de estancia y permanencia de esas personas, así como las medidas de prevención y atención de contagios por el Covid-19, se realizaron visitas de supervisión a las 106 cárceles municipales, así como a la cárcel de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Según el informe, las cárceles municipales con mayores deficiencias fueron las de Chankom, Chapab, Cuzamá, Dzan, Dzitás, Halachó, Homún, Izamal, Kopomá, Maní, Mayapán, Santa Elena Tahdziú, Teabo, Tecoh, Tekit, Tepakán y Ticul.
Las mejores condiciones de infraestructura se observaron en las cárceles de Buctzotz, Kanasín, Mérida, Tekax, Tizimín, Umán, Valladolid y la propia SSP.— Emanuel Rincón Becerra