Desde ayer entraron en vigor las reformas a la Ley del Notariado del Estado, en las que se establece que aumentarán de 100 a 154 las notarías públicas en Yucatán, que se cubrirán con las listas de aspirantes por orden de prelación y de examen por oposición, pero no se informa qué pasará con aquellas donde a quien se le asigne decida no ejercerla por ser funcionario público.
El gobierno del Estado informó que el pasado miércoles se publicó en el Diario Oficial del Estado el decreto por el que se modifica la Ley del Notariado de Yucatán, y entro en vigor ayer, con el cambio a la fracción I al artículo 6 de esta norma, para quedar como sigue:
Población del Estado y tendencias de su crecimiento, no debiendo superarse la proporción de un notario público por cada 15,000 habitantes, de conformidad con las cifras oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda.
Haciendo cuentas esto significa que las notarías aumentarán de 100 a 154 en la entidad, pero entre los aspirantes se encuentran lo menos siete funcionarios públicos, como el secretario de Fomento Económico y del Trabajo, así como un comisionado del Instituto de Acceso a la Información entre otros, por lo cual se preguntó al gobierno del Estado:
¿Qué pasará con los funcionarios que pueden ser notarios, dejarían sus cargos para ejercer o pedirían licencia para seguir en sus puestos?
A lo que respondieron: “los servidores públicos tendrán que apegarse a la normativa vigente que señala la incompatibilidad de su cargo con el ejercicio del notariado, salvo algunas excepciones señaladas en la misma, o bien cuando el notario obtenga una licencia para separarse de su función notarial, conforme a lo establecido en el artículo 64 de dicha normatividad”.
Sobre los servidores públicos que aparecen en listas de prelación y oposición, se añadió que hay que aclarar que en Yucatán es el Consejo de Notarios, el cual no depende del gobierno estatal, quien practica los exámenes para todos los aspirantes a tan importante distinción.
Es ante este Consejo que los aspirantes se inscriben, señalaron. La mayoría de ellos tiene entre 10 y 15 años en una lista de espera para una patente de notario y para estar en ella tuvieron que pasar una serie de exámenes y tomar cursos cada año para permanecer actualizados, incluso antes de ser servidores públicos.
“Cualquier abogado que pase sus exámenes y realice sus cursos tiene derecho a estar en dicha lista la cual lleva un orden de antigüedad”.
Se preguntó también si en el caso de que los funcionarios siguieran en su cargo público, ¿se cerrarían las nuevas notarías que les den, funcionarían con suplentes? Y si es esto último, ¿de dónde los sacarían, porque ya no hay más aspirantes que los 54 nuevos que entrarán?
En el gobierno dijeron que “conforme a la normativa los notarios tienen derecho a solicitar y obtener del Ejecutivo del Estado licencia para estar separados de su cargo hasta por el término de un año, renunciable”.
Pero no respondieron de donde sacarían los suplentes, y se insistió en cómo se elegirían.
“En los casos de separación de los notarios, por licencia o suspensión, el Ejecutivo del Estado al conceder aquella u ordenar ésta a propuesta del Consejo, designará notario que se haga cargo interinamente de la notaría de que se trate”, añadieron.
De nuevo no respondieron de dónde sacarían a los suplentes, si al entrar los 54 que faltan ya no hay más aspirantes en espera de una notaría.