El diputado Gaspar Quintal Parra, coordinador de la bancada del PRI, propuso que “en forma expresa se determine la autonomía presupuestaria del Poder Judicial del Estado, garantizando los principios de imparcialidad e independencia”.
Considera fundamental garantizar la no intromisión, dependencia y subordinación de un Poder del Estado a otro.
La determinación del presupuesto, recalcó, le debe corresponder de forma exclusiva a cada Poder público, conforme lo establecen diversas jurisprudencias y sentencias de la Suprema Corte de Justicia.
También propuso que sean 13 las magistraturas del Tribunal Superior en lugar de las 17 que propone el gobernador Mauricio Vila Dosal en su iniciativa de reformas.
Además, el PRI propone la ampliación de los juzgados de primera instancia.
El priista explicó que la erogación de 17 magistraturas tendría un costo de 2 millones 268,391.6 mensual, y de $27.220,699.20 anual, lo que representa un aumento de $9.607,305.6; es decir, en un 35% aproximadamente con las seis magistraturas adicionales, que conocerían en un ejercicio de prorrateo 118 casos.
Recordó que en el Informe de Actividades del Poder Judicial de 2020, se informa que en primera instancia se iniciaron 18,060 asuntos y se concluyeron 14,276, que incluye asuntos iniciados en años previos, lo que en promedio por juzgado es de 311 que conocieron, y una eficiencia en la resolución de 246.
En segunda instancia, e decir, con los magistrados, se conocieron 2,008 asuntos nuevos y en total fueron 1,164 expedientes concluidos.
Las estadísticas presentadas en la propia iniciativa y las relacionadas con anterioridad, dan cuenta del déficit de jueces, indicó Quintal Parra.
El diputado afirmó que los jueces son quienes tienen un papel activo para potenciar el acceso a la justicia de las y los habitantes del Estado. En esa primera instancia se dirimen de primera mano los conflictos y se les da solución.
El priista destacó que hay jueces civiles, familiares, mercantiles, penales, de ejecución penal, de justicia penal para adolescentes y en breve laborales, y es donde estadísticamente se requiere un mayor número de funcionarios judiciales.
Por eso proponen que el aumento de las magistraturas sea únicamente de dos y quedar con 13, como en Sonora, Tabasco y Quintana Roo, que se asemejan a Yucatán por su censo poblacional.
Asimismo, consideró que el Consejo de la Judicatura debe contemplar la creación de nuevos juzgados de primera instancia, su ubicación y la materia o materias de las que deban conocer.