Hacer frente a las amenazas del cambio climático y la delincuencia organizada que afecta al medio ambiente es uno de los objetivos del Encuentro de Alto Nivel rumbo a un “Plan de Acción para prevenir y combatir los delitos que afectan al ambiente en la Península de Yucatán”, que desde ayer se lleva al cabo en la Universidad Anáhuac Mayab.
Organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito (Unodc) México, el acto inaugural estuvo encabezado por Kristian Hölge, representante de la Unodc México; el maestro Miguel Pérez Gómez, rector de la Anáhuac Mayab; el alcalde Renán Barrera Concha y Karen Aguirre Bates, directora jurídica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en representación del gobernador Mauricio Vila.
También estuvieron Francisco Miguel Aranda Gutiérrez, comandante de la 32a. Zona Militar; Juan Francisco Loya Chávez, coordinador de la Estrategia Ambiental Contra la Tala Ilegal de la Semarnat; Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, A.C.; la diputada Pilar Santos Díaz y Absalón Álvarez Escalante y Vanessa Cárdenas Zanatta, director de la Facultad de Derecho y coordinadora de Relaciones Internacionales de la Anáhuac Mayab, respectivamente.
Consecuencias
En su mensaje Kristian Hölgue dijo que el mundo actual padece las consecuencias de los delitos ambientales como tala de bosques, tráfico de especies y explotación de recursos naturales que son cometidos en gran medida por la delincuencia organizada, causando severos daños al medio ambiente y desequilibrio en el ecosistema.
Además, señaló que de 2018 a 2019 se registraron casi seis mil denuncias en el país por delitos contra el medio ambiente, y que en 2020 se perdieron 300 mil hectáreas de bosque en la República Mexicana, lo que equivale a casi dos veces el tamaño de Ciudad de México.
Aseguramiento
También mencionó que tan solo en 2020 la Profepa aseguró más de 33,000 animales y que la guacamaya, el perico, el tucán y el mono araña son las especies más traficadas.
“Ante este escenario la justicia y la aplicación de la ley deben ser consideradas como herramientas claves para proteger nuestro medio ambiente”, resaltó. —Jorge Iván Canul Ek
Al hacer uso de la voz, Karen Aguirre Bates informó que el último año en Yucatán se atendieron 431 denuncias, entre ellas por tala de manglar, tala forestal y comercio de especies protegidas.
En su turno, el alcalde Barrera Concha comentó que es importante visibilizar el tema de los delitos ambientales, pues hay personas que no saben que matar un animal o cortar un árbol es delito.
Luego mencionó que en 2019, desde las tres unidades de conservación de vida silvestre del Ayuntamiento, se liberaron 25 ejemplares que habían sido recuperados por las autoridades.
Después de la inauguración se llevó al cabo la primera mesa de trabajo “Investigación multidisciplinarias en delitos que afectan al ambiente y su relación con la delincuencia organizada trasnacional”.
El programa también consideró mesas de trabajo sobre derechos humanos y delitos económicos; criterios para la determinación de delitos judiciales y función resarcitoria en casos de Responsabilidad Penal por Daño Ambiental, y México frente al cambio climático.
El encuentro continuará hoy martes a partir de las 10 de la mañana en un hotel de la avenida Colón con la presentación de Jaime García Soberanis, funcionario de la Profepa, quien hablará sobre la situación del tráfico ilícito de la vida silvestre en México.
Asimismo, está programada una presentación de los ayuntamientos de Mérida y Colima con el tema “Prioridades y buenas prácticas a nivel municipal en temas ambientales en el marco de ciudades sostenibles”.