Cambios sustanciales para mejorar el acceso y los procesos de atención, así como para proteger a la víctima, la inclusión de manera expresa como posibles víctimas de agresión o discriminación de la comunidad Lgbtiq+ y la posibilidad de que menores de edad puedan seguir un proceso de queja, sin la necesidad de que los tutores lo autoricen, son parte de lo que incluye la propuesta de “Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia basada en el género y la discriminación en la Universidad Autónoma de Yucatán”.

Como se dio a conocer, el martes pasado en sesión del Consejo Universitario, la alumna Mónica Huerta Ordóñez, consejera alumna de la Facultad de Ingeniería, presentó en representación de sus demás compañeros el citado protocolo, que presenta cambios importantes en la manera de realizar las quejas, el tratamiento y seguimiento de éstas.

Ayer por la tarde un grupo de alumnas y alumnos, así como representantes de diversas asociaciones que colaboraron en la realización del protocolo, dieron a conocer detalles de éste y del porqué de la importancia de que sea aprobado por el Consejo Universitario.

Uady sin acoso: del papel a la realidad

Ana María Ramírez Jiménez, representante de Uady sin Acoso, recordó que desde hace tres años cuando se fundó la agrupación, comenzaron a promover la realización de un protocolo contra la violencia, y fue así como se enteraron que la Universidad tenía un proyecto de protocolo, que luego de la presión por un caso de acoso registrado en la institución, se aprobó el 4 de junio de 2019, y se actualizó en 2021.

Sin embargo, consideran que el contenido del documento, según se fue analizando, no es funcional ni práctico, ni protege a la víctima, por lo que se recurrió a otras asociaciones que apoyaron en la realización de una propuesta de proticolo0 que la que presentaron el martes pasado.

Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de Unasse, una de las agrupaciones que colaboró en la realización de la propuesta del protocolo, apunta que el documento que en su momento aprobó la Uady es muy largo y no protege a las víctimas, por lo que en esta propuesta buscaron que fuera concreto, práctico y útil, así como cambiar algunos conceptos que tiene el protocolo actual que ya están obsoletos y mencionó otras inconsistencias que se corrigieron en la nueva propuesta.

María Paula Balam Aguilar, codirectora del Centro para la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi), otra de las agrupaciones que colaboraron, expresó que una de las cosas que llampo la atención es que Uady sin Acoso registró 500 quejas de violencia y acoso sexual en la universidad, pero de éstas solo 15 iniciaron un proceso acorde al protocolo vigente, lo cual llama mucho la atención y sienten que es por la poca practicidad del documento, y también por las experiencias vividas por parte de quienes denuncian, ya que no se protege a la víctima.

Precisa que en 2021 sólo se tuvieron oficialmente dos quejas en la Uady, pero saben que son muchas más, lo que muestra que ha ido descendiendo el número, por la forma en la que se llevan los procesos.

Cambios en el protocolo de Uady sin acoso

De ahí que la propuesta de protocolo presentada contenga cambios sustanciales, al contemplar, por ejemplo, la reparación integral del daño a la víctima, y no sólo un castigo al agresor; contemplar la violencia digital, que si bien no se excluye en el protocolo vigente, no ese expresa de manera contundente como en la propuesta; se agregó también de manera explícita a la comunidad LGBTIQ+ como posibles víctimas de discriminación o acoso, lo cual no se contempla en el protocolo vigente; y se señalan medidas de protección a las víctimas a lo largo del proceso, para que no se vean afectados en diversos ámbitos, como el académico, ya que se ha visto que en muchos casos acaban dándose de baja porque tienen miedo del agresor, a quien no se pone límites puntuales o se privilegia, como por ejemplo, se cambia de salón a la víctima, cuando al que se debe cambiar es al agresor.

Otro cambio importante en la propuesta de protocolo es la posibilidad de que las víctimas menores de edad, en el caso de quienes cursan la preparatoria y no han cumplido los 18 años, puedan poner una queja y seguir un proceso, incluso si no tienen la autorización del tutor legal como dice el protocolo actual, bajo la premisa del interés superior de la niñez, pensando que algunos padres o tutores pueden no querer que sus hijos denuncien por sus propios prejuicios.

La propuesta debe ser estudiada por la Comisión Legislativa Permanente del Consejo Universitario, integrada por directores, maestros y algunos estudiantes, quienes deben emitir un dictamen a favor o en contra, para luego pasarlo al pleno del Consejo Universitario y los integrantes emitan la votación final.

Confían en que los directores, maestros y consejeros alumnos den el visto bueno a esta propuesta, con el fin de acabar con la violencia y acoso al interior de la Universidad.