Los candidatos de las ternas enviadas por el Ejecutivo del Estado para elegir magistrados del Tribunal Superior de Justicia no cumplen los requisitos constitucionales y legales, afirmó el diputado Rafael Echazarreta Torres, de Morena.
“No son idóneos, a pesar de que la mayoría en el Congreso diga lo contrario y los pasen para seguir el proceso de nombramientos”, reiteró el legislador.
Por estas ilegalidades, añadió el morenista, se podrían presentar recursos legales en contra del proceso, como ya se han presentado algunos amparos, y propiciar un revés al Congreso del Estado.
“Todavía se está a tiempo de evitar esta vergonzosa situación para el Poder Legislativo no aprobando las ternas en el pleno y menos elegir de entre estas a magistrados y magistradas, como se pretende hacer”, recalcó.
“Por eso mañana miércoles insistiremos en la sesión extraordinaria en que no son idóneos, que no se apruebe y menos se proceda a elegir a magistradas y magistrados”, agregó.
El pasado viernes, en la sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación con la de Justicia y Seguridad Pública del Congreso, el diputado presentó un análisis de cada candidato y expuso por qué en su opinión no cumplen los requisitos.
Echazarreta Torres remarcó que prácticamente todos los candidatos a magistrados son empleados del gobierno del Estado y hay quienes hasta tienen una relación afectiva con el Jefe del Ejecutivo Estatal.
Según refirió, salvo José Alonso Guzmán Vega, los candidatos no tienen carrera judicial.
En el análisis que hace de cada uno de los aspirantes de las últimas ternas, el diputado afirmó que Giovana Solís Cruz no tiene carrera judicial ni práctica en justicia para adolescentes.
Joaquín Cardeña Sánchez tampoco tiene carrera judicial, es subdirector de la Secretaria de Salud en el Estado desde 2018, con 784 horas de una especialidad en el sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, igual que la anterior, 12 horas de curso de derechos de adolescentes en el sistema judicial, sin práctica en justicia para adolescentes.
Exdiputada
Sobre Patricia Gamboa Wong también indicó que carece de carrera judicial, fue diputada del PAN de 2007 a 2010, fungió como funcionaria en el ayuntamiento y gobiernos panistas, dice tener práctica en justicia para adolescentes aunque solo en materia familiar, y, dijo, es quien se perfila para ser magistrada.
De Lucy Carolina Guillermo Alcocer también indica que carece de carrera judicial, y es directora de la Unidad de Asesores de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado.
Grety Rubí Cerón Llanes, añadió, tampoco tiene carrera judicial, y es directora de Vinculación Institucional en la Consejería Jurídica.
Silvia Bolio López, sin carrera judicial, trabaja en el gobierno y recibe órdenes directas de la administración estatal; Alejandro Rosado Novelo, sin carrera judicial, trabaja en el gobierno y recibe órdenes directas de la administración estatal, y Carolina Canto Valdés, quien se presume será la elegida para sustituir a Ricardo Ávila Heredia, también sin carrera judicial y sin ninguna experiencia de conformidad con el currículum entregado a la comisión, indicó.
Otros aspirantes, como Moisés Canul Carrillo, dijo Echazarreta, tampoco tiene carrera judicial, es defensor general del Estado; José Alonso Guzmán Vega se puede considerar con carrera judicial, pues fue escribiente técnico del juzgado de defensa social (juzgado penal) 1997-1998, pero es director jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.
Por estas razones públicas y evidentes ninguna y ninguno de los integrantes de las ternas son idóneos para ser magistrados, no cumplen sobre todo con el requisito de independencia, afirmó el diputado.
Para sustentar lo que afirma, citó el artículo 116 fracción III de la Constitución Mexicana, donde se establece que los magistrados del Poder Judicial de los Estados deberán garantizar independencia y profesionalismo.
Esto quiere decir, dijo, que los candidatos a ocupar este cargo deberán ser personas que en el desarrollo de su trayectoria no se desprenda subordinación u obediencia a quien lo propone.
Además, añadió, el artículo 66 de la Constitución de Yucatán señala que las propuestas para ocupar el cargo de magistrada o magistrado del Poder Judicial deberán (como obligación y no como posibilidad) considerar a personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la procuración o impartición de justicia o en la carrera judicial.