A seis años del inicio de diversos procesos de organización y resistencia en contra de la industria porcícola, y tras exigir la comparecencia de las autoridades encargadas de cuidar los bienes naturales, comunidades mayas de Yucatán lograron que el gobierno federal, por medio de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, se comprometa a respetar la voz del pueblo afirmando que no otorgará ni un permiso más para el establecimiento de megafábricas de cerdos en el estado, indica el grupo Indignación en un boletín.
El 13 de julio de 2021, Kinchil fue epicentro de un proceso de autoconsulta donde las comunidades mayas de ese pueblo, San Fernando y Celestún dijeron “No a las megafábricas de cerdos en nuestro territorio”.
En el encuentro representantes de ocho comunidades mayas afectadas por la actividad porcícola expusieron los impactos que esa industria causa a su territorio y recursos naturales y lo reiteraron, tanto a la titular de Semarnat como a la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), del Estado, también presente en la reunión.
Al inicio del encuentro, uno de los integrantes del Consejo Maya del Poniente Chik’iin ja’ mencionó que se tiene que respetar el derecho a la libre determinación del pueblo maya y aquellas autoridades que no estén dispuestas a respetar dicho derecho, se pueden dar la vuelta.
Despojo de tierras en Yucatán, también por megagranjas
Posteriormente, y mediante los diferentes testimonios, los representantes de los pueblos mayas de Homún, Kinchil, Celestún, San Fernando (Maxcanú), Chapab, Yaxkukul, Chablekal y Uayalceh expusieron el despojo de tierras que han enfrentado para la construcción de estas mega-fábricas.
También por la violación cometida por todas las autoridades municipales, estatales y federales al otorgar permisos sin su consentimiento, la constante aprobación de las manifestaciones de impacto ambiental sin rigor científico, los impactos que ha generado esta industria que ha deforestado sus montes, contaminado sus bienes naturales como los cenotes y afectado sus prácticas culturales.
Uno de los reclamos principales fue la falta de acción diligente de las autoridades ambientales ante las constantes denuncias de los pueblos, situación que contrasta con el trato preferencial que le han dado a los empresarios porcícolas, así como la violación a su derecho a la libre determinación.
Acusan al gobierno de Yucatán de corrupción con empresas porcícolas
De manera particular, los representantes mayas reclamaron enérgicamente a la SDS la colusión que el gobierno del Estado ha tenido con las empresas porcícolas, específicamente con la empresa Kekén; y el racismo que ha manifestado hacia los pueblos que en forma constante han alzado la voz exigiendo el respeto a sus derechos y el cierre de las fábricas de cerdos que afectan su territorio.
Se recordó que en noviembre de 2020 personas de más de 20 comunidades de la península de Yucatán denunciaron distintas afectaciones ambientales ante instituciones federales como el Consejo Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), la Semarnat, y en el ámbito estatal ante la SDS, sin que hasta la fecha se tenga información sobre estas denuncias.
En la reunión estuvieron presentes representantes de esas dependencias.
Los pueblos de Kinchil, San Fernando (Maxcanú), y Celestún recordaron que en julio de 2021 realizaron una consulta autónoma para decidir sobre la permanencia de las mega-fábricas de cerdos en su territorio.
En este proceso organizativo, como lo hiciera el pueblo de Homún en 2017, invitaron a las autoridades ambientales de todos los niveles de gobierno para que proporcionen la información relacionada con la actividad y los impactos generados por las mega-fábricas porcinas que operan en sus territorios.
En ambos casos la respuesta fue el silencio, ya que ninguna de ellas se presentó.
¿Cuál es el impacto ambiental de las megagranjas?
Otros pueblos expresaron su preocupación ante las diversas afectaciones ocasionadas por Grupo Porcícola Mexicano (Kekén), las cuales van desde malos olores hasta la contaminación al agua, las abejas y en general al campo.
Este espacio fue posible gracias al encuentro de los pueblos, mismos que se han ido tejiendo y encontrando en torno a una misma causa que los une: “Que respeten nuestros derechos como pueblo maya”.
Los pueblos mayas organizados lograron que la titular de la Semarnat se comprometa a no otorgar ningún permiso más a las mega-fábricas de cerdos.
Además, la funcionaria federal se comprometió a revisar las Manifestaciones de Impacto Ambiental otorgadas a las mega-fábricas, a garantizar la participación de las comunidades en la determinación de sus ordenamientos territoriales y a coadyuvar en la realización de estudios y análisis sobre la calidad del agua en aquellos territorios mayas afectados por la industria porcina.