Son varias las tareas que debemos considerar necesarias para el desarrollo integral de nuestro país. Es decir, bienestar para todo el hombre sobre la base de una recta concepción de su dignidad, y para todos los hombres de manera justa y solidaria.
Lo que hay que evitar es la pasividad frente al embate de ideologías que traen un retroceso primeramente en lo espiritual y en segundo lugar en lo material de la mayoría de las personas.
Detrás de la corrupción, de la impunidad, de la inseguridad, del distanciamiento de la ruta del bien común a que se compromete, de acuerdo con la Constitución, todo gobierno, está la codicia de dinero y de poder que pasa por encima de la dignidad humana y el Estado de Derecho. Conducta lamentable que se repite a lo ancho y largo de México. Yucatán no es la excepción.
Aquí en nuestro Estado hay tantas cosas por rectificar y hacer mejor que han quedado relegadas en la agenda de muchas autoridades y que nosotros los ciudadanos tenemos la obligación moral de exigir al gobernante que cumpla por razones de bien común. La soberanía reside en el pueblo y los ciudadanos debemos velar porque esta verdad plasmada en la constitución se cumpla.
Hemos optado por comenzar dando nuestro punto de vista para que se corrija de manera integral una crisis financiera generada por un evidente abuso de poder, de gobiernos a nivel estatal, anteriores al actual, que no de todos, con relación a la misión del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), creado para cumplir con eficiencia la seguridad social de los servidores públicos en activo y jubilados.
Es imperativo que se haga justicia con relación al quebranto económico del ISSTEY, que afecta a miles de personas, ya que hubo un mal manejo de los fondos que se generaron de las cuotas que pagan los funcionarios públicos, a pesar de tener definido su importantísimo destino.
El actual Gobierno del Estado no es quien generó el desfalco y está ofreciendo soluciones a la cuestión. Sin embargo, dada la solución propuesta cabe preguntarse: ¿es justo que los propios funcionarios públicos sean los que terminen solventando de su sueldo, con un gran incremento en sus cuotas al ISSTEY, un dinero que malversaron las autoridades responsables? ¿Es equitativa la nueva ley relacionada con esta institución?
Los mecanismos para fincar responsabilidades pueden coadyuvar en la recuperación de los recursos desviados y con éstos suprimir los incrementos de las cuotas aprobadas. El procurar la restitución de fondos sustraídos debió anteceder a cualquier propuesta de solución.
Hay responsables en cuanto a la administración del erario y leyes que deben aplicarse para procurar que no se desvíen fondos para uso ilícito y para que éstos se restituyan. Dada la facilidad con que se disponen de fondos del erario etiquetados para fines e instituciones específicos se deben poner candados jurídicos efectivos para que esto no vuelva a suceder. Ha sucedido con otros casos como los fondos para hospitales en el interior del Estado.
Es imperativo evitar que se siga favoreciendo la impunidad, aunque traiga inconformidad y amenazas de todo tipo, sobre todo de índole política, de los responsables. Por encima de todo, la brújula del gobernante en su quehacer es procurar el bien común de la sociedad por encima de los intereses personales o de partido.
Es alentador el despertar ciudadano con relación a controlar a sus gobernantes para que sus acciones de gobierno sean para favorecer el bienestar del pueblo. Ahora es el ISSTEY que ha avivado una mecha que ya humeaba en cuanto a participación ciudadana. Esto es una verdad indiscutible si queremos que nuestra patria avance para bien de todos.
Estamos comprometidos en contribuir al crecimiento de una democracia participativa sustentada en principios y valores ético sociales. Así lo iremos haciendo, principalmente, desde la dimensión de la sociedad civil organizada, motor de cambio hacia la madurez política, económica y social de nuestro Estado y por ende de México.- Comunicado de prensa de la Federación de OSC de Yucatán (FOSY)