Ya solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) la remoción de todos los consejeros, consejeras y dos funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (Iepac).
Los acusan de negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones en el manejo de la solicitud de referéndum y someter a consulta la nueva Ley de Seguridad Social del Estado, conocida como la “Ley Isstey”.
Luis Alvarado Díaz, vocal presidente de la Junta Local del INE en la entidad, confirmó que el pasado viernes la representación del partido Morena en Yucatán presentó esta solicitud de remoción, dirigida al secretario ejecutivo en Ciudad de México, para hacerla llegar a la Unidad de lo Contencioso, trámite que ya iniciaron.
Trascendió que mañana lunes organizaciones de derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) también acudirán al INE a solicitar la remoción de Moises Bates Aguilar y de Armando Valdez Morales como presidente y secretario ejecutivo del Iepac por los mismos motivos que expuso el partido Morena.
Más adelante podrían sumarse otros partidos con la misma petición.
¿Quiénes son los consejeros señalados?
En cuanto a la solicitud presentada por Morena, se informó que se pide la remoción de todo el Consejo Electoral del Estado, integrado por Delta Alejandra Pacheco Puente, Alicia del Pilar Lugo Medina, María del Mar Trejo Pérez, Jorge Vallejo Buenfil, Alberto Rivas Mendoza, Roberto Ruz Sahrur y su presidente Bates Aguilar.
También solicitan que sean destituidos de sus cargos Valdez Morales y Danni Israel Och Góngora, este último como director ejecutivo de organización electoral y participación ciudadana.
El reclamo principal que hacen los solicitantes es el incumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de participación ciudadana, concretamente en las relacionadas con el referéndum.
Añaden que la causa grave depende también de la dilación del secretario ejecutivo, por acción y por omisión al tramitar la solicitud de referéndum presentada por diversos ciudadanos el pasado 21 de julio, con lo que se dio ventaja al Congreso del Estado para remitir su minuta de ley al Ejecutivo, el cual aprovechó para ratificar y publicar la Ley de Seguridad Social, lo que causó un daño irreparable a la ciudadanía yucateca.