La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, y otras tantas instituciones y personas se han manifestado a favor de defender la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) que la iniciativa de reforma electoral que promueve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende convertir en Instituto Nacional de Elecciones y Encuestas, con fuerte dependencia del Ejecutivo.
Coparmex en defensa del INE
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la reforma electoral que pretenden el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena representa un “retroceso de años” en la vida democrática del país y pone en riesgo la imparcialidad del árbitro electoral. También se arriesga la autonomía de los organismos electorales y su independencia para tomar decisiones en estricto apego a la ley.
“A los mexicanos nos tomó poco más de 30 años construir un sistema democrático confiable, con organismos ciudadanos autónomos e independientes como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), que garantizan que nuestra voluntad sea escuchada, se tome en cuenta y se respete”.
“Todas las decisiones del INE son revisadas o revisables por el Tepjf; por tanto, no se apegan a la verdad las versiones de que los consejeros electorales toman decisiones sin rendir cuentas, pues lo hacen ante el tribunal y ante los ciudadanos, siendo una de las instituciones que cuentan con más amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional”.
“En Coparmex defendemos a la institución que es la que debe prevalecer. El INE es de todos y es nuestro deber ciudadano defenderlo y respaldarlo”, dijo su presidente José Medina Mora.
José Woldenberg por el INE
El ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, aseguró que la iniciativa de reforma del presidente López Obrador es absolutamente regresiva y pretende “de nuevo alinear a las autoridades electorales a la voluntad presidencial”.
Woldenberg publicó un artículo con 14 puntos en los que explica por qué no debería aprobarse la reforma propuesta por el Presidente, entre los que destaca:
“Pretende acabar con la autonomía del INE y alinear al Instituto a la voluntad presidencial. Al acabar con los institutos y tribunales locales se desconoce que somos una república federal, pero que además con los recursos materiales, financieros y sobre todo humanos con los que cuenta el INE, éste no se podría hacer cargo de las elecciones locales. Se quiere quitar al INE la confección del padrón, para entregárselo (imagino) a la Secretaría de Gobernación. A diferencia de las ocho reformas aprobadas desde 1977, ahora el motor de la misma no son las exigencias de los opositores, sino los deseos del presidente”.
El Episcopado Mexicano ve un agravio en la democracia
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su más amplio reconocimiento “a la importante labor que realizan en la vida democrática del país el Instituto Nacional Electoral (INE) y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf)”.
La CEM explicó que “se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y, en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos, ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales (generales o locales) justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular”.
“Desde su fundación, el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales, y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal”.
La Conferencia del Episcopado Mexicano también reconoció que “todas las instituciones y las leyes son perfectibles, todo proceso puede siempre mejorar, como de hecho ha venido sucediendo con el Instituto Federal Electoral (IFE) de la primera etapa, y el Instituto Nacional Electoral (INE) actualmente”.
Sobre la reforma promovida por López Obrados expresó su “franca preocupación” por el impulso que se da a la “Reforma Constitucional en materia Electoral” que, “por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.
“La defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por ello decimos junto a millones de voces: no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”.
Sergio aguayo
De acuerdo con el periodista Sergio Aguayo: “Es insuficiente con defender al INE y al Tribunal Electoral. Tenemos que fortalecerlos para contener el uso de recursos ilegales, frenar la participación criminal en los comicios y garantizar la participación de la sociedad en los asuntos públicos”.
“El presidente se está equivocando al no escuchar opiniones que reflejan los vientos de la historia. De acuerdo con Reforma, el 80% de la población considera que el INE ha sido importante para la transición; El Financiero registra que el 68% de la población aprueba lo hecho por el instituto. En tanto, la aprobación al presidente se estanca en un 56%. Si termina imponiendo su voluntad, vencerá, pero no convencerá”.
Colaboradores de Megamedia en opinión a la reforma electoral
Colaboradores de esta casa editorial también han puesto bajo análisis la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador y estas son algunas de sus posturas:
Flor Estrella Santana – Editora de la sección Yucatán de Diario de Yucatán
Si se aprueba la reforma electoral, México perderá la obligación legal de darle dinero de los impuestos a los partidos para sus actividades ordinarias, solo les dará para las campañas; también perderá la obligación de mantener a 500 diputados y 128 senadores (serán 300 diputados y 96 senadores), ya no tendrá diputados y senadores de mayoría y plurinominales, solo de listas votadas en cada entidad.
Dado que según el Censo más reciente México tiene 126.014,024 habitantes, habría un diputado por cada 420,046 pobladores y un senador por cada 1.312,646 vecinos, así a Yucatán, que tiene 2.320,898 habitantes, le correspondería cinco diputados federales (la misma cantidad que tiene ahora por mayoría de votos) y uno o dos senadores (hoy tiene dos por mayoría de votos). Además se perderá la obligación de ley de sostener al Iepac. Por ejemplo, Yucatán en 2020 (que no fue año electoral) destinó $6.422,951 a los partidos para actividades específicas, 102.767,212 a partidos para actividades ordinarias y 44.043,091 a partidos para obtención del voto ($153.2 millones en total), más $362 millones a operación y administración del Iepac. Si se aprueba la reforma la entidad que tenga menos de un millón de habitantes por ley puede tener máximo 15 legisladores estatales, de ahí aumenta un diputado por cada medio millón de pobladores, así Yucatán tendría solo 17 diputados, en vez de los 25 de ahora y de los 35 que el Congreso se autoaprobó recientemente para elegir en 2024; en el caso de los cabildos, el máximo será de nueve regidores; ahora el de Mérida tiene 19 y el de Progreso, 11, por mencionar algunos.
En cuanto a la democracia, el ciudadano con credencial de elector tendrá más voz porque con su voto elegirá además a siete consejeros electorales y a siete magistrados de la Sala Superior del Trife, ya no los partidos que estén en el Congreso de la Unión. Asimismo, México tendrá una sola ley electoral para aplicar en todo el país, como en otros ámbitos de nuestra vida civilizada, como el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Mando Único en materia de Seguridad Pública; desde hace años en el Congreso de la Unión existe la iniciativa para un Código Nacional Penal, pero aún no se aprueba, por eso hoy hay diferentes penas para un mismo delito, como el homicidio, según la entidad donde uno viva.
Para mejorar al INE, si se aprueba la reforma habrá que asignarle dinero, personal y recursos para organizar también las elecciones locales y las consultas, entre ellas las de revocación de mandato. Lo mismo se deberá hacer con el Trife, que tendrá que resolver todas las impugnaciones que resulten de cualquier elección: darle los recursos que ya no ejercerán los tribunales electorales estatales.
La reforma actual atiende demandas ciudadanas, como reducir la carga económica que representan los partidos, los legisladores y la misma burocracia electoral que suele duplicar labores; lo que le falta es así como límita la cantidad de legisladores y regidores, es poner tope a los salarios de ellos en todo el país, como se hace con la mayoría de trabajadores cada año, a través de la lista de salarios mínimos que se autoriza según el oficio o profesión.
Javier Caballero Lendínez – Gerente de Medios Comerciales de Grupo Megamedia
Si hay una reforma que se estaba anunciando casi de soslayo desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder es la electoral. El actual presidente ganó gracias a esta, pero no olvida las, según él, afrentas de 2006 y 2012. Y como de rencor basado en teorías sacadas de la manga y sin fundamento más allá del simple rumor y la presión mediática, este presidente sabe mucho, era de esperarse este giro en el tema electoral.
El titular del ejecutivo federal no está solo en esta batalla contra la democracia. Porque de eso se trata, de una batalla frontal y sanguinaria contra una de las pocas instituciones que aún se mantienen independientes de un país necesitado de cimientos democráticos sólidos. Sí, la democracia en México es muy joven aún y crece muy lentamente a diferencia de otros países. Está en plena pubertad y necesita madurar, aunque le lleve más tiempo de lo esperado. Lo que se plantea en esta salvaje reforma es asesinarla para dar a luz otra a imagen y semejanza del papá, con sus cadenas, limitantes y controles que derivarán en una institución peligrosamente dependiente de un solo dedo (o varios).
Un país es fuerte cuando no depende de una sola persona; cuando hay división clara de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial; cuando hay instituciones independientes; cuando hay alternancia política; cuando incluso no hay mayoría de un solo partido en las cámaras y los actores políticos están condenados a negociar y entenderse; cuando hay instituciones públicas lo suficientemente sólidas como para operar incluso cuando un mandatario no esté; cuando elegimos democráticamente a nuestros representantes, etc. Pero estamos regresando a un México contrario al desarrollo, basado en un halo caciquista, cerrado al futuro y a la evolución.
Cuando comenzó a planear en el horizonte el fantasma de una reforma electoral hecha a medida de un gobierno poco democrático, pero con la idea de una coalición que marchaba viento en popa y a toda vela (o eso creíamos) surcando los océanos agitados y evitando las olas convertidas en pullas desde el ejecutivo, creí que esta reforma sería una quimera, un intento vago, un retortijón dictatorial que caería, como la reforma energética, en saco roto. Hoy, con el bofetón de la última reforma de la Guardia Nacional y las fracturas de una coalición que nunca fue lo que el país y una democracia sana necesitaba, debemos temer por el futuro de la libertad.
Porque, de eso se trata, y con esto concluyo este comentario. Con esta propuesta de reforma no hablamos de una institución, ni de unos consejeros, ni de un presupuesto bueno o malo, ni de un tribunal electoral, ni de un presidente, ni de todos estos años de asentamiento democrático, ni del, presunto, robo electoral de las dos elecciones pasadas, ni de los sufragios acontecidos y por acontecer. Estamos hablando de nuestra libertad para elegir el futuro, nuestro futuro. Y eso, con esta reforma, pende de un hilo.
Hernán Casares Cámara – Reportero de Central 9 de Grupo Megamedia
La reforma electoral de López Obrador tiene pros y contras: algunas propuestas son de plano rechazables, pero otras, por lo menos, ameritarían un mayor debate entre los ciudadanos.
Es el caso de la idea de crear un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) —el Iepac en el caso de Yucatán—, así como los tribunales electorales locales. Me parece correcta la apreciación sobre la duplicidad de funciones entre el INE y los OPLES, con un costo muy elevado. El presupuesto del Iepac este año no electoral fue de $218 millones. ¿Para qué sirvieron?
Respecto a los tribunales locales en materia electoral, sabemos que sirven de poco, pues el Poder Judicial de la Federacio´n resuelve en definitiva casi cualquier acto impugnado de las elecciones locales.
Una propuesta inconveniente, sin embargo, es la de aprobar la elección popular de los integrantes del Consejo del INEC y de los magistrados del Tribunal Electoral. Esta medida, con la alta intención de votos a favor de Morena, le daría a ese partido una innegable ventaja.
La propuesta de desaparecer a los diputados uninominales e integrar la Cámara solo en términos de la representación proporcional, es otra idea riesgosa, porque daría una sobre representación excesiva a la fuerza política mayoritaria.
Otro inconveniente es su discusión a dos años de los comicios de 2024. Aprobarla ahorita podría traer dificultades, como se vio con la reforma de 1986, cuando por las prisas ocurrieron graves problemas en las elecciones de 1988, sobre todo en la contabilización de los votos.
En esa ocasión, por el empeño del gobierno de ponerla en práctica en forma apresurada, ocurrieron graves problemas en las elecciones de 1988, sobre todo en la contabilización de los votos.
Aarón. A. Montero Bonilla – Editor web de Diario de Yucatán
Mi opinión sobre la reforma electoral es que el presidente Andrés Manuel López Obrador solo utiliza como pretexto sus intenciones de austeridad y el supuesto de que el INE no cumple sus objetivos para justificar la creación de un organismo que pueda manejar a su antojo y, de esa manera, garantizar resultados a favor de los candidatos de su partido, Morena.
Además, considero que aprobar esa reforma sería un riesgo para el país, ya que pretende que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sustituiría al INE, sea el único responsable de organizar las elecciones federales y de los estados, es decir, es muy probable que lo “sobrepase” la carga de trabajo, con el riesgo que eso representa para la democracia.
Tampoco parece que haya claridad en la forma de designar a los integrantes del INEC y del Tribunal Electoral, lo que podría derivar en que se integren con personajes afines a la figura presidencial, que de esta manera adquiriría ya no solo “poder” sobre el Congreso (donde la mayoría de legisladores son de partidos oficialistas) sino en los organismos electorales. Es decir, cada vez más parecido a una autocracia.
Las cámaras de diputados y senadores, la Suprema Corte y el presidente propondrían una lista de perfiles de la que se elegiría a los consejeros a través del voto popular. ¿Qué partidos dominan a esos organismos que propondrían a los consejeros electorales?, es claro el objetivo.
Rosa Aracely Quiñones Sánchez – Editora de la sección Local de Diario de Yucatán
Cada mañana el país se divide más y más. Cada mañana se alimenta un odio absurdo contra la clase media, contra los empresarios, las instituciones y contra todo aquel que no comulgue con los ideales de una transformación que nos prometieron. Ahora se alimenta un odio contra el INE, odio que se ve reflejado en encuestas y en cambios que podrían golpear la democracia de nuestro país.
Tal vez en las encuestas exista gran apoyo a la reforma electoral, pero ¿realmente saben en qué consiste? ¿Será que únicamente se dejan llevar por un dirigente encargado de despotricar contra el instituto cada mañana?
Quieren ahorrar presupuesto, así que deciden hacerlo con una de las pocas instituciones que en los últimos años ha demostrado funcionalidad, pero no reducen presupuesto en los “mega caprichos” que no han tenido los resultados prometidos, como ejemplo tenemos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra cara que no levanta vuelo.
A la ciudadanía le han vendido la idea que el INE es la peor amenaza para la democracia del país y por eso quieren “mejorarlo”, pero la peor amenaza es que el mayor árbitro electoral de una nación se encuentre fuertemente ligado al gobierno, y la celebración de elecciones quede bajo el dominio de, posiblemente, algún fanático que solo aplaudirá cada mañana.
La historia de naciones amigas de la trasformación nos han demostrado lo peligroso que resulta poner al árbitro electoral bajo el poder del gobierno.