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Levantan la voz por las reformas a la ley del Isstey

domingo, 1 de mayo de 2022 · 05:15

El problema que aqueja al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) no es una cuestión de calculadoras. Es un tema de justicia y hay que tratarlo como tal, afirman representantes de la base laboral, activos y en retiro.

En una entrevista, piden que se transparente la situación financiera del instituto para conocer la situación real, no solo la versión oficial, y también demandan que se tome en cuenta a los trabajadores en las pláticas sobre la reforma. “¡Queremos justicia!”, recalcan.

Los informantes subrayan que están cansados de las evasivas de los gobiernos sobre ese tema y se declaran dispuestos a buscar información por sus propios medios para sacar a la luz “todo este enredo” sobre las pensiones del Isstey, que, de acuerdo con funcionarios del Ejecutivo, están en riesgo por la crisis financiera de la institución.

Reiteran que el objetivo principal de sus demandas es que prevalezcan la justicia y la certeza para la burocracia activa y jubilada o pensionada, pero también que se sepa quiénes están involucrados en el quebranto que señalan las autoridades.

Se busca conocer quiénes se han convertido en cómplices y quiénes maquinaron todo este problema a los pensionados, insisten.

Un aspecto en el cual muestran interés es en la operación de empresas particulares que otorgan préstamos a los derechohabientes del Isstey, en condiciones poco claras para el trabajador y con todas las ventajas para esas financieras, que obtienen utilidades usando infraestructura del instituto.

No quieren simulación

Trabajadores al servicio del Estado, activos y en retiro, piden al Ejecutivo que no se haga a espaldas de la base laboral la anunciada reforma a la Ley del Isstey y que se hable con la verdad sobre ese instituto, sin maquillaje y sin simulaciones.

De entrada, desconfían de la versión oficial sobre una inminente quiebra que pone en riesgo el pago de pensiones y jubilaciones, porque no hay información financiera disponible y tampoco ven claridad sobre los bienes inmuebles del instituto.

También hacen notar que la operación de las empresas financieras que otorgan préstamos a los derechohabientes del Isstey está rodeada de muchas interrogantes que dan pie al “sospechosismo”.

Señalan que esas financieras no solo suplen una función que debe tener la institución sino que otorgan los créditos en condiciones desfavorables para el trabajador y utilizan la infraestructura oficial para obtener ganancias.

Justicia y certeza

Los declarantes indican que están conscientes de que se tiene que reformar la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), para capitalizar a éste, pero piden que se cumplan las siguientes condiciones:

  1. Que la reforma sea justa e implique ganar-ganar para todas las partes, siempre en beneficio de los trabajadores y del Estado. No quieren que la base laboral sea la que termine pagando los platos rotos.
  2.  Que los cambios legales no sean de aplicación retroactiva. Recuerdan que así debe ser, por mandato constitucional, pero la experiencia les ha demostrado que este principio no siempre se cumple.
  3.  Que se otorgue la certeza de que con esa reforma se blindará al Isstey para que no vuelva a sufrir un quebranto ni sea usado como caja chica por el gobierno en turno.
  4.  Que se incluya a representantes de los trabajadores en la mesa que analiza los probables cambios, porque se trata del sector afectado.

A todos involucra

Los conceptos son formulados por Lorena Rosel Novelo, psicóloga de Educación Especial y trabajadora activa; Susana Teresita Illescas Medina, jubilada (era del personal administrativo); Martha Antonia Cauich Collí, docente activa, y Humberto Pacheco Pérez y Jesús Rubén Tut Beltrán, maestros jubilados.

Aunque todos son del ramo de la educación, precisan que sus señalamientos son aplicables a todos los trabajadores del Estado, pues la reforma a la Ley del Isstey impacta en todos sin distinción.

En amplia entrevista, también dicen lo siguiente:

  • El Isstey fue creado en 1976 y desde entonces nunca se ha rendido un informe público sobre su situación financiera y sus activos.
  • Se dice que está al borde de la quiebra. ¿Por qué lo dicen? ¿En qué se sustenta esa afirmación? ¿Por qué no nos informan de los bienes del instituto? Se habla de que hay más de cien propiedades inmuebles que tienen mucho valor, pero de eso nunca nos han informado.
  • Lo cierto es que con el dinero del Isstey se han hecho muchos negocios, pero no para beneficio de los trabajadores. Entonces el instituto no está quebrado, sino que lo están quebrando.

Lo ven como ofensa

  • El Ejecutivo anunció la formación de un comité de expertos para analizar la situación de crisis y presentar propuestas. Nos ofenden a los derechohabientes porque ninguno de esos expertos puede opinar sobre la realidad que vivimos.
  • Seguramente esos expertos van a tratar el tema como una empresa, según su experiencia financiera, pero ¿quién vela por el aspecto social? Por eso pedimos apertura, que nos consideren para que podamos presentar una contrapropuesta.
  • No dudamos de la capacidad de esas personas. Pueden ser buenos economistas, pero, insistimos, es también importante la parte social. Y no vemos en esa mesa a nadie que pertenezca al Isstey, a nadie que de verdad conozca el problema.

Justicia, no cifras

  • El caso del Isstey no es una cuestión de calculadoras. ¡Es un problema de justicia! Los jubilados y pensionados estamos insatisfechos de tantas evasivas y de tantas mentiras de los gobiernos, del actual y de los anteriores.
  • El Isstey tiene un consejo directivo, que preside el gobernador o quien él designe en su representación. Hay otros dos funcionarios, entre ellos quien esté a cargo de la dirección del instituto. Solo están dos líderes sindicales, el de los maestros y el de los burócratas del Estado. Son minoría; entonces, ¿qué pueden defender?
  • Ante esa situación también pedimos equilibrio de fuerzas en el consejo directivo. Allí sí son necesarias las reformas.
  • A este tema no le ponemos colores ni menciones de partidos. Si las autoridades actuales tienen la certeza de que los gobiernos anteriores cometieron desvíos, ¿por qué no denuncian?, ¿qué se esconde?
  • Se habla de más de $2,000 millones que no entregó al Isstey el gobierno del quinquenio. ¿Por qué? Vamos a suponer que no lo robaron, sino que hicieron una mala inversión. ¿Por qué no nos dicen? Pedimos claridad.

En próxima edición abundaremos en los puntos expresados en la entrevista.

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