El Congreso yucateco analiza desde el pasado viernes una iniciativa para dar autonomía a la Fiscalía del Estado, como lo demanda el sector privado.
En esta iniciativa, de la bancada del PRI, se considera que el actual fiscal continuaría en el cargo por un periodo de siete años, con derecho a repetir por un periodo más.
Se establece que “con el objeto de no afectar derechos adquiridos con anterioridad a este decreto, el fiscal general que hasta antes de la entrada en vigor se desempeñaba como tal, continuará en su encargo y concluirá en los términos en los que fue designado, con derecho a ser reelecto para un período más en términos de lo previsto en este decreto”.
Beatriz Gómory Correa, en la ceremonia de su toma de compromiso como presidenta reelecta de la Coparmex Mérida, pidió delante del gobernador Mauricio Vila Dosal que se revise “la viabilidad y pertinencia de dotar de autonomía a nuestra Fiscalía del Estado”.
Ayer publicamos que Jorge Charruf Cáceres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, declaró que con una Fiscalía autónoma “Yucatán dará un gran paso en el combate a la impunidad”.
En el Congreso se informó que el pasado viernes, en sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se distribuyó para iniciar la revisión y estudio de la iniciativa priista para dotar de autonomía a la Fiscalía.
Los priistas exponen que son conscientes de que la paz y la justicia requieren instituciones sólidas y por eso proponen que “la Fiscalía del Estado sea un organismo constitucional autónomo local, lo cual permita su total independencia del Poder Ejecutivo, y con ello, la garantía del cumplimiento de su objeto: la persecución de las conductas delictivas y garantizar la seguridad pública en la entidad”.
También consideran importante que se homologue la duración del encargo con el fiscal anticorrupción, es decir, a periodos de siete años, al término de los cuales podrá ser ratificado para un segundo período de la misma duración.
En cuanto al procedimiento de designación se deja intocado, pues se reconoce que igualmente es aplicable para el fiscal anticorrupción.
La reforma que proponen en concreto es: “Artículo 75: La Fiscalía General del Estado es un organismo público autónomo, independiente, imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de investigación de los delitos, bajo el mando del fiscal general del Estado y las instituciones policiales, que actuarán bajo su conducción y mando, de acuerdo con lo que establezcan las leyes”.
Entre los argumentos para presentar esta iniciativa agregan que “la autonomía funcional y presupuestaria como una de las características de los Organismos Constitucionales Autónomos, son unas de las medidas que más empoderan a la institución y a su titular porque al no subordinarse a ningún otro poder, la Fiscalía investigará y perseguirá los delitos en representación real de la sociedad, sin ningún otro interés más allá del estricto apego a la ley”.
Añaden en el artículo segundo transitorio de la iniciativa, que: “El Congreso deberá expedir las leyes y modificaciones para armonizarla conforme este decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales contados a partir de su entrada en vigor. En tanto se expiden las modificaciones normativas, la Fiscalía ejercerá sus funciones y atribuciones conforme las leyes vigentes”.