“Yucatán es un estado seguro, pero ¿seguro para quién?“, cuestiona Olivia Martínez de la organización “Elementa DDHH”, durante la campaña denominada “Voces y rostros de la Criminalización”.
La exponente responde también: “Yucatán no es seguro para personas maya hablantes, no es seguro para indígenas, no es seguro para mujeres, menos para la comunidad LGTBQ+“, una afirmación basada en un monitoreo realizado en los últimos años respecto de los abusos de autoridad reportados en Yucatán.
En rueda de prensa junto con María Paula Balam, directora ejecutiva de Cejudi, Olivia Martínez señala que este trabajo lo han llevado al cabo varias organizaciones civiles y surge de la preocupación por el abuso de la fuerza y abuso policial que ha ido en aumento en Yucatán y que forma parte de la narrativa del Estado más seguro en México.
María Paula Balam, por su parte, indica que dicho monitoreo focaliza tres aspectos importantes:
- El primero son las detenciones arbitrarias.
- El segundo es el uso de la fuerza y la presencia policial en las manifestaciones.
- El tercero es la violencia contra periodistas que las policías de Yucatán ejercen.
De los números se desprende que Mérida es el lugar en donde más abusos ocurren por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal.
“Esto se da en un contexto de revisiones de rutina, retenes, allanamientos de morada, cateos sin justificación legal, etcétera”, señaló María Paula.
Durante el año 2022, las organizaciones detectaron 36 casos de esta naturaleza, 14 de ellos ocurrieron en Mérida; seis en Progreso, tres en Ticul, dos en Umán y dos en Tekax, y siete municipios más. De las detenciones arbitrarias, el 14.5% se cometieron contra periodistas, lo que coloca a Yucatán como el segundo lugar con violencia de este tipo en México.
¿Qué autoridad cuenta con más quejas frente a la CODHEY?
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Según datos de la CODHEY, obtenidos vía Transparencia, entre 2020 y 2022 se iniciaron 376 quejas por: detenciones arbitrarias, prestación indebida de servicio público, tratos crueles, inhumanos o degradantes, allanamiento, lesiones y retenciones ilegales, señalan.
Las representantes de estas organizaciones aseguran que las policías realizan las detenciones de manera sistemática y a personas con cierto perfil, es decir; por color de piel, etnia e incluso por la identidad de género.
“Existe un patrón de violencia a la que nosotras denominamos intolerancia selectiva”, dice Olivia Martínez. “Por ejemplo, una persona va caminando por la calle, llega la policía y la detienen. La persona quiere saber el motivo de la revisión y entonces esto escala a agresiones físicas, verbales, amenazas, hostigamiento e incluso abuso sexual“.
El trabajo realizado se basó en notas periodísticas y solicitudes de información a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) que a juicio de las organizaciones, ha sido condescendiente con el gobierno y no entrega datos desagregados que permitan demostrar que existe una sistematización en la violencia.
¿Entonces es funcional o no la Codhey?, se preguntó.
María Paula Balam considera que la Codhey debería de tener un papel más activo y emitir recomendaciones generales.
Por su parte Olivia Martínez indica que debería de ser funcional aunque sus acciones no sean vinculantes.
“Lo que queremos es que visibilicen las problemáticas y que deje de ser tan afín al Gobierno Estatal”.
De este monitoreo, como en años anteriores, surgió un pronunciamiento que será enviado al gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha, esperando que se tomen en cuenta ya que en ese posicionamiento se hacen las siguientes recomendaciones:
- Implementar estrategias de difusión y promoción de información que permita la identificación de actos de tortura y abuso policial, dirigidas tanto a la población en general como a las autoridades.
- Diseñar y crear mecanismos interinstitucionales para atender las violencias estructurales y la incidencia delictiva desde un enfoque de derechos humanos.
- Implementar medidas de rendición de cuentas sobre la actuación de la policía estatal y municipal, así como establecer un programa institucional conforme a los estándares internacionales para capacitar al personal de la SSP en prevención de abusos policiales, tortura, igualdad y no discriminación, combate a la xenofobia y al racismo.
- Revisar y establecer protocolos de actuación en materia de detenciones y actuación de las fuerzas policiales, especialmente en el contexto de protestas y manifestaciones pacíficas, que estén homologados con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
- Adoptar un programa estatal de derechos humanos que establezca la política local en la materia y oriente los trabajos de todas las dependencias gubernamentales.
- A la CODHEY, que valore la sistematicidad con la que se cometen estas violaciones a derechos humanos para emitir una recomendación general en la materia.
Cabe señalar que el pronunciamiento presentado a las autoridades en el año 2020, no fueron respondidas.