Diputados locales emitieron un dictamen favorable para su votación final a la tercera entrega de informes de la Auditoría Superior del Estado (ASEY), en el que incluyen 822 millones 622,831 pesos en observaciones sin resolver de las cuentas públicas correspondientes a 2021 por varios ayuntamientos e instituciones estatales y paramunicipales.

Ayer en el Congreso también se solicitaron los proyectos de dictamen para declarar al teatro regional como patrimonio cultural intangible del Estado, la creación del reconocimiento anual “Felipe Carrillo Puerto” y declarar al 24 de julio como el Día Estatal de la Mediación.

Erik Rihani González, legislador del PAN y, en su calidad de presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, precisó que de acuerdo con esta tercera entrega de las cuentas individuales hay 1,228 observaciones no solventadas por parte de los 56 municipios auditados, que representan el ejercicio de 810 millones 691,398 pesos cuyo destino no se ha aclarado.

También añadió que hay 90 observaciones sin aclarar de 30 entidades paramunicipales, por un monto total de 10 millones 981,139 pesos, así como 42 sin solventar por 950,293 pesos de 10 entidades estatales.

El diputado panista aclaró que los montos subsanados con corte al tercer semestre de 20222 aún no contienen cifras de la cuenta 2021 que se auditó, porque posterior a la entrega de los informes los auditados cuentan con 30 días hábiles para presentar la documentación y solventar.

Luego de este plazo la ASEY dispone de hasta 120 días hábiles para validar la información y decidir si inicia algún procedimiento, que podrían ser hasta las denuncias penales.

Clausura

Este dictamen es uno de los que empiezan a acumularse para que se someta a votación en la sesión plenaria del próximo miércoles 31, que será la sesión de clausura del actual período de sesiones ordinarias para entrar en un receso de tres meses.

Diputados de diferentes partidos dictaminarían en los próximos días en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso la iniciativa priista de gobierno de coalición.

Esta propuesta sentaría las bases y abriría más posibilidades a que en las elecciones de 2024 se puedan registrar coaliciones de partidos para elegir al nuevo gobernador y alcaldes en los 106 municipios.

 

Al inicio de la sesión continuaron con el análisis de la iniciativa de la bancada del PRI para hacer reformas a la Constitución local, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, Código de la Administración Pública y la Ley de Gobierno de los Municipios, para establecer el gobierno de coalición.

Reformas

Víctor Hugo Lozano Poveda, coordinador de la bancada del PAN, en este punto solicitó al Instituto de Investigaciones Legislativas que entregue una síntesis con las sentencias precedentes relacionadas con las reformas más recientes sobre los gobiernos de coalición, la paridad y la alternancia de los gobiernos, y que los criterios se apeguen a los estudios legislativos.

Carmen González Martín, diputada del PAN y presidenta de esta comisión, también pidió a la secretaría general que se elabore un proyecto de dictamen de esta iniciativa para analizarla en la siguiente sesión.

De acuerdo con esta propuesta, los gobiernos de coalición son aquellos que resultan de una alianza de partidos políticos en procesos electorales, y por lo cual se establece la distribución proporcional de los principales cargos que son parte de la administración estatal o municipal, entre representantes de los partidos que se coaligaron en la elección.

El incluir en el gobierno estatal o municipal a representantes de otros partidos que formaron parte de la coalición ya no será por voluntad o se les incluirá donde quiera el gobernador o alcalde, sino una obligación, determinando con anterioridad qué cargos le tocaría a cada partido coaligado.

En la sesión se hizo la petición por parte de Lozano Poveda y la presidenta de este órgano colegiado del Congreso que encargó el proyecto de dictamen para la iniciativa priista sobre la alternancia de género en la elección de gobernador o gobernadora.

Seguidamente se distribuyó el oficio de sentencia de la misma del Tribunal Electoral del Estado contra la alcaldía de Tixkokob y el incumplimiento de la misma, sobre la que se acordó pedir a esa institución un informe de la situación actual de este caso para determinar el trámite que le darán.

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