Continúa la vinculación penal promovida por la Fiscalía Anticorrupción contra ex funcionarios municipales, en esta ocasión el día 5 pasado se aplicó esa medida al ex alcalde y ex tesorero de Chocholá por disponer de recursos municipales para hacer pagos indebidos a sus regidores, por lo que, además de restituir alrededor de 800 mil pesos, podrían ser condenados con hasta 12 años de prisión.
Por otra parte, el miércoles pasado el actual alcalde de Motul, su director de obras públicas y un empresario comparecieron ante un juez de control acusados en esta ocasión por el pago de trabajos a una empresa particular, cuando en realidad fueron empleados del propio Ayuntamiento quienes los realizaron.
En el Poder Judicial del Estado se informó que derivado de los hechos que fueron imputados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, el lunes 5 pasado , fueron vinculados a proceso penal dos ex integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Chocholá, por la jueza de control con sede en Umán.
Señalaron que esto fue por su probable intervención en la comisión del delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades agravado al disponer ilícitamente de fondos públicos pertenecientes al patrimonio de ese municipio, para realizar pagos ilegales a los propios regidores y funcionarios municipales a modo de finiquito y compensación por la conclusión de su encargo.
Ilegalidad
Se precisó que esos recursos al no haberse incluido en su presupuesto de egresos y haber sido obtenidos de otros rubros distintos a la partida correspondiente a sueldos y salarios, representa un pago ilegal en términos del delito antes señalado.
Añadieron que por este delito el ex presidente municipal y el ex tesorero podrían enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión, multa e inhabilitación, entre otras sanciones, así como la obligación de restituir el recurso ilícitamente tomado y que generó un detrimento a la hacienda pública municipal por más de 800,000 pesos, además de poner en riesgo la continuidad de las operaciones de la administración pública.
Decretan plazo para investigación
La jueza de control decretó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que la Fiscalía Anticorrupción Estatal tiene hasta septiembre para formular la acusación y llevar a los imputados a juicio oral.
Mientras tanto los imputados fueron sujetos a diversas medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del estado, la obligación de comparecer a firmar de manera periódica, garantías económicas y la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares.
En otro caso, trascendió que el pasado miércoles compareció de nueva cuenta ante la autoridad judicial el actual alcalde de Motul, su director de obras y un empresario con motivo de la solicitud de audiencia inicial de vinculación a proceso promovida por la Fiscalía Anticorrupción.
Esta vez por una supuesta obra de bacheo de calles, obra realizada y pagada a una empresa cuyo administrador único ya esta vinculado a proceso en la carpeta de los paneles solares y al mismo proveedor de la calle principal o avenida que se le acusa de haberla pagado dos veces; audiencia inicial que también fue diferida por la defensa de los imputados para el 21 de junio al presentar un justificante médico por enfermad de uno de los imputados.
El motivo de la audiencia del miércoles corresponde a otra denuncia interpuesta por la Auditoria Superior del Estado, que al fiscalizarle los
recursos detectó que también se presentó documentación, para pretender acreditar la existencia de trabajos realizados por la misma empresa de las otras obras cuando aparentemente éstos trabajos fueron realizados por los propios empleados del ayuntamiento, sin embargo, la dicha audiencia inicial también fue diferida, a solicitud de la defensa de los imputados para el 29 de junio.