Acusan al Congreso del Estado de omisión y le ordenan legislar para garantizar derechos político-electorales a las personas de la comunidad Lgbtiq+ y puedan acceder a candidaturas en las próximas elecciones, de acuerdo con la resolución emitida ayer en sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY).
El mismo tribunal también vinculó esta resolución al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), a fin de que estudie, analice, elabore y determine la eficacia de lineamientos o acciones afirmativas para este caso y se puedan aplicar en el proceso electoral del estado que se inicia el 1 de octubre.
En dicha sesión del TEEY se analizó el Juicio de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado con el expediente JDC-009/2023, que fue promovido por la diputada Salma Luévano Luna y el ciudadano Emmanuel Guzmán, en contra del Congreso del Estado, por no haber legislado en favor de los derechos político-electorales de la comunidad Lgbtiq+.
En su resolución el tribunal sentenció que el Congreso del Estado, en el ejercicio de su soberanía y competencia a que legisle para garantizar los derechos político-electorales de las personas que integran esa comunidad para que puedan acceder a candidaturas en los comicios locales.
Ven omisión legislativa por los derechos de la comunidad LGBT+
La magistrada Lissette Cetz Canché como ponente de este caso expuso que hubo omisión legislativa respecto de los derechos político electorales de esa comunidad por parte del Congreso, por lo cual le ordenó que implemente medidas que considere necesarias para el proceso electoral 2026-2027, las cuales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que se inicie.
La magistrada explicó que los integrantes de la comunidad Lgbtqi+ tienen derecho a gozar y ejercer, sin distinción alguna, todos los derechos y garantías reconocidas constitucionalmente y en los tratados internacionales, por lo que resulta evidente que en el ámbito público deben contar con bases necesarias que les permitan vencer los obstáculos históricos, políticos y sociales que han enfrentado.
Reformas no entrarían en las elecciones de 2024
Aunque de acuerdo con la Constitución, las reformas que pudiera hacer el Congreso del Estado, ya no tendrían efecto para las elecciones de 2024, si deberán estar listas para el proceso electoral 2026-2027, por tanto incluso podría ser la próxima legislatura quien cumpla con esta sentencia, no precisamente la actual.
Pero la magistrada remarcó en la sentencia que el Poder Legislativo está obligado a implementar los mecanismos necesarios y que considere idóneos para garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual a votar y ser votados, desempeñar cualquier función pública en todos los niveles de gobierno, participar en la dirección de los asuntos públicos, ser designadas o elegidas para cualquier órgano representativo, entre otros.
También recordó que, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial ya consideró el establecimiento de medidas afirmativas a favor de personas del referido sector social, con finalidad de compensar las situaciones de desventaja, revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan en el ejercicio de sus derechos, y con ellos, buscar garantizar un plano de igualdad sustancial.
Por esto último expuesto en parte de la sentencia, el TEEY la vinculó al Iepac para que los consejeros electorales locales estudien, analicen, elaboren y determinen la eficacia de lineamientos o acciones afirmativas, que se implementen para el proceso electoral 2023-2024, y así salvaguardar los derechos político-electorales de la personas de la diversidad sexual y de género, con el fin de hacer efectiva su participación en las elecciones de 2024.