MÉRIDA.- La situación jurídica de la persona que manejaba la camioneta Buick blanca que dio muerte al niño chiapaneco Iker en la colonia México, se desconoce a una semana de la tragedia.
Sobre esto se le preguntó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), e indicaron que la policía ubicó la camioneta —en la avenida Itzaes como se informó y confirmó la misma corporación en un boletín —y la puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, de modo que al no tener a la conductora, esta no estuvo a disposición de esta dependencia en ningún momento.
La SSP aclaró que lo que señalaron en un boletín, es porque la mujer acudió, junto con el abogado de la empresa de materiales eléctricos a la FGE y se identificó como la persona que manejaba dicho vehículo al momento del accidente, ahí habría dicho que estuvo internada en un hospital por casi 48 horas, justo el tiempo que pudo haber pasado detenida según el Código Penal, por una crisis nerviosa, es decir, la policía jamás la localizó a pesar de contar con la tecnología suficiente para hacerlo.
La SSP identificó a la mujer como C.J.S.C., sin embargo se ha podido confirmar que las iniciales de la mujer son G. J. S. C., y sería familiar directa de un alto mando de la misma Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la cual, el día de los hechos, fue obligada a regresar al lugar por otro automovilista, pero “en un descuido” volvió a huir hasta que reapareció a las casi 48 horas en la Fiscalía por “voluntad propia”.
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Se desconoce si la mujer fue puesta a disposición de un juez de control como marca la ley, ya que el delito de homicidio culposo se persigue de oficio y no se necesita una querella de acuerdo con el Código Penal de Yucatán que en su numeral 79 al 83 se especifican las circunstancias en las que son necesarias las querellas en este tipo de delitos, aún cuando el juez hubiese impuesto medidas distintas a la prisión preventiva. Sobre la situación jurídica de la mujer, la FGE no ha respondido.
El cuerpo de Iker, en tanto, continúa en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado sin que haya sido reclamado.