En su afán de obtener votos a cualquier precio, Morena postuló como candidatos a las alcaldías de distintos municipios a varios expriistas estrechamente vinculados con la llamada “mafia inmobiliaria de la costa”.
Un caso es el de Tecoh, donde apoya a Lilia Suárez Pinto, esposa y socia de Raúl Quintal Carvajal, ex miembro del PRI, tres veces presidente municipal de ese lugar y amigo cercano de Leonel Rosado Mena, también ex alcalde priista de Celestún y hoy militante de Morena.
Rosado Mena es uno de los principales involucrados en esa mafia inmobiliaria (debido a eso un juez lo vinculó a proceso) y en ese carácter benefició ilegalmente a Quintal Carvajal y a Suárez Pinto con la adjudicación a título gratuito, en 2016, de un terreno, presuntamente propiedad de la nación, con 30 metros lineales de playa y 114 metros de fondo, entre Celestún y Sisal, con un valor superior a los diez millones de pesos. Este delito permanece impune.
La mafia inmobiliaria en la costa de Yucatán
Como ya informamos, la “mafia inmobiliaria de la costa” se habría apoderaron ilegalmente de 6,076 metros lineales de playa en Dzilam Bravo y de 4,518 en Celestún. La mayoría de estos predios, al parecer, son terrenos nacionales con un valor mínimo calculado en 2023 de 2,118 millones de pesos, en lo que se considera el mayor fraude inmobiliario conocido hasta ahora en Yucatán.
De acuerdo con información publicada por el Diario el año pasado, uno de los cabecillas aparentes de esta mafia es, entre otros, Mario Peraza Ramírez, diputado federal por el PRI, aunque antes lo fue por la coalición PVEM-Morena-PT. En noviembre pasado renunció a esa coalición y aceptó la postulación priista a la alcaldía de Motul.
También forman parte de esa mafia Rosado Mena y el expresidente municipal de Dzilam Bravo, el priista Julio Abraham Villanueva Rivero, así como otros exfuncionarios del gobierno de Rolando Zapata Bello y varios notarios y escribanos públicos.
Cómo opera la mafia inmobiliaria de la costa
La operación fraudulenta, como ya informamos, consistió en la creación artificial de tablajes catastrales sobre terrenos nacionales ubicados en la costa de Dzilam y Celestún, haciéndolos pasar como terrenos del fundo legal de esos municipios. Para eso se aprovechó el nombramiento de Peraza Ramírez como director del Catastro estatal entre octubre de 2015 y junio de 2016.
En su periodo como alcalde en 2015-2018 (antes lo fue entre 1985 y 1987), Rosado Mena escrituró 23 de estos predios, previamente desincorporados del patrimonio municipal por su antecesora, aunque hay indicios de la inexistencia de las sesiones de cabildo donde se habrían tomado esas decisiones y de la falsificación de las actas respectivas.
El 18 de mayo de 2016, en la escritura número 180, otorgada por el entonces escribano público de Ucú, Alberto Yadir de Jesús Córdova (a quien el gobierno del estado destituyó en 2019 por corrupto), Rosado Mena adjudicó a título gratuito a la empresa Estructuras Metálicas y Edificaciones, S.A. de C.V., propiedad de Quintal Carbajal y de la ahora candidata morenista, Suárez Pinto, el lote catastral 3882.
Éste tiene una superficie total de 3,351 metros cuadrados, con 30 metros lineales de playa y 114 metros de fondos, y se ubica entre la costa y la calle 12, que se junta con la carretera Celestún-Sisal.
Al Poniente colinda con supuestos terrenos del fundo legal y el faro del puerto, y al Oriente con terrenos de los “hermanos Roche”, dice la escritura.
El valor catastral de este predio es de $8.378,575, de acuerdo con la cédula catastral expedida el 3 de mayo de 2021, pero su valor comercial ascendería a $10.500,000, aproximadamente, según Antonio Osorio Acevedo, director de Información Sistemática de la Península, especializada en estudios de mercado.
Venta de la costa yucateca
El 2 de abril de 2019, tres años después de recibir gratis ese terreno, propiedad de la nación, la empresa de Quintal Carvajal y Suárez Pinto lo vendió a la compañía Ampliaciones, Remodelaciones y Construcciones, S. de R.L. de C.V., propiedad de Raúl Ignacio Arcila González, como se asienta en la escritura otorgada por el notario Roger Alfredo Méndez Lara, en esa misma fecha, por la cantidad de $800,000, muy por abajo de su valor catastral.
De este modo, Arcila González, el aparente comprador, habría adquirido el metro lineal de playa en Celestún en $26,666 cuando cuatro años después, en 2023, el precio de ese mismo metro de playa se cotizaba en $350,000, un negocio redondo. Continuará.
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Entrando morena entra el narco. No lo permitan.
Si sigue así Morena aceptando militantes corruptos de otros partidos va a perder las elecciones de este año. Por eso la política es una mafia. Nosotros-as los ciudadanos somos los titeres.