Los principales impulsores de la violencia electoral que asola al país son los grupos criminales y también políticos de un mismo partido o de partidos contrarios, así como funcionarios públicos, afirma el director del Observatorio Mexicano sobre las Drogas, Elías Razur Antonio.
Un hecho preocupante, añade, es que la violencia electoral se relaciona, paradójicamente, con la alternancia en el poder y la permanencia mucho tiempo de funcionarios.
Esto, porque la posibilidad de que un grupo político distinto triunfe en los comicios pone en riesgo las redes de protección establecidas antes por los grupos criminales, señala.
Según Razur Antonio, la violencia política en época de elecciones se da principalmente en los municipios de 10 estados del país —Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Veracruz y Puebla son los primeros—, aunque la Península de Yucatán no está exenta de este problema.
Como informamos en la primera parte de este reporte, un grupo de desconocidos mató a balazos al precandidato de Morena-PVEM-PT a la alcaldía de Puerto Morelos al inicio del proceso electoral de 2021.
Un año después, en Campeche fue asesinada una persona muy vinculada al excandidato a gobernador de ese estado por Movimiento Ciudadano.
No sólo se trata de asesinatos, explica Razur Antonio. La violencia electoral incluye el amedrentamiento, la intimidación para suspender actos públicos o propiciar la renuncia de candidaturas.
También los ataques a vehículos o a casas de campaña y domicilios particulares, agresiones físicas a seguidores y familiares, balaceras, prohibición de entregar propaganda o su destrucción, y secuestros.
El negocio de las drogas y la violencia electoral
Los actos de violencia electoral, añade, ocurren sobre todo en zonas donde prevalece el crimen organizado, principalmente el dedicado al tráfico de drogas.
Por ello no es casual que Guanajuato, uno de los estados con altos niveles de violencia política, sea ahora el mercado de drogas más activo del país, refiere.
La violencia electoral se da también en zonas donde junto al narcotráfico coexisten grupos criminales dedicados al robo de gasolina y de mercancías en transportes y a la extorsión, delitos, por cierto, afirma el entrevistado, cada vez más frecuentes en Campeche y Quintana Roo.
El director del Observatorio agrega que “en aquellos lugares donde opera un mayor número de organizaciones criminales y, por tanto, es más alta la tasa de homicidios dolosos, es también más probable el incremento de los asesinatos políticos”.
Lo anterior porque —curiosamente, por decir lo menos— estas condiciones propician la disminución de los costos de ejercer la violencia. Esto significa que la violencia electoral obedece primordialmente a incentivos materiales de competencia entre organizaciones criminales y a un débil estado de derecho.
Razur Antonio, en una entrevista con Diario de Yucatán desde sus oficinas de Ciudad de México —hoy publicamos la segunda parte— explica que al analizar las elecciones de 2018 “confirmamos un dato que otros investigadores ya habían descubierto: la correlación entre la cantidad de asesinatos políticos en un municipio determinado y el número de agentes del Ministerio Público registrados a nivel estatal”.
“Esto indica que un factor inhibitorio de los asesinatos de candidatos y de otras formas de agresión electoral es la mayor presencia de organismos de seguridad del Estado, en especial los encargados de iniciar y dirigir las investigaciones penales”, señala.
Control en el gobierno
“Los hallazgos permiten afirmar que en la medida en que se incrementan los costos de ejercer la violencia electoral —al tener un mayor número de agentes encargados de activar y ejercer la justicia penal en las calles— es menos probable que ocurran asesinatos de candidatos a puestos de elección popular”.
De acuerdo con el director del Observatorio, las organizaciones criminales ejercen la violencia electoral por su interés en controlar a los políticos y gobernantes para reducir la incertidumbre sobre sus actividades y asegurar su protección por parte del Estado.
El entrevistado añade que este tipo de violencia se presenta no sólo en zonas donde dos o más grupos criminales se disputan el territorio, sino también en regiones con pugnas interpartidistas.
“Es decir, por confrontaciones entre grupos políticos de un mismo partido con visiones o intereses antagónicos, o igualmente por la emergencia de un partido que rompió el estado de cosas establecido”.
En las elecciones de 2021 detectamos agresiones ordenadas por autoridades locales o inclusive por los mismos contendientes que son adversarios de la víctima, dice Razur Antonio.
Asimismo, sostiene que en general la violencia electoral aparece en los lugares caracterizados por los continuos conflictos sociales y políticos, y donde la competencia electoral es elevada y hay posibilidades de que ocurra la alternancia política.
“Esto que es un principio de la democracia puede ser también, paradójicamente, un generador de violencia, porque la alternancia de los partidos en el poder, sobre todo en los municipios, desestabiliza las redes de protección locales y en consecuencia incrementa la violencia criminal”.
La alternancia, clave en la violencia política
La llegada al poder municipal de un grupo político distinto, dice, puede significar simultáneamente el arribo de una organización criminal diferente, lo cual puede ocasionar luchas entre organizaciones criminales y al interior de éstas.
“No estoy diciendo que la permanencia de funcionarios públicos en sus cargos durante largos períodos sea la mejor manera de enfrentar la violencia relacionada con el crimen organizado, mucho menos de eliminarla”, puntualiza.
“Lo que pienso es que la variación en los niveles de violencia criminal en un contexto de enfrentamiento entre el Estado y el crimen organizado, que a su vez se entreteje con muchos funcionarios del municipio, principalmente policías, se puede explicar por la inestabilidad que ocasiona la alternancia municipal en torno a las redes de protección”. (Continuará).
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