La violencia política en el actual proceso electoral avanza aceleradamente por todo el país y en algunos aspectos ya superó los niveles vistos en los comicios de 2018, advierte el director del Observatorio Mexicano sobre las Drogas, Elías Razur Antonio.
El último caso fue el asesinato de Gisela Gaytán Gutiérrez, el 1 de abril, candidata de Morena a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato.
Ese estado, dice, figura en la lista de regiones con mayor violencia electoral, junto con Michoacán, Guerrero, Estado de México, Veracruz y Puebla.
En estas entidades y en casi todas las demás la mayoría de los actos violentos en períodos electorales —asesinatos, amenazas, agresiones físicas, etcétera— ocurre en el ámbito local, en los municipios, señala.
El nivel de violencia política en la Península de Yucatán todavía es bajo, afirma el entrevistado, “pero no debemos perder de vista los asesinatos de este tipo cometidos en Quintana Roo y Campeche en los últimos tres años, que son una señal de alarma muy seria”.
Sobre este tema el Diario publicó el viernes un reporte de Integralia que coincide con las cifras de Razur Antonio en el número de asesinatos y agresiones a candidatos en este proceso electoral, que ya son más altos que los registrados en 2018.
Entrevistado por teléfono en sus oficinas de Ciudad de México, Razur Antonio explica que la violencia política en períodos electorales en ciertas zonas del país está asociada a la presencia del crimen organizado.
También a la debilidad del Estado —poca presencia de policías capacitados y honestos y de agentes del Ministerio Público—, así como a la existencia de un clima de violencia, con grandes tasas de homicidios.
Además, están dos factores esencialmente políticos: la alta competencia electoral y la posibilidad de que en la contienda se dé la alternancia en el poder.
Esto último, dice, es un factor que desata la violencia en muchísimos lugares dominados por bandas criminales, temerosas de perder sus privilegios.
Razur Antonio explica que, según cifras del Laboratorio Electoral, en lo que va del actual proceso ya se registraron 51 asesinatos de personas vinculadas a los próximos comicios, de los cuales 27 eran candidatos.
Récord de homicidios en los comicios en México
Esta cifra es superior a la registrada en 2018, cuando se contaron 26 asesinatos de candidatos, pero aún no supera la cifra de atentados contra candidatos en el proceso de 2020-2021, de 30.
De acuerdo con el entrevistado, la violencia político-electoral en México se concentra en el ámbito local, porque allí está la mayoría de los puestos en disputa: alcaldías, regidurías y diputaciones estatales, así como funcionarios y militantes de partido.
Los grupos criminales ejercen más violencia y presión en el ámbito local, sobre todo en los ayuntamientos, porque ya tienen presencia allí y la negociación con los políticos es más fácil.
“En los últimos años hemos visto una competencia feroz entre grupos del crimen organizado por el control de muchos municipios que son importantes para mantener a flote sus negocios, no sólo el tráfico de drogas, sino la extorsión, la trata de personas y otros”, dice.
“Si desde ahora no se para esta injerencia del crimen organizado en cientos de municipios, pronto veremos los intentos de los delincuentes por controlar también las elecciones para gobernador”, advierte.
Violencia política en la Península de Yucatán
Respecto a la violencia política en la Península, Razur Antonio recuerda el asesinato de Ignacio Sánchez Cordero el 24 de febrero de 2021, en pleno proceso electoral en Quintana Roo.
Esta persona era funcionario del Ayuntamiento de Puerto Morelos, en manos de Morena, y el día de su asesinato había anunciado su intención de renunciar a su puesto para postularse como candidato a la alcaldía de ese lugar, por la coalición Morena-PVEM-PT.
Este crimen permanece impune, aunque inicialmente se habló de la posible participación de personas ligadas a un cártel del narcotráfico, explica Razur Antonio.
El 20 de mayo de ese mismo año, añade, la esposa de Sánchez Cordero, Blanca Merari Tziu Muñoz, quien lo reemplazó en la candidatura a la alcaldía de Puerto Morelos (que luego ganó), fue atacada a balazos a las puertas de su casa, aunque sobrevivió. Aquí tampoco se encontró a los culpables.
Más crímenes políticos en México
El entrevistado relata que la misma suerte tuvo el asesinato de Manuel Peña Miranda, en Campeche, el 17 de octubre de 2022, quien fue uno de los operadores del ex candidato a la gubernatura de ese estado por Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar, en los comicios de 2021.
En agosto de 2023 la ex presidenta estatal de ese partido en Campeche, Jamile Moguel Coyoc, fue herida gravemente por un grupo de desconocidos que la atacaron a balazos. Había renunciado a su puesto en Movimiento Ciudadano y en el momento del atentado era parte de Morena.
“Éstos son sólo algunos casos de violencia política en la Península, los más sonados de los últimos tres años, pero suficientes para prender las señales de alarma”, afirma Razur Antonio.
En los lugares donde se cometieron los atentados se encontraron indicios de la presencia del crimen organizado, de policías y funcionarios judiciales débiles y posiblemente corruptos, “el caldo de cultivo de la violencia política”, advierte el director del Observatorio. (Continuará).