Cada vez se complica más la situación jurídica de los traficantes de tierras ejidales Gabriel Guzmán Millet y sus socios Gerardo Iván y Mauricio Rubén Gutiérrez Domínguez, por la apropiación fraudulenta de una parcela ejidal en Seyé.
El pasado 25 de abril el Juez Segundo de Distrito en el Estado, Rogelio Eduardo Leal Mota, emitió una resolución para la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ).
Le ordena, además de la vinculación a proceso por falsificación de documentos aprobada por esta instancia en contra de los acusados, que se le conceda a los dueños del terreno denunciarlos por fraude, cosa que esa Sala no había permitido.
Esta nueva resolución dificulta la posición de los traficantes de tierras, pues de resultar culpables de los dos delitos las penas en su contra serían altas.
Parcelas en juego
De acuerdo con el expediente del caso, al que tuvo acceso Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, el ejidatario Saúl Méndez Puch y su esposa Juanita Pech Cano denunciaron en mayo de 2021 a Guzmán Millet y a los Gutiérrez Domínguez de falsificación de documentos y fraude.
Los afectados expusieron que estos últimos intentaron apoderarse de la parcela ejidal 47Z1P2, hoy el tablaje catastral 4187, propiedad del matrimonio, con una superficie de casi 40,000 metros cuadrados.
Según la denuncia, los Gutiérrez Domínguez firmaron un contrato de promesa de compraventa con Méndez Puch y su esposa, ante un notario y dos testigos, el 15 de agosto de 2017.
Luego, en el transcurso de la investigación judicial, se demostró que la firma de los esposos era falsa.
Ese mismo día, dice la investigación, los hermanos Gutiérrez se comunicaron con Guzmán Millet para informarle sus intenciones de adquirir la parcela 47Z1P-2 y le propusieron que fuera apoderado de las víctimas, lo cual aceptó.
Para ello Gabriel Guzmán, alias “Gabino”, pidió a la notaria Ana Luisa López Pavón que diera fe de la firma de un poder notarial limitado supuestamente otorgado por los esposos Méndez-Pech a favor de Guzmán Millet, para que éste venda su terreno en su nombre.
Aquí dos pruebas periciales concluyeron que las firmas de Méndez Puch y su esposa, eran falsas.
Es decir, esta fedataria habría levantado una escritura a sabiendas que los firmantes no habían comparecido ante ella.
(Pese a estas pruebas, el Ministerio Público no la denunció por falsificación de documentos).
El siguiente paso
Con ese poder falsificado, Guzmán Millet acudió con otro notario en marzo de 2021, allí formalizó la venta de terrenos de Méndez Puch y su esposa a los hermanos Gutiérrez Domínguez por la cantidad de $534,864.
No obstante ésta y otras pruebas que demuestran la falsificación de documentos en la supuesta venta de ese terreno, el 29 de noviembre de 2022 la juez Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Diana Yadira Garrido Colonia, decidió no vincular a proceso a los inculpados, aunque Méndez Puch se inconformó ante el Tribunal Superior de Justicia.
El 11 de octubre de 2023 la Segunda Sala Colegiada Civil y Penal de ese Tribunal resolvió modificar el acuerdo de no vinculación a proceso decretado por la juez de Control.
En su lugar dictó auto de vinculación a proceso en contra de Guzmán Millet y coacusados por el delito de falsificación de documentos, pero no por fraude.
Ante esta resolución, como informamos el 6 de abril, Guzmán presentó una solicitud de amparo en noviembre de 2023, mismo que le negó el juez Leal Mota al considerar que los agravios expuestos por el denunciante eran infundados.
De este modo, sigue firme la sentencia del Tribunal Superior, aunque los acusados pidieron revisión en un Tribunal Colegiado.
Poco antes, en su afán de confundir a los juzgadores, los Gutiérrez Domínguez denunciaron por fraude a Guzmán Millet, debido a la supuesta venta de un terreno que no era de su propiedad ni estaba facultado para ello.
El 15 de noviembre de 2023 Méndez Puch y su esposa interpusieron un amparo en contra de la resolución de la Segunda Sala del TSJ que ordenaba la vinculación a proceso de los acusados por falsificación de documento, pero no por fraude.
¿Por qué se negó la denuncia por fraude?
Los magistrados de la sala consideraron que el delito de uso de documento falso se subsumió (incluir un elemento como parte de un conjunto) al diverso de fraude.
También que Méndez Puch “no se encontraba legitimado para inconformarse” porque la denuncia de fraude, dijeron, sólo es posible a instancia de parte ofendida; es decir, de los Gutiérrez Domínguez.
Éstos habrían sufrido un detrimento en su patrimonio al pagar $534,864 a Guzmán Millet por la parcela de Seyé, a sabiendas de que no le pertenecía.
Por eso, los magistrados de la Segunda Sala emitieron auto de no vinculación a proceso por el delito de fraude en contra de los mismos Gutiérrez y de Guzmán.
Empero, para el juez Leal Mota la resolución de la Segunda Sala del TSJ no está bien fundada.
Esto, porque de la carpeta de investigación del caso se desprende que los hermanos Gutiérrez no fueron adquirentes de buena fe de esa parcela.
Además, consideró, ellos instaron a Gabriel Guzmán a falsificar un poder notarial para apropiarse del terreno, lo que muestra una confabulación entre ellos.
Por este motivo, el juez ordenó a la Segunda Sala del Tribunal Superior dejar sin efecto la resolución de no vincular a proceso por el delito de fraude a los Gutiérrez y a Guzmán.
En cambio, que emita otra en la que Méndez Puch sí está legitimado para interponer la querella correspondiente por ese delito.