La exalcaldesa priista Angélica Araujo Lara impulsó un costoso e inútil plan para cambiar todas las luminarias del alumbrado público de Mérida por otras, según ella, más económicas y potentes, a pesar de la buena calidad del servicio de iluminación de la ciudad en ese momento.
Según datos publicados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, en marzo de ese año, 2011, cuando el Diario dio a conocer ese plan, detrás del cambio de las luminarias se escondía un detallado proyecto de funcionarios del ayuntamiento meridano, del gobierno del Estado y de empresarios de fuera para, al parecer, apoderarse ilegalmente de decenas de millones de pesos del erario.
Entre los subalternos de Angélica Araujo involucrados en esta operación figuraba Álvaro Omar Lara Pacheco, secretario del Ayuntamiento y primo de la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
También Carlos Ariel Bastarrachea Lara, tesorero y primo, a su vez, de Angélica Araujo; Raúl Ricalde Zárate, director de Administración de la Comuna e hijo de Juan Ricalde Ramírez, secretario de Hacienda del gobierno estatal, y Jorge Ermilo Barrera Jure, director de Servicios Públicos Municipales.
Las empresas relacionadas con ellos eran ABC Leasing, WW Energy ST México, S.A. de C.V., y Banco Santander. Todos permanecen impunes.
El “negocio redondo” ideado por los altos funcionarios del Ayuntamiento y ese grupo de empresas consistió en cuatro puntos:
1) Convencer al Cabildo de las ventajas del plan, con argumentos que luego se mostró eran falsos.
2) Licitar un contrato de arrendamiento financiero para la adjudicación de 82,000 luminarias de inducción magnética hecho a modo para favorecer a ABC Leasing, que ya tenía otros contratos de arrendamiento con el gobierno de Araujo Lara.
Ésta eligió el arrendamiento en lugar del crédito bancario, mucho más barato, para no tener la necesidad de pedir autorización al Congreso.
3) Arrendar las luminarias a un precio tres veces mayor, a fin de garantizar las ganancias.
4) Firmar un contrato de factoraje financiero entre el Ayuntamiento y Banco Santander para que la empresa ganadora de la licitación le ceda sus derechos de cobro a esa institución, y ésta pueda cobrar las rentas mensuales directamente de las cuentas bancarias de la Comuna.
De nuevo a la luz
El tema de las luminarias salió de nuevo a la luz el 30 de junio cuando el alcalde interino, Alejandro Ruz Castro, anunció que el Ayuntamiento y Santander habían llegado a un acuerdo para terminar el conflicto legal creado a raíz del arrendamiento, mediante el pago de $475 millones.
El conflicto se originó cuando el sucesor de Angélica Araujo, Renán Barrera Concha, ante el cúmulo de quejas por el mal estado de las nuevas lámparas y la oscuridad de la ciudad, decidió cancelar anticipadamente el contrato de arrendamiento.
Eso ocasionó que ABC Leasing y Santander demandaran a la Comuna meridana, que al final perdió el juicio.
El director de Información Sistemática de la Península, un despacho especializado en estudios económicos que en su momento analizó de cerca los efectos financieros del plan de Angélica Araujo, dice que “en efecto, el cambio de las luminarias era totalmente innecesario”.
“Este era el mejor servicio público de la ciudad y Mérida era una de las ciudades mejor iluminadas del país, por la potencia de las lámparas de vapor de sodio, las que funcionaban antes del cambio, el número de focos per cápita y la capacidad de respuesta de las autoridades para responder a las fallas”.
Además, señala, el servicio de alumbrado en Mérida había recibido el certificado ISO 9001 en el 2000 y en 2010, un año antes del cambio de lámparas decretado por Angélica Araujo, el Ayuntamiento “recertificó a la ciudad, con un tiempo de espera para cambio de lámparas de 48 horas”.
No obstante esto, la alcaldesa convenció al Cabildo de aprobar el cambio de luminarias con argumentos que luego se probó eran falsos.
Poca potencia
El 15 de enero de 2011, el Cabildo meridano en pleno aprobó el procedimiento para el arrendamiento, con opción a compra, de 82,420 lámparas de inducción magnética, mediante una licitación pública la cual no estuvo regida por la Ley de Obras del Estado, sino por el Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Ayuntamiento.
Según la información que la alcaldesa dio a los regidores, de total de lámparas había un lote de 443 de 120 watts, otro de 6,933, de 120; 13,035 de 80, 53,063 de 60 y 8,956 de 40. Todas tendrían un período de vida de 88,000 horas, casi 20 años, en operación continua y encendidas 12 horas diarias, en promedio.
La empresa ganadora se hará cargo del suministro, instalación y arrendamiento de las luminarias por el período comprendido del 1 de marzo de 2001 al 29 de febrero de 2016.
Por todo esto, dijo Angélica Araujo, el Ayuntamiento pagaría $468.8 millones en cinco años a razón de $93.7 millones anuales de 2011 a 2016, según un acuerdo unánime del Cabildo.
De acuerdo con la alcaldesa, la simple instalación de lámparas de inducción magnética significaría el ahorro el ahorro anual en el consumo de luz de 34.357,469 KWH, igual al 57% del consumo de un año.
Eso permitiría reducir 40% o 50% de los pagos del Ayuntamiento a la CFE y con ese ahorro hacer el pago anual del arrendamiento.
La alcaldesa dijo también que las lámparas de inducción tendrían otra ventaja: contaminan menos porque reducen la emisión de bióxido de carbono y, por tanto, de miles de litros de combustibles. Nada de esto resultó verdad. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA