MÉRIDA.- Organizaciones civiles protestaron en las puertas del Congreso de Yucatán cuando se les impidió el paso a la sesión pública para discutir la reforma de supremacía constitucional presentada por Morena.

Después de que la sesión tuvo que ser reprogramada porque no habían pasado las 24 horas desde la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados requeridas, los activistas denunciaron que les cerraron las puertas al recinto legislativo local.

Los manifestantes pedían a gritos que los dejen entrar al recinto legislativo ya que son sesiones públicas, por ley.

“No nos dejaron entrar violando su propia normativa […] que establece que las sesiones son públicas”, expresan los manifestantes.

“Veníamos que manera pacífica, seguimos todo protocolo, entregamos el INE y no nos dejaron entrar”.

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Sociedad civil de Yucatán rechaza supremacía constitucional

Miembros de Frente Cívico Familiar, Misión Rescate México, Frente Cívico Nacional cap. Yucatán, Unión Nacional de Padres de Familia y Mexicanos en Acción y Caridad Política se presentaron en el Congreso local para expresar su rechazo a la reforma.

Sin embargo, se les cerraron las puertas del recinto legislativo.

Además de la protesta en el Congreso la mañana de este jueves, en conjunto con otros grupos de la sociedad civil, reunieron miles de firmas digitales a través de plataformas como CitizenGO y Actívate en contra de la reforma.

“La reforma propuesta busca concentrar el poder en manos del Congreso, eliminando contrapesos fundamentales y debilitando el derecho de Amparo, que ha sido un pilar de la protección de los derechos individuales en México”, dice en su comunicado.

En el oficio dirigido a la morenista Neyda Aracelly Pat Dzul, presidenta del Congreso de Yucatán, las organizaciones civiles piden que se rechace la reforma de supremacía constitucional.

“De aprobarse, el Congreso se convertiría en la última instancia en asuntos constitucionales, eliminando la imparcialidad del Poder Judicial y exponiéndonos a la posibilidad de decisiones arbitrarias sin posibilidad de apelación”.

La iniciativa que impide al Poder Judicial invalidar y otorgar amparos para suspender reformas constitucionales ya fue aprobada en el Congreso de la Unión y 12 legislaturas locales de las 17 necesarias para ser promulgadas.

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