Familias afectadas por el incumplimiento de una constructora vinculada con un funcionario del Infonavit interpusieron cerca de 70 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, pero las carpetas están “durmiendo el sueño de los justos”, dicen los propios vecinos.
Esas denuncias, explican, fueron presentadas en las instalaciones de la Fiscalía en Mérida y Umán hace casi dos años.
En algunos casos se recibieron testigos de los hechos y en otros se dijo a los denunciantes que les avisarían para hacer esas diligencias, pero la notificación nunca llegó y, de acuerdo con los afectados, tampoco hubo respuesta en trámites posteriores.
Los vecinos señalan que también la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se ha lavado las manos en este caso, con el argumento de que no es de su competencia.
En su momento recurrieron a la administración estatal anterior, pero tampoco obtuvieron apoyo ni respuestas satisfactorias a sus demandas.
Algo claro, recalcan, es que el Infonavit está involucrado en operaciones que se hicieron “bajo el agua” y no cumplió su función de supervisar los trabajos.
Como hemos publicado, más de cien familias resultaron afectadas por el incumplimiento de la empresa Sucovisa, S.A. de C.V., cuyos directivos son hermanos de Christian Jesús Mañé Uribe, funcionario del área de crédito del Infonavit.
El instituto liberó los créditos e, incluso, ya los está cobrando a los defraudados. Las primeras casas fueron entregadas en mayo de 2022, en una ceremonia que presidieron Rogerio Castro Vázquez y Nayely Balam Chan, entonces secretario general y delegada regional del Infonavit.
Las viviendas fueron entregadas sin agua potable y con “diablitos” para que les llegara energía eléctrica. La mayoría de las casas programadas quedó inconclusa. En algunas más ni siquiera comenzó la construcción.
Los defraudados hacen notar que a los problemas de las casas se suma que el Infonavit les está requiriendo pagos por obras no recibidas o recibidas en mal estado.
Más perjuicios
Hay casos en que tuvieron que solicitar que les dieran de baja en sus centros de trabajo para que no les siguieran reteniendo los pagos al Infonavit.
En las oficinas de la institución les alegan que ésta no construye las casas y solo otorga los créditos, pero le responden que sí es corresponsable del problema porque no cumplió su obligación de supervisar.
“Aquí todo pasó bajo el agua, porque los créditos se liberaron”, indicó uno de los inconformes.
La financiera Yavo Capital también está involucrada. Su representante Misael Vera se puso en contacto con los afectados y, según éstos, mostraba interés en apoyarlos, pero ya no saben más de él.
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