La sociedad exige transparencia, hay que cuidar la legalidad y no se debe tolerar ningún acto de corrupción. Estas fueron las principales opiniones expresadas ayer por parte de los líderes estatales del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza sobre las preferencias del gobierno del Estado en las contrataciones para obras públicas.
Por parte del partido Morena, rechazó que haya intentos de desinformar como en este caso, porque fueron obras contratadas en la anterior administración estatal y no en la actual.
Ayer informamos que obras de mantenimiento en las instalaciones de la feria de Xmatkuil, en las que se invirtieron 57.5 millones de pesos, beneficiaron a una empresa vinculada con el gobierno del Estado.
Se trata de Asfalsur, cuyo principal accionista es a su vez socio de Mario Millet Encalada, quien tuvo como empleados de confianza a Dafne López Martínez, coordinador de asesores del gobernador Joaquín Díaz Mena y Juan Gabriel Sánchez Álvarez, secretario de Administración y Finanzas.
También hemos informado que en las últimas administraciones estatales y municipales se favoreció en la asignación de obras públicas a empresas de Millet Encalada.
Se le pidió a los principales partidos políticos en la entidad sus opiniones al respecto.
Morena responde sobre supuesto favoritismo
Carlos Bojórquez Urzaiz, presidente de Morena, consideró importante aclarar que las obras mencionadas fueron contratadas durante el sexenio anterior, con procesos de convocatoria, adjudicación y firma de contratos realizados en septiembre, antes de que este gobierno inicie sus funciones.
“Bajo la Cuarta Transformación, la transparencia es y será un pilar fundamental de nuestra administración. Rechazamos cualquier intento de desinformar y reiteramos nuestra voluntad de mantener un diálogo abierto, basado en datos claros y verificables”, remarcó.
Gaspar Quintal Parra, presidente estatal del PRI, declaró que de ser ciertas las dudas razonadas sobre un posible favoritismo a un empresario por parte del gobierno del Estado para la asignación de obras como las realizadas en la feria de Xmatkuil, esto sería algo muy peligroso por varias razones, pero de manera sobresaliente por dos:
“La primera, porque se estaría asignando (la obra) en forma ilegal ya sea adjudicando, justificando alguna emergencia o bien simulando una licitación, lo que se podría convertir en una práctica que dure todo el sexenio y veamos en Yucatán lo que se ha denominado como ‘capitalismo de cuates’”.
Esto, refirió, “al recibir utilidades por obra pública aquellos que en su momento financiaron campañas políticas, en detrimento de empresas que nunca han participado en esas prácticas, pero que generan empleo y arriesgan su capital”.
“Por otro lado, es preocupante que un empresario tendrá el control del gobierno desde lo oscurito y se vulnere la decisión de los yucatecos que eligieron a otra persona para esa responsabilidad”.
Lo anterior es peor “tratándose de un gobierno que se autodetermina de izquierda y que en lugar de tener una visión hacia los grandes grupos sociales, en especial los más vulnerables, sirva a los intereses de una oligarquía económica que desde los tiempos de Carrillo Puerto han oprimido a los más pobres”, señaló.
Álvaro Cetina Puerto, líder estatal de los panistas, solo manifestó: “Tengamos presente que se trata de una obra realizada durante la actual administración”.
“Resulta llamativo que en el gobierno del Estado se identifique a dos personas con cargos de alto rango directamente vinculadas a empresarios involucrados en licitaciones públicas”.
“Por lo anterior, pienso que es un tema en el que, como yucatecos, tenemos que estar atentos y cuidar que toda licitación pública se haga apegada a la legalidad y con transparencia”, expuso el político.
Raúl Ernesto Sosa Alonzo, dirigente estatal de Nueva Alianza Yucatán, dijo que las autoridades, sean estatales, nacionales o municipales, deben cumplir con lo establecido en la ley en relación con las licitaciones públicas que se realizan.
La sociedad exige transparencia y honestidad en el gasto público, ese es el reclamo de todos los ciudadanos para cualquier tipo de gobierno, manifestó.
Nayelli Hernández Crespo, lideresa estatal de Movimiento Ciudadano, consideró que cualquier acto en el ejercicio de las convocatorias de licitación debe ser siempre justo y no se debe tolerar ningún acto de corrupción en el proceso.
“El gobierno estatal debe estar a la altura y no caer en aquello que se ha empeñado tanto en criticar, lo oportuno es que debería tener lugar una investigación y aclarar esos movimientos, tanto los realizados en la administración anterior como los de la presente; se trata de recursos públicos que deben ser ejercidos con la mayor transparencia”.