La ex diputada estatal de Movimiento Ciudadano Vida Gómez Herrera denunció el incumplimiento de la Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán, promulgada en 2018.
Desde su aprobación es ignorada por las administraciones estatales, lo que en su opinión contribuye al incremento de casos de suicidio en la entidad, criticó.
“La Ley de Salud Mental sigue siendo letra muerta porque el gobierno del Estado, desde 2018, se ha negado a aplicarla. Y esto, en una entidad con un aumento sostenido en los casos de suicidio, es inaceptable”, dijo.
La exdiputada destacó que uno de los pilares de esta ley es la creación del Instituto de Salud Mental como órgano auxiliar para ejecutar acciones en esta materia, pero nunca se materializó de forma adecuada.
Facultades del Instituto de Salud Mental en Yucatán
“Se establecieron 32 facultades muy claras para este instituto, como la elaboración del Programa de Atención a la Salud Mental del Estado”, señaló.
“Pero en la administración anterior, el instituto era solo un escritorio y el nombramiento de un titular sin presupuesto ni operación. El resultado fue que los casos de suicidio siguieron incrementando”, explicó.
Entre los puntos clave de la ley que no se han cumplido, la exlegisladora mencionó los siguientes:
Incorporar programas de salud mental en las escuelas.
— “El artículo 53 faculta al Instituto, en coordinación con la Secretaría de Educación, para incorporar estrategias de salud mental en la currícula educativa. Esto no se ha realizado”.
La creación de villas de transición hospitalaria.
— “El artículo 73 establece la obligación de crear villas para fortalecer la rehabilitación y reinserción social de las personas usuarias. Aunque se construyó un edificio, nunca se utilizó para este fin y terminó siendo donado como oficinas y estacionamiento de la ASEY”.
Vida Gómez consideró que uno de los puntos más graves es la falta de claridad en la asignación presupuestal al Instituto de Salud Mental.
“La ley establece que el 7% del presupuesto de la Secretaría de Salud debe destinarse al instituto, pero no se aclara si es el 7% del presupuesto como dependencia o como ramo administrativo”.
“Como dependencia, la Secretaría solo tiene 79 mil pesos anuales, y el 7% serían apenas 3, 900 pesos al año, mientras que como ramo administrativo el presupuesto supera los 5,700 millones de pesos, lo que significaría cerca de 400 millones de pesos para atender adecuadamente la salud mental en el estado”, explicó.
Propuesta de la oposición
En 2022, la entonces diputada Vida Gómez presentó una iniciativa para reformar la ley y resolver esa laguna legal, pero la propuesta fue congelada por la legislatura pasada.
La exlegisladora enfatizó que reformar la Constitución o crear nuevas leyes será inútil si no hay voluntad gubernamental para cumplirlas.
“Si la salud mental fuera una prioridad para el gobierno del estado, se reflejaría en el presupuesto. Leyes útiles son leyes que se aplican. Gobiernos responsables asignan presupuesto real y garantizan su aplicación sin simulaciones”, reiteró.
Aunque reconoció que el gobierno actual ha asignado más recursos que el anterior, la militante de Movimiento Ciudadano insistió en la importancia de etiquetar fondos al Instituto de Salud Mental y cumplir con la ley para garantizar su adecuado seguimiento.
“La salud mental no puede seguir siendo ignorada. Es tiempo de pasar de las promesas a los hechos y de poner verdaderamente la salud mental en la agenda estatal”, dijo la exlegisladora.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA