Desde el pasado miércoles 5 de febrero la alcaldesa de Conkal, Linda Margarita Pérez Quijano, presentó una segunda denuncia, esta vez de carácter penal, ante la Fiscalía General de la República contra su antecesora.
La denuncia también incluye a otros exfuncionarios municipales que formaron parte del cabildo de Conkal.
Esto se debe a la construcción del Complejo de Seguridad en un terreno particular, cuyo propietario ahora lo reclama.
Segunda denuncia contra exalcaldesa de Conkal
Según el documento de denuncia al que la redacción del Diario tuvo acceso, las acusaciones se centran en la omisión de funciones y el incumplimiento de responsabilidades por parte de todos los involucrados en la ejecución de esta obra pública.
Obra en un terreno que no es propiedad del municipio, destaca la denuncia.
Como se informó, el pasado 26 de enero la alcaldesa Linda Pérez declaró que el Ayuntamiento de Conkal podría perder su Complejo de Seguridad (C-4).
Este inmueble, que se construyó con una inversión de 16.600,613.25 pesos durante la administración de la anterior alcaldesa, está en un terreno cuyo propietario exige su devolución y ha advertido que podría demoler las instalaciones.
El Diario reportó el 3 de febrero que, como consecuencia de esta situación, el Ayuntamiento de Conkal presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación contra la exalcaldesa y cuatro exfuncionarios municipales.
Como parte del proceso legal en curso, se informó que el 5 de febrero se interpuso una segunda denuncia, ahora ante la FGR, debido a que se utilizaron recursos federales para la construcción del C-4.
En particular se cuestiona el uso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
¿Quiénes son los implicados en el caso Conkal, en Yucatán?
Entre los exfuncionarios denunciados se encuentran el ex síndico en funciones cuando se aprobó y ejecutó la obra, la ex secretaria del Cabildo, la ex directora de Obras Públicas, el ex titular de la Contraloría y la ex tesorera municipal.
En la revisión de la documentación se detectaron irregularidades en el contrato de la obra, firmado el 11 de diciembre de 2023.
Se señala que no se cumplieron los requisitos esenciales para su validez, ni siquiera los mínimos indispensables, ya que no se contaba con las escrituras del terreno que acreditaran la propiedad municipal.
Al excontralor también se le acusa de actuar con dolo, premeditación y ventaja, ya que en las reuniones de entrega-recepción del Ayuntamiento nunca informó que el Complejo de Seguridad no tenía escrituras públicas ni que estaba edificado en un terreno privado.
Además, se alega que se ocultó esta información clasificando los registros como “información reservada”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA