Con la proyección de un documental corto y resultados de sus investigaciones en campo, la maestra Sandra Gayou Soto expondrá este martes 11 en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis), los problemas que enfrentan los ejidatarios ante los grandes proyectos de desarrollo en Yucatán.
Participará al mediodía en el Seminario “Procesos socio-territoriales y urbano-ambientales en el sureste mexicano” con la ponencia “Defensa del territorio maya en Yucatán ante megaproyectos de energía renovable y el Tren Maya” donde expondrá casos vivientes de ejidatarios de Ixil, del poblado de San José Tipceh (Muna) y Halachó que se organizaron para la defensa de sus tierras y lograron parar y suspender procesos que apuntaban a un despojo del patrimonio ejidal.
El documental, con el título “Donde asoma el venado”, tiene una duración de 23 minutos y es una sólida fuente narrativa de personajes reales del conflicto que complementa la información que recopiló la maestra Gayou Soto durante su investigación.
El documental lo grabaron en 2023 en Yucatán y se estrenó en noviembre de 2024 en los cines del Siglo XXI. El filme ya ganó, según su autora, algunos premios y se proyectará en algunos festivales del país, en el Centro Cultural “Local de Chuburná” en la ciudad, y en Telchaquillo, población que mantiene una lucha jurídica y social contra el INAH por las tierras que ocupa la zona arqueológica de Mayapán.
En entrevista, la ponente destacó la importancia de la organización de la gente para exigir sus derechos agrarios, que los tomen en cuenta en los proyectos, que les consulten sobre la participación de la comunidad, que realmente reciban los beneficios, que tengan un pago justo por las tierras ejidales, que respeten sus costumbres y el medio ambiente.
La organización de la gente en defensa de sus tierras, dijo, evitó la expropiación y despojo de amplios terrenos para la construcción de parques eólicos y solares en Chicxulub Pueblo y en Muna (plantas Ticul 1 y Ticul 2), y en Halachó quedó de manifiesto la corrupción que hubo en la expropiación de los terrenos para la construcción del Tren Maya porque hubo precios diferenciados por la tierra en detrimento de los ejidatarios. La villa cedió una gran porción del ejido para la obra ferroviaria.
“En Ixil y San José Tipceh (Muna) no se hicieron los contratos y las empresas analizan la posibilidad de llevar las plantas a otro lugar”, señaló la investigadora.
“En los grandes proyectos no se toman en cuenta los derechos de las comunidades mayas. No es que estén en contra de los proyectos o del desarrollo, simplemente son proyectos que están fuera de la ley. Son procesos de despojo de tierras que empezaron con la siembra de trasgénicos y con las mega granjas y se extendió a los parques de energía renovable”.
“En el caso del Tren Maya hubo irregularidades en el pago de tierras ejidales, el gobierno federal dio cantidades menores y en el caso de Halachó pagó muy por debajo de lo que pagaron en otros municipios donde el Tren Maya afectó la tierra ejidal”, destacó.
“Las empresas privadas no consultaron a la comunidad, buscaron a los líderes de la comunidad para engañar a la población, les dijeron que harían tal proyecto y realizaban otro distinto; firmaban contratos en blanco, tenían operadores para el despojo de las tierras, pero cuando la gente se organizó para defender su territorio, tanto por la vía legal como con protestas, las empresas no tuvieron más remedio que cancelar los proyectos”.
La maestra Gayou Soto dijo que está enterada que hay más de 40 proyectos de construcción de parques de energía renovable en Yucatán, algunas con autorización y permisos desde 2016, y las comunidades mayas están preocupadas porque la presidenta Claudia Sheinbaum quiere retomar los proyectos de energía renovable en el país, una postura diferente a la del anterior presidente de la república que detuvo los proyectos solares y eólicos.
“Dicen los mismos ejidatarios que si se planea un proyecto en el territorio, que se les consulte, que si les dicen que no pagarían luz, que les cumplan porque en la actualidad donde funcionan los parques eólicos y solares siguen pagando el consumo de electricidad”, señaló.
“Esa energía limpia que producen sus territorios, ni siquiera es para las empresas yucatecas ni para ellos, son para las nuevas empresas que llegan al Estado. Por ejemplo, Amazon recibe electricidad de una de las plantas construidas en Yucatán”.
La investigadora y periodista destacó que si las empresas o gobierno quieren desarrollar algún megaproyecto, que respeten y se apeguen a la ley, que los estudios medioambientales lo realicen profesionales independientes para que reflejen la verdad de las afectaciones”.
“Se necesita un plan integral de política pública en Yucatán sobre megaproyectos, que se ejecute de manera seria y que haya respeto irrestricto a los derechos indígenas y sus comunidades. Eso es lo que quieren los ejidatarios yucatecos”, subrayó.
“Quieren que le den un uso a sus tierras con un pago justo, con beneficios para ellos y garantías de que no serán devastados”.
De momento, el documental sobre la defensa del territorio maya sólo se expone de manera presencial, pero para junio próximo estará disponible en la plataforma digital de YouTube para su consulta.
Derechos ignorados
“En los grandes proyectos no se toman en cuenta los derechos de las comunidades mayas. No es que estén en contra de los proyectos o del desarrollo, simplemente son proyectos que están fuera de la ley. Son procesos de despojo de tierras que empezaron con la siembra de trasgénicos y con las mega granjas y se extendió a los parques de energía renovable”.
“En el caso del Tren Maya hubo irregularidades en el pago de las tierras ejidales, el gobierno federal dio cantidades menores y en el caso de Halachó pagó muy por debajo de lo que pagaron en otros municipios donde el Tren Maya afectó amplia extensión de tierra ejidal”.
