Los adultos mayores de Yucatán sufren diferentes tipos de violencia como la institucional, social, comunitaria, familiar y económica, advierte Gina Villagómez Valdés, investigadora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán.

La falta de medicamentos es otra forma de violencia institucional, dice.

“Esta forma de violencia se ha normalizado en la narrativa gubernamental. No hay casas de retiro del gobierno del Estado para gente sin recursos. Esta es otra forma de violencia por omisión de responsabilidad”.

Además, su inclusión en los supermercados violenta su derecho a recibir un sueldo y no solamente propinas, expone la investigadora.

A la fecha existen leyes que protegen los derechos de la gente mayor.

Existe la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán, publicada el lunes 3 de noviembre de 2014. Su última reforma fue el 23 de junio de 2021, siendo el Decreto 225/2014.

En este decreto se establecen las obligaciones del Estado y de las familias, pero la gente mayor considera que el Estado cumple su obligación con darles la pensión universal de 6,000 pesos bimestrales.

No saben que podrían actuar legalmente por falta de atención médica y medicamentos.

Tampoco saben o no se atreven a demandar pensiones alimentarias a los hijos porque la ley establece que si cuentan con una pensión, aunque no les alcance para vivir, los hijos quedan libres de esa responsabilidad.

En casos de violencia directa en la familia, tampoco tienden a demandar a sus familiares. Son muy pocos los casos que llegan a los juzgados.

“Las violencias contra ellos están subregistradas porque la misma gente mayor no sabe que vive violencia institucional y familiar a menos que sean maltratados directamente con violencia física. Los adultos mayores no piden ayuda cuando viven violencia”.