La clave de la impunidad es la corrupción, pero el mecanismo legal por el que puede operar la corrupción es el retraso en la atención de los expedientes, señaló Luis Ramírez Carrillo investigador social de la Uady.
Como publicamos el viernes pasado, el Fiscal General del Estado, Manuel León León, afirmó que en ese organismo hay un rezago de expedientes acumulados desde 2015.
Por ello, afirmó, se implementó un programa de abatimiento de estos pendientes que representan “un gran número sin resolver”, aunque no precisó cuántos.
Entrevistado sobre esa situación, el investigador Ramírez Carrillo considera que no es solo un problema el retraso de miles de expedientes de más de una década, y no es solo que se tenga la percepción de impunidad, sino que contribuye, abona a la impunidad misma el retraso de expedientes.
La percepción que se ve en realidad, manifestó, “es que sí hay impunidad por retraso de expedientes, y se debe a que el retraso significa o representa un mecanismo para llegar a eso (la impunidad).
“Es la base estructural, independientemente de que esto se preste o se utilice, se manipule, para generar una manipulación de muchísimos juicios que no llegan ni a dictaminarse, no llegan a los Juzgados, son muchas demandas que no llegan a juzgarse y eso aumenta la impunidad”.
Ramírez Carrillo señaló que ese rezago de expedientes puede verse como un mecanismo privilegiado para la corrupción, porque de una manera retrasa los procesos, se puede hasta tratar de olvidar y eso abona a la impunidad.
Dinero e influencias
“Entonces, se presta a que digamos, que quien tiene dinero puede hacer que el expediente pase a la parte de hasta abajo en el tratamiento, ¿no? Que quien tiene influencias puede hacer que los expedientes nunca lleguen a trabajarse adecuadamente o que duerman (el sueño de los justos) por años”, comentó.
El investigador citó que ese atraso se puede ver como “la esencia de la impunidad”, desde los casos de detenciones arbitrarias o preventivas que nunca llegan a juicio o a tratarse demasiado tarde.
“Hay gente que se puede pasar años en la cárcel antes de que su expediente se atienda; retrasan así casos de fraudes, ventas ilícitas, de terrenos y casas, que abona a la mafia inmobiliaria.
“Si no se soluciona, o se retrasa por cualquier cambio o un expediente que puede tardar 10 años en llegar a un juez hace inútil el proceso; se puede prestar hasta a pensar que hay colusión entre el Poder Judicial y los intereses fácticos entre políticos, empresarios corruptos que, digamos, a través de fraudes, a través de ventas ilegales de terrenos, no proceden aunque se denuncie, etcétera, y eso pensando solo en lo civil”, indicó.
“En el caso de los procesos penales, la situación es aún más grave, mucho más grave porque se presta a que la gente detenida de manera arbitraria, o al que tienen que otorgar la presunción de inocencia, definitivamente se queda en la cárcel, y no puede ser que digamos ver los elementos de juicio, porque el expediente nunca se completa, no se analiza a tiempo.
Corrección
“Entonces, esta es una situación de lo más grave, y tiene que corregirse antes de cualquier otra cosa en el poder judicial, reiteró.
Como consecuencias adicionales de esta situación, el entrevistado destacó que es precisamente el retraso en la impartición de justicia lo que lleva a que México sea uno de los campeones en cifras negras de delitos no denunciados.
“Tenemos más de 90% de cifra negra de delitos no denunciados y esta situación se ha mantenido así desde hace más de 30 años”.
En su opinión, eso habla de la falta de confianza en la legalidad misma del sistema, tanto por el hecho de que uno pueda dudar de la justicia, como de que se dude en que alguna vez le hagan caso.
“En gran medida también se debe a este retraso, pues cada uno de esos expedientes retrasados significa un posible delito que se deja de atender; entonces la justicia no es ni expedita ni imparcial, y menos pronta, porque finalmente no se otorga a tiempo”, afirmó.
El entrevistado insistió en destacar que en ese sentido, la sensación de que vivimos una sociedad impune aumenta, y aumenta justificadamente la gente que ya no va a denunciar.
Por toda esta situación las autoridades debieron empezar las reformas, para atender este problema de falta de personal, infraestructura y tecnología para atender las denuncias.
“Falta una estructura real que no responde a ningún fenómeno, digamos, de corrupción, pero no hay dinero, no hay personal, no hay tecnología y es materialmente humano y físicamente imposible atender 10,000 demandas con 100 personas, por decir algo”, citó.
En consecuencia sugiere que se debe cambiar el sistema de análisis de las demandas, hay que establecer uno que las priorice para atenderlas con carácter urgente en forma prioritaria, y luego las demandas que pueden esperar.
“Hay que establecer distintos tipos de personal, uno que atienda las demandas urgentes exclusivamente y otro aquellas que no tienen un carácter urgente ni grave, por ejemplo. Lamentablemente no es solamente un problema de dinero, sino también de organización administrativa y de logística”, puntualizó.