MÉRIDA.- Cobijado por reciente sentencia, el ejido de Chuburná está exigiendo a vecinos de los fraccionamientos Vista Alegre y Del Arco elevadas sumas como “arreglo” para que no se concrete la desocupación de casas que adquirieron de buena fe hace unas cuatro décadas.
N.N.R. es parte del grupo afectado. Rebeca Buenfil Méndez, abogada del ejido, le pidió 275 mil pesos para retirar la inscripción que pesa contra su predio en el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).
Rusell Santos Morales, uno de los representantes de los colonos, advierte que la mafia agraria representada por la abogada Buenfil Méndez ubica a los propietarios más vulnerables, ya sea porque no se adhirieron a la defensa colectiva de sus casas o porque son gente de edad más avanzada.
En el caso específico de N.N.R., explica que se trata de una mujer de 72 años de edad que vive sola con su madre, de 89 años, y desde un principio eligió el camino de la defensa por medio de abogados del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34. Buena parte prefirió hacerlo con abogados privados, en forma más organizada.
Muchos dejaron pasar el tiempo por desconocimiento
El representante vecinal indica que otros dueños de los inmuebles no asumieron una defensa oportuna, no precisamente por el tema económico sino por desconocimiento o ignorancia de lo que está sucediendo.
Se sabe de varios casos de vecinos que desde un principio, cuando el ejido de Chuburná interpuso las demandas hace ocho años, llegaron a un acuerdo con la abogada Buenfil y pagaron diferentes cantidades para tratar de evitar los litigios.
Sin embargo, advierte Rusell Santos, el Tribunal Unitario Agrario no reconoce esos arreglos privados y, por lo tanto, sigue vigente el juicio aun en los casos de quienes pagaron.
“Todos tienen prevenciones e inscripciones en contra en el Insejupy”, subraya.
El amparo, nueva esperanza contra la amenaza de despojos
Anteayer publicamos que vecinos de los fraccionamientos Vista Alegre y Del Arco están haciendo frente a una nueva etapa de su lucha contra la mafia agraria que amenaza con despojarlos de sus viviendas.
Son más de 200 familias afectadas y una parte de ellas, organizada en un grupo de defensa, promovió amparos contra una sentencia del Tribunal Superior Agrario (TSA) que ordena la desocupación de sus propiedades.
El argumento, según la sentencia que los colonos califican de “puñalada”, es que las tierras donde se construyeron las casas son de uso común, como alega el ejido de Chuburná.
Propiedades inscritas legalmente desde hace 45 años
Con esa resolución, las familias comenzaron a recibir desde fines de 2024 notificaciones de la orden de “desocupación, entrega física, jurídica y material de la superficie” que ocupan sus propiedades.
Al insistir en que la sentencia es “absurda” en todos los sentidos, Rusell Santos ratifica que los vecinos no son simples posesionarios de los inmuebles sino que los compraron de buena fe, cuando la zona ya estaba urbanizada.
“Hay quienes cuentan con títulos de propiedad inscritos ante el Insejupy hace más de 45 años”, explica.
Una lucha jurídica que lleva ocho años
El caso, como hemos publicado, tiene antecedentes desde mayo de 2017, cuando se celebró en el Tribunal Unitario Agrario la primera audiencia derivada de las demandas del ejido de Chuburná.
La abogada Buenfil Méndez, quien fue funcionaria de la Procuraduría Agraria, ha sido señalada como la operadora más visible de la mafia agraria que con documentos falsos y medidas ilegales intenta despojar de su patrimonio a más de 200 familias.
Condicionamiento de pago con apoyo a Morena
A principios de mayo de 2024, en plena campaña política, le dio un giro político al conflicto al presidir una asamblea ejidal a la que asistieron dos candidatos de la 4T.
“Si quieren ejidatarios cobrar sus tierras de Vista Alegre y Arcos, tienen que votar por Morena, es la única manera…”, advirtió a los asistentes, en abierto condicionamiento de pago a cambio del voto.
Antes de ese giro político, que toma relevancia ahora con Morena en el poder nacional y estatal, el problema había sido de altibajos para los vecinos, para quienes llegó una luz de esperanza con un fallo a su favor en noviembre de 2021.
Resolución favorable, pero de corta duración
En esa ocasión, Lilia Isabel Ochoa Muñoz, quien había relevado en la magistratura del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 a Antonio Luis Betancourt Sánchez, propinó un golpe a la mafia agraria al declarar improcedente la restitución de tierras exigida por el núcleo agrario Chuburná.
De esa forma, la magistrada absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas.
El litigio continuó con recursos de la parte actora y vinieron nuevas resoluciones –como la revocación a favor del ejido– que hoy han obligado a los vecinos a recurrir al amparo.