A ocho años de que iniciaron férrea lucha contra una “mafia agraria”, vecinos de los fraccionamientos Vista Alegre y Del Arco califican de puñalada una sentencia del Tribunal Superior Agrario (TSA) que ordena la desocupación de sus casas.
Los colonos no se han quedado de brazos cruzados e interpusieron juicios de amparo que están en curso, con la esperanza de salvar las viviendas que adquirieron de buena fe hace más de treinta años.
Son más de 200 familias las afectadas por este problema, derivado de demandas del ejido de Chuburná. Antes de terminar 2024, esas familias comenzaron a recibir notificaciones de una sentencia definitiva que ordena la “desocupación, entrega física, jurídica y material de la superficie” que ocupan sus propiedades.
De ser necesario, se les advierte, se podría disponer del auxilio de la fuerza pública.
Deploran una “decisión de escritorio” y exponen un trato lenonino
“Es una decisión de escritorio que deja en indefensión a los dueños de las casas, sujetos a un trato lenonino con el ejido”, afirma Rusell Santos Morales, uno de los representantes de los vecinos, al comentar el sentido de la resolución del Tribunal Superior Agrario.
Y va más allá: “Es una sentencia de mala fe”.
El caso está ahora en manos de la justicia federal. Por lo menos 30 vecinos decidieron recurrir al juicio de amparo y el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Yucatán ha solicitado los informes correspondientes a las autoridades involucradas.
Proceso basado en documentos falsos o manipulados
Rusell Santos hace notar que la sentencia tiene alcances totalmente lesivos para los vecinos y favorables para el ejido de Chuburná, que basó los procesos en datos falsos y documentos tergiversados que la autoridad agraria dio como válidos.
Además de la desocupación de los predios, el TSA ordena a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) y al Catastro la cancelación del folio de registro de las viviendas.
“Esto quiere decir que toda la vida jurídica de la propiedad en cuestión desaparece de un plumazo”, enfatiza el entrevistado.
Con esa resolución, prosigue, los propietarios que no deseen alargar el conflicto se exponen a un trato injusto con los ejidatarios: pagar las cantidades que les exijan por tierras que, según la citada sentencia, son de uso común a pesar de que las evidencias han mostrado lo contrario.
Un problema que comenzó en 2018: lo atribuyen a la mafia agraria
El problema de los fraccionamientos Vista Alegre y Del Arco salió a la luz en 2018. En febrero de ese año, el ejido de Chuburná, representado por la abogada Rebeca Buenfil Méndez, promovió juicios contra los colonos en demanda de la restitución de tierras en ambas unidades habitacionales.
Rebeca Buenfil fue funcionaria de la Procuraduría Agraria y es identificada como la cabeza visible de una mafia inmobiliaria que intenta despojar de su patrimonio a más de 200 familias de los mencionados fraccionamientos.
La primera sentencia llegó casi un año después. El Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 34, con sede en Mérida y a cargo entonces de Antonio Luis Betancourt, sentenció a los vecinos a pagar una retribución al ejido.
Desde un principio los vecinos hicieron notar, en sus recursos, la manipulación de planos y datos incorrectos.
Una de las inconsistencias, de acuerdo con sus alegatos, corresponde al dato sobre la expropiación de tierras. Los demandados citan el número correcto, basados en publicaciones del Diario Oficial de la Federación, que incluso arrojan un “sobregiro” si se toman como válidos los argumentos del ejido.
¿Dónde está la salida de Mérida hacia Conkal?
Como parte de la manipulación de planos, la parte actora insistió en ubicar la salida de Mérida a Conkal sobre la calle 23, a partir del cruce con la calle 18 del fraccionamiento Del Arco, que en realidad no existe, como se puede constatar en documentos del municipio.
La parte demandada sostiene que esa salida estaba sobre lo que es ahora la avenida Correa Rachó. Esa ubicación cambia por completo el escenario que presenta el ejido de Chuburná.
Después de la primera sentencia, los afectados interpusieron un recurso de revisión y el proceso ha continuado en medio de varias aristas.
Hay casos de vecinos que desde un principio aceptaron pagar las cantidades que les exigía el ejido, en un intento de evitar problemas mayores.
En próximas ediciones abundaremos en los detalles del caso.
Porque no dicen que son 3 Magistrados de la 4T que estuvieron a favor de una resolución del Tribunal Superior Agrario???