Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) halló un posible daño o perjuicio al erario por $322.6 millones, que se concentra más en los municipios.

Los detalles de la revisión están en el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior que la ASEY entregó ayer al Congreso del Estado, junto con los Informes Individuales de la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2024.

El posible daño al erario, de acuerdo con el órgano fiscalizador, se encuentra sujeto a las etapas de revisión, aclaración y seguimiento previstas en las normas.

Los $322.6 millones corresponden a las tres entregas del período fiscalizado.

La mayor cantidad, de $241.38 millones, es de la tercera.

Municipios de Yucatán señalados por daño millonario

En esa tercera entrega sobresalen, por su monto, los ayuntamientos de Telchac Puerto, Tinum y Celestún, con un posible perjuicio al erario de $31.88 millones, $25.23 millones y $18.66 millones, respectivamente.

La entrega de los documentos en el Congreso estuvo a cargo del auditor superior del Estado, Rubén de Jesús Arjona Ortiz. Los recibieron diputados encabezados por Wilmer Monforte Marfil, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y María Esther Magadán Alonzo, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública.

Revisión y seguimiento

En una entrevista, el maestro Arjona Ortiz explicó que con la presentación del Informe General la ASEY cumple a cabalidad lo establecido en el Programa Anual de Auditoría 2025 de la Cuenta Pública 2024.

De esta forma, indicó, concluye la etapa de revisión prevista para este ejercicio y se da paso al proceso institucional de seguimiento.

En palabras del auditor superior, el proceso de fiscalización no se agota con la entrega de este Informe General ni con la notificación de los informes individuales.

Por el contrario, abundó, “se mantiene un seguimiento exhaustivo de las acciones promovidas en los términos que marca la ley, mecanismo que permite dar continuidad a los hallazgos y complementa el ciclo de la fiscalización”.

Más de 200 auditorías

Durante el ejercicio de fiscalización se revisaron 204 entidades públicas correspondientes a los tres Poderes del Estado, organismos autónomos, municipios y entes paramunicipales. Se hicieron en total 232 auditorías.

El proceso consideró una muestra auditada de 11,078.7 millones de pesos, equivalentes al 62.89% de los recursos públicos que son facultad de la ASEY auditar.

Rubén Arjona indicó que este alcance refleja “un ejercicio amplio de revisión que busca generar información confiable y útil para comprender cómo se ejercen los recursos y dónde existen oportunidades de mejora”.

Como resultado del proceso técnico de auditoría se emitieron 1,783 observaciones finales, de las cuales derivaron 2,178 acciones desglosadas de la siguiente manera: 1,245 promociones de responsabilidad administrativa, 643 pliegos de observaciones, 265 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 25 recomendaciones.

El informe, como indicamos antes, integra un posible daño o perjuicio por $322.6 millones correspondiente a la Cuenta Pública 2024.

Casos representativos

En la tercera entrega de los informes individuales destacan las menciones de los ayuntamientos de Telchac Puerto, que suma un posible perjuicio de 31.88 millones de pesos; de Tinum, con $25.23 millones; de Celestún, con $18.66 millones; de Espita, con $16.37 millones, y de Tzucacab, con $14.05 millones.

También aparece la paramunicipal Servilimpia, correspondiente al Ayuntamiento de Mérida, con 13.40 millones de pesos.

Sobre este último asunto, el 15 de noviembre pasado publicamos que la dirección de Servilimpia interpuso ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán una denuncia por presuntos gastos no comprobados durante el ejercicio 2024.

Derecho de audiencia

Arjona Ortiz explicó que el proceso de fiscalización se desarrolla bajo un marco legal que garantiza el debido proceso y el derecho de audiencia de los entes auditados.

La Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, añadió, prevé etapas procesales específicas en las que las entidades pueden presentar documentación técnica y probatoria para sustentar el ejercicio de los recursos observados.

La documentación es analizada antes de que la ASEY emita un pronunciamiento final.

“Se trata de un procedimiento que busca asegurar que cada caso sea valorado con estricto apego al marco normativo y con base en evidencia suficiente y bajo criterios técnicos, privilegiando siempre la legalidad y la objetividad”, añadió.

El informe incorpora un apartado específico con sugerencias para adecuar disposiciones legales vinculadas con la gestión pública y la rendición de cuentas.

Estas propuestas, señaló el entrevistado, derivan del análisis de patrones detectados durante las auditorías y buscan fortalecer el marco normativo en temas como control interno, contratación pública y calidad de la información gubernamental.

“La fiscalización superior no se limita a revisar cifras, sino que implica analizar contextos, identificar riesgos y generar información útil para fortalecer la toma de decisiones sobre el dinero público”, aseveró.

Otro apartado del Informe General se refiere a riesgos identificados durante la fiscalización, entre los cuales se encuentran debilidades en los sistemas de control interno, inconsistencias en registros financieros, áreas de oportunidad en procesos de contratación de obra y retos relacionados con la planeación y ejecución del gasto público.

Para el titular del órgano estatal de fiscalización, estos elementos permiten orientar acciones preventivas y fortalecer la gobernanza institucional desde una perspectiva técnica.

El auditor superior reiteró que la entrega del Informe General Ejecutivo representa una etapa clave en el proceso de fiscalización superior, pero no su conclusión.

“La rendición de cuentas es un proceso continuo que se construye con información clara, análisis técnico y seguimiento institucional; es el propósito central de este informe”, concluyó.

El informe está disponible para consulta pública en el portal de la ASEY (https://asey.gob.mx/web/).