La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Poder Ejecutivo Federal promovieron un recurso de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra la “reforma a la yucateca”, tras los últimos cambios que hicieron en Yucatán a la Constitución del Estado, por los cuales se lleva al cabo ahora el proceso electoral extraordinario para elegir a los funcionarios judiciales del Estado.
Dicho recurso de inconformidad solicita la invalidez de las reformas constitucionales y cambios a la Ley de gobierno del Poder Judicial del Estado, se presentó en abril pasado y fue admitido ya para su estudio el jueves 8 pasado. Se nombró como instructora para este caso a la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Como se ha informado, el 6 de marzo pasado el Congreso del Estado aprobó por unanimidad las reformas a la Constitución en materia judicial para elegir a nueve de los 15 magistrados del Tribunal Superior de Justicia y dejar solo a seis.
¿Por qué se dice que es “una refoma a la yucateca”?
De igual manera, se votará por cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, el cual sustituirá a la Judicatura del Estado, y actualmente está en marcha el proceso electoral extraordinario judicial, como producto de lo que llamaron “una reforma a la yucateca”.
Esto se debe a que aun cuando las reformas federales que llevaron a Yucatán para hacer estos cambios establecen que se deberán elegir a todos los magistrados judiciales, incluso a sus jueces, tanto estatales como federales, acá se aplicó solo a unos cuantos y se dejó a otros en su encargo.
De acuerdo con el documento de la Suprema Corte de Justicia, al que tuvo acceso el Diario, se trata de dos expedientes 44/2025 de la CNDH y el 45/2025 del Poder Ejecutivo Federal, que se unieron en uno solo.
Se advierte que en un plazo de 15 días hábiles se debe notificar tanto al Congreso del Estado, como al Ejecutivo estatal, para que respondan los actos reclamados.
Reclamos por un proceso
De los actos reclamados, los promoventes solicitan la invalidez de los artículos que se reformaron y que se refieren a cómo se integrará el nuevo Tribunal Superior de Justicia, incluyendo la elección de los presidentes y su tiempo de duración.
También piden la invalidez del artículo séptimo, que establece los tiempos en los que serán magistrados quienes sean elegidos, así como a las seis magistraturas que no tendrán cambios, cuyos titulares permanecerán en sus cargos hasta 2036, por tratarse de la actual presidenta del Tribunal Superior, y de quienes presiden salas.
Ante lo planteado en el expediente, se establece que, “se admiten a trámite las acciones de inconstitucionalidad”, que hacen valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia, que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia, para lo cual no hay fecha aún establecida.
Asimismo, se requiere a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Yucatán, rendir sus respectivos informes en torno a los hechos reclamados.