El gobierno federal prepara nueva reforma para que los sistemas de combate a la corrupción dejen de ser autónomos, advirtió Pedro Vicente Viveros Reyes, presidente del Comité de Participación Social y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Durante su participación en el foro virtual “El derecho de acceso a la información: desafíos y oportunidades tras las reformas normativas”, organizado por las coordinaciones de Cimtra de Yucatán y Quintana Roo, Vivero Reyes dijo que la intención del gobierno federal es que los sistemas de combate a la corrupción queden como una dirección y dependan de las secretarías de la contraloría de los gobiernos estatales y los comités de participación ciudadana serían cargos honoríficos.
Esta nueva estrategia para limitar la rendición de cuentas ya se puso en práctica en Tabasco. En este estado renunciaron el titular de la secretaría ejecutiva y ahora ese organismo pasó a ser una dirección de la Contraloría estatal.
“Hay fuertes rumores que presentarán ante el congreso de la unión dicha iniciativa para cambiar la estructura de los sistemas anticorrupción”, señaló.
Plazo
“Si la aprueban, habrá 90 días para que desmembren los sistemas anticorrupción. Yo creo que sí va a proceder porque la 4T tiene la mayoría parlamentaria y la tendencia nacional va por ese camino de la no rendición de cuentas y la impunidad”.
Ante estas nuevas restricciones a la transparencia, Viveros Reyes propuso que se insista ante los gobiernos que se incluya un Consejo Consultivo Ciudadano y Comités de Participación Social en los sistemas de transparencia para que aquellos ciudadanos comprometidos con el buen gobierno, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción alcen la voz, aun cuando no tengan derecho al voto. Sin embargo, los organismos tendrían representación ciudadana.
Participación
Mauricio Merino Huerta, director del Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, admitió que al gobierno le choca la participación ciudadana y consideró que mantendrán los sistemas anticorrupción, pero el gobierno tendrá que tener esta maquinaria bien aceitada porque es evidente que se le escapa los hechos de corrupción en el país.
“Los comités de participación social deben de seguir, con permiso o sin permiso”, subrayó.
“He visto que se ha creado una clase política de transparentólogos que están preocupados por el combate a la corrupción, es hay grupo amplio, nos conocemos, hemos construido un espacio de confianza. Yo creo que esta comunidad va seguir vigente, pase lo que pase”.
“Hay otro tema que es una tragedia nacional como son los municipios mexicanos. Muchos años estudié a los municipios y cada vez están peor”, señaló el doctor Merino Huerta.
“Tienen una vida desfasada del diseño institucional, no es la excepción, ni existen. Es un problema serio, mientras no se resuelva el caso de los municipios (que no tienen el equipamiento ni personal para implementar los sistemas de transparencia y corrupción), vamos a firmar un acuerdo de coordinacion, pero será una subordinación. No sé cómo resolverlo, necesita algo más profundo, además, están desafiando a la patria porque es por medio de los municipios que se esta colando el crimen organizado. Es una tragedia y como que el gobierno de la república no lo quiere ver”.
Los tres ponentes, el otro fue el doctor en derecho Adrián Alcalá Méndez, coincidieron que el acceso a la información parte de la existencia de la información, por lo tanto, no puede haber ese derecho de acceso, si no hay información.
“Se nos olvida que la creación del derecho al aceso de la información depende de la información”, destacó Merino Huerta.
“Cuál es esa información, cómo se organiza y se expone, esa es la entrada al súper, la salida es cuado se pide la información de manera especifica. Antes se pasaba al INAI pero ya no existe. Ahora dependerá de los gobiernos si la entregan o no, si no la recibimos, nos vamos al recurso y finalmente ellos mismos deciden si nos lo dan o no”.
También destacaron que la reforma constitucional de 2025 transformó el marco normativo de la transparencia y ahora la sociedad tiene que buscar alternativas para ejercer su derecho a la información y obligar al gobierno que rinda cuentas y que se conozcan actos de corrupción.
Para fortuna de estos transparentólogos, nadie tocó el listado básico de la información obligada a subir en forma pública, existe la inteligencia artificial que bien usado y con preguntas específicas puede arrojar información, la ciudadanía tendría que ejercer un papel más activo de exigencia a las contralorías estatales e inmiscuirse por medio de comités de participación social y consejos consultivos ciudadanos.