MÉRIDA, Yucatán.— Al final prevaleció la “Reforma a la Yucateca”, con el voto dividido los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en sesión extraordinaria decidieron que contra la protesta de la presidenta del país y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las seis magistraturas panistas del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que no entraron a la elección se queden vigentes hasta 2036.
También por mayoría el pleno de la SCJN decidió que, la presidencia del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial del Estado, se decida por la mayoría de sus integrantes, sea por un periodo de dos años, y su prolongación de hasta un año más si la mayoría también lo decide, a pesar de que también fue otro de los puntos que protestaron la Jefa de la Nación Claudia Sheinbaum Pardo y la CNDH.
De acuerdo con estas resoluciones María Carolina Canto Valdés, actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, continuará pero solo como magistrada hasta 2036, al igual que los y las actuales de salas colegiadas que son: Alberto Salum Ventre, Mario Castro Alcocer, Lizette Mimenza Herrera, Mauricio Tappan Silveira y Patricia Gamboa Wong, todas y todos electos en la pasada administración panista, por lo cual se les considera “del exgobernador Mauricio Vila Dosal”.
Estas decisiones no fueron fáciles, les llevó más de una hora de debates, incluso en la votación sobre si se elimina o persiste el contenido del artículo 64 sobre la creación de Tribunales desde el Poder Judicial del Estado, se dio un empate, pero al final una ministra cambio su voto para aprobar que persista lo que dice este ordenamiento.
Sobre la decisión del principal punto, que era la permanencia de las seis magistraturas de los panistas, prevaleció el argumento de que no se podría desechar todo el articulado transitorio que incluye ese tema, por tratarse de un proceso electoral ya consumado, la ciudadanía ya votó y eso significa que aceptaron que las elecciones se hagan con las reglas que hoy se pretenden cambiar, como lo plantean en sus recursos de inconstitucionalidad la presidenta del país y la CNDH.
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