La reciente designación del todavía magistrado Luis Armando Mendoza Casanova como juez de control penal generó reacciones negativas en el ámbito político del estado, empezando por sus antecedentes.
El funcionario ha sido acusado por organizaciones de mujeres por violencia de género, además de haber intentado liberar a un violador de menores.
Uno de los primeros en pronunciarse fue Álvaro Cetina Puerto, presidente estatal panista, quien recordó “que la bancada del PAN en su momento impidió que esta persona participe en las listas (de candidatos a repetir como magistrado) por los antecedentes”.
Luisa Inés Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista del Poder Judicial, mencionó que esta designación significa una nueva traición a las mujeres yucatecas y un retroceso a la impartición de justicia perpetrado por la actual presidenta del Poder Judicial de Yucatán, María Carolina Silvestre Canto Valdés.
En sus últimos días en la presidencia, ella se conduce bajo los intereses del exgobernador Mauricio Vila Dosal, quien a todas luces protege a Mendoza Casanova, refirió.
En sesión vespertina de anteayer martes, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a solicitud del magistrado Mendoza Casanova, lo designaron por mayoría para que repita como juez de control penal, con el voto en contra de dos de los cinco consejeros.
Entrevistado al respecto, Cetina Puerto recordó que en la aplicación de la reforma judicial en Yucatán la bancada del PAN promovió mejoras significativas, incluyendo criterios de idoneidad para los aspirantes a jueces y magistrados.
“Uno de estos criterios fue que los candidatos debían cumplir con la ley 3 de 3 contra la violencia de género. Por esta razón, la bancada del PAN impidió que Mendoza Casanova participara en el proceso de elección judicial, dada su trayectoria”.
Ante los señalamientos de que la elección de Mendoza Casanova podría ser por influencia del PAN, el dirigente de este partido dijo que “todo poder es independiente. La bancada del PAN fue la que propuso estas reformas y se opuso a la inclusión de esta persona en las listas, basándose en sus antecedentes”.
“Hemos manifestado en el momento que votamos en el Congreso para que esta persona no integre las listas, ahí está la manifestación expresa del PAN”, puntualizó.
Luego recordó que en esta reforma del Poder Judicial a la yucateca fue la bancada que propuso estas mejoras para cumplir estos criterios que cumpla con la ley 3 de 3, porque están convencidos que los juzgadores también deben representar los valores de las familias yucatecas.
La lideresa sindical de trabajadores del Poder Judicial, Luisa Martín Puc, recalcó que este nombramiento “fue una designación por dedazo”.
“Bajo el cobijo del exgobernador panista, Luis Armando Mendoza fue nombrado Consejero de la Judicatura, magistrado del Tribunal Superior y ahora le regalan una nueva posición en el sistema judicial, a pesar de sus antecedentes de violencia y de no tener la capacidad de impartir justicia con perspectiva de género y de derechos humanos”, remarcó.
En su opinión, fue un nombramiento ilegal, de acuerdo con los artículos 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Una causal de separación del servidor público a la carrera judicial es la renuncia, lo que se concretó el 1 de diciembre del 2023 cuando Mendoza Casanova presentó un escrito ante el Congreso del Estado para manifestar su renuncia como consejero de la Judicatura para convertirse en magistrado.
Mendoza Casanova renunció a la carrera judicial, y por lo tanto no cumple con el ordenamiento legal aún vigente en lo relativo a las convocatorias para el nombramiento de jueces, recordó.
“No cumple con el actual requisito de carrera judicial. No hay fundamento legal para ser nombrado juez y mucho menos fue votado por la ciudadanía para ocupar esa posición, ya que será hasta 2027 cuando se realice el proceso electoral para nombrar a los futuros jueces”, explicó.
A su parecer, el retorno o nombramiento como Juez de Control avalado por la magistrada presidenta María Carolina Canto, y los dos consejeros Álvaro Juanes Laviada y Claudia Ileana Pedrero Irabien, es a todas luces contrario a Derecho.
“Estamos ante el peor cierre de una administración del Poder Judicial que, aunque fue efímera, sí provocó daños a la base trabajadora y a la sociedad yucateca. No entendemos por qué si la actual Legislatura desechó por unanimidad la candidatura de Mendoza Casanova en la elección judicial pasada, ahora la magistrada presidenta y los otros consejeros realizaron este nombramiento arbitrario y por dedazo”, indicó.