En una sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), fue aprobado por mayoría de votos el acuerdo mediante el cual se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), correspondiente al expediente JDC 059/2025 y acumulados.
El acuerdo busca atender los efectos establecidos en la resolución del Tribunal, en particular los apartados relativos al informe de cumplimiento y a la garantía de asistencia jurídica para los promoventes de juicios.
El único voto en contra fue emitido por el consejero electoral Roberto Ruz Sahrur, quien cuestionó la solidez del acuerdo al considerarlo insuficiente.
“No hay ningún elemento que me haga considerar que es un antes y un después en la postura del instituto hacia la defensoría”, declaró.
Ruz Sahrur dijo que el documento carece de compromisos claros, plazos definidos o mecanismos eficaces para garantizar que las personas promoventes reciban atención oportuna.
“No hay ni siquiera un número de teléfono para los promoventes para que puedan contactar con facilidad al área de secretaría ejecutiva”, señaló.
Asimismo, criticó la falta de designaciones nominales para el personal que brindará acompañamiento.
Desde su perspectiva, el acuerdo representa “cumplirla con lo mínimo o menos de lo mínimo”.
Luego subrayó la obligación del instituto de ir más allá de lo solicitado por el Tribunal, especialmente en temas de orientación jurídica y promoción de los derechos político-electorales.
El consejero presidente del Iepac, Moisés Bates Aguilar, respondió que el instituto ha cumplido con la responsabilidad de presupuestar la defensoría desde 2024, como lo instruyó el Congreso del Estado, y que ha realizado gestiones para obtener recursos tanto humanos como financieros.
“Es una realidad de que cualquier política pública que se implemente en el estado tendrá que ser dotada de los recursos suficientes para materializarse”, expresó.
También agregó que la institución ha enfrentado limitaciones presupuestales en años electorales complejos, pero ha procurado cumplir con todas sus atribuciones.
Bates Aguilar citó directamente la sentencia del TEEY, la cual establece que el Iepac deberá implementar la defensoría pública de los derechos políticos y electorales antes del inicio del proceso electoral 2026-2027, especialmente para atender a grupos en situación de vulnerabilidad.
Además, informó que el instituto buscará establecer vínculos con instituciones académicas que puedan brindar apoyo legal gratuito, y aclaró que hasta ahora no se ha recibido ninguna solicitud formal de acompañamiento jurídico por parte de las personas promoventes.
“Estamos en toda la posibilidad, en toda la disponibilidad de poder generar espacios para que la ciudadanía vea garantizados sus derechos políticos o la defensa de sus derechos políticos”, reiteró.
No obstante, Ruz Sahrur insistió en que el enfoque es limitado, ya que se circunscribe únicamente a los promoventes del juicio.
“Yo hubiese celebrado muchísimo que no especificara personas promoventes y que sea para toda la ciudadanía”, comentó, sugiriendo que la orientación jurídica debe ser un servicio permanente del instituto, más allá del contexto del litigio.
El dirigente puntualizó que esta restricción deriva directamente de la sentencia del TEEY.
“Es la propia resolución del Tribunal Electoral la que identifica que nos refiramos y que generemos espacios de defensa a los promoventes del juicio”, explicó.
Finalmente, el acuerdo fue aprobado con seis votos a favor y uno en contra.