La Asociación Mexicana de la Industria Turística de Yucatán (Amity) solicitó al Congreso del Estado establecer en la normatividad local el delito de “fraude turístico”, una problemática grave, sistemática y en crecimiento que coloca a Yucatán en el tercer lugar nacional en la incidencia de este ilícito, informó su presidenta, Rosa Isela García Pantoja.
La dirigente empresarial señaló que, tras entregar la solicitud en la sede del Poder Legislativo, existe una mejor disposición de los diputados para atender la petición, luego de que se reunieron con la Comisión de Turismo y recibieron información que permite dimensionar la magnitud del problema.
La presidenta de la Amity añadió que incluso los legisladores ofrecieron dar seguimiento al planteamiento y organizar mesas de trabajo con el objetivo de construir una figura jurídica específica, y no continuar atendiendo estos casos como un delito común, como ocurre actualmente.
El documento entregado al Congreso expone que, con fundamento en los principios de protección al consumidor, legalidad, seguridad jurídica y desarrollo económico sostenible, el fraude turístico afecta de manera directa al sector, que solo en 2024 registró pérdidas por 800 millones de pesos y en 2025 alcanzó los 850 millones.
El escrito detalla que este tipo de fraude es cometido por agencias de viajes, organizadores de eventos, empresas de transporte terrestre, vendedores en banqueta, enganchadores, operadoras de servicios turísticos y hospedajes tipo Airbnb que operan al margen de la ley.
Yucatán, en el top tres de mayor afectación
Las pérdidas, superiores a 800 millones de pesos, están estimadas con base en proyecciones consolidadas por Mastercard a nivel nacional, cifras que ubican a Yucatán como la tercera entidad del país con mayores afectaciones por esta problemática.
La asociación advierte que, en la mayoría de los casos, quienes cometen este ilícito no reciben sanciones efectivas debido a la ausencia de una tipificación específica del fraude turístico en los marcos normativos vigentes, lo que genera vacíos legales que impiden una adecuada persecución penal y administrativa.
La Amity subrayó que esta situación ya tiene consecuencias tangibles en el estado. Tan solo en enero del presente año se documentó al menos un caso de fraude turístico en una agencia de viajes establecida, con afectaciones a turistas locales, nacionales e internacionales. Estos hechos, indicaron, no solo provocan daños patrimoniales, sino que vulneran la confianza del consumidor, afectan la competitividad del destino y lesionan la imagen turística de Yucatán.
Ante este panorama, la asociación solicitó al Congreso cuatro acciones concretas:
- 1) Tipificar el fraude turístico como figura jurídica específica dentro de la legislación estatal.
- 2) Establecer sanciones penales y administrativas severas, claras y disuasivas para evitar la reincidencia.
- 3) Garantizar condiciones de legalidad, certeza jurídica y competencia leal para las empresas formalmente establecidas.
- 4) Proteger el desarrollo económico del turismo como actividad estratégica, al aportar el 16.5% del Producto Interno Bruto estatal.
La Amity expresó su convicción de que la tipificación del fraude turístico representa una acción preventiva y correctiva indispensable para fortalecer el Estado de Derecho, proteger a los turistas y consolidar a Yucatán como un destino seguro, confiable y competitivo a nivel nacional e internacional.