Inesperadamente, un juez cambió la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la de prisión domiciliaria a Mario José Farfán Estrada, ex dirigente del PRI y presunto integrante de la mafia inmobiliaria.
Se le acusa de intentar apoderarse en dos ocasiones de un valioso predio en el norte de Mérida mediante la falsificación de documentos oficiales, incluyendo el protocolo de un notario.
La decisión del juez, al parecer tomada sin los suficientes elementos, coincide con los cambios realizados en el Tribunal Superior de Justicia por la reforma judicial, lo que podría haber influido en esa decisión, denuncia un abogado cercano al caso.
Farfán Estrada hizo antes cuatro solicitudes para cambiar esa medida cautelar, pero todas fueron rechazadas por el juzgado a cargo del caso.
A raíz de los recientes movimientos en el Poder Judicial —a donde llegaron nuevos funcionarios vinculados con Morena—, ese mismo juzgado modificó abruptamente su criterio y consideró que las condiciones esgrimidas para decretar inicialmente la presión preventiva justificada habían cambiado, otorgándole a Farfán la prisión domiciliaria con brazalete electrónico.
La mafia inmobiliaria y sus vínculos morenistas
El juzgado recurrió al mismo argumento para autorizar la prisión domiciliaria a favor de uno de los socios de Mario Farfán, Wílberth Daniel Llanes Manzanilla, de Cancún.
Esto sucedió a pesar de que ambas personas han sido señaladas de formar parte de la mafia inmobiliaria con ramificaciones en Yucatán, Quintana Roo y Campeche, dedicada a despojar a la gente de sus bienes inmuebles.
En el caso de Farfán Estrada, informes recogidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, lo relacionan estrechamente con políticos del PRI que recientemente se cambiaron a Morena, como Francisco Torres Rivas, ex presidente de ese partido y hoy director de la Japay.
También de otros personajes pertenecientes al grupo de Ivonne Ortega Pacheco, cuando ella todavía pertenecía al Revolucionario Institucional. Algunos de ellos trabajan hoy en las estructuras jurídicas del gobierno estatal.
Uno de los vínculos más graves de Farfán Estrada con la mafia inmobiliaria apareció en la entrevista que el empresario Jorge Lance Madera, oriundo de Ciudad de México y avecindado en esta ciudad, otorgó al Diario el 6 de marzo, en compañía de su abogado Juan José Góngora Puerto.
En esa ocasión el empresario declaró que en 2018 adquirió, junto con su socio Ernesto González Lozada, una casa de 2,200 metros cuadrados en la calle 33 número 180 de la colonia Benito Juárez Norte, donde quería construir un edificio multifamiliar, pero el proyecto se suspendió por la pandemia y la casa permaneció cerrada.
Sorpresa en un predio
El 2 de diciembre pasado, Madera Lance, según declaró al Diario, pasó por el predio y vio el jardín cortado y los candados de acceso cambiados.
Alarmado, consultó el Registro Público de la Propiedad y allí apareció un aviso preventivo de compraventa suscrito por el notario Lino Magos Acevedo.
El empresario le aclaró al fedatario que no tenía la intención de vender y que la propuesta era falsa.
Por ello, éste suspendió el proceso y también le informó que un corredor (quien ahora funge como testigo en el juicio) “le había pasado la operación”.
Góngora Puerto, abogado de Lance Madera, dijo al Diario en días pasados que ese mismo corredor le aseguró que fue Farfán Estrada quien le ofreció el predio de la Benito Juárez.
Mientras, Magos Acevedo le explicó que el campechano Santiago Israel Góngora Jiménez se presentó en su oficina con un poder a su favor, entregado por Lance Madera y González Lozada, ante la notaria pública número 28 de Campeche, Alma de María Collí, que luego se demostró era falso.
Después de fracasar en este primer intento, Farfán Estrada —quien durante varios años fue el representante del PRI ante el INE y el Iepac— y sus socios, lo intentaron de nuevo.
En esta ocasión falsificaron una hoja del protocolo del notario 91 de Mérida, José Cardeña Manzanero, como luego también se probó que era falso, en la cual se establecía un poder de Lance Madera y su socio a favor de Jesús Arturo Gutiérrez Dzib.
Entramado
Con este documento apócrifo, Farfán Estrada contactó a otro corredor de bienes raíces. Éste le ofreció el predio a Enrique Cantillo Cervera, quien se interesó en la casa y pidió contactar a los propietarios, pero aquí apareció Farfán Estrada, ostentándose como abogado de los dueños del predio, y ofreciéndole a Cantillo Cervera mostrarle la casa el 4 de febrero.
Como publicamos en marzo, a esa visita asistieron Mario José Farfán, quien tenía las llaves del predio; Llanes Manzanilla, quien se presentó como responsable de la venta, y Gutiérrez Dzib, supuesto apoderado de los propietarios.
Según el abogado Góngora Puerto, toda esa visita se grabó en vídeo y obra como prueba en la carpeta de investigación.
Acto
El 8 de febrero pasado, Cantillo Cervera le confirmó a Farías Estrada su interés en adquirir el predio, por lo que éste le solicitó un millón de pesos de adelanto.
Ambos acordaron firmar un contrato de compra-venta en las oficinas del abogado José Alejandro Nieves, quien al revisar los papeles de los supuestos vendedores, se percató de que Lance Madera, conocido suyo, aparecía como uno de los propietarios del predio, de modo que le habló para confirmar su intención de vender.
De acuerdo con la publicación del Diario del 6 de marzo, éste le respondió que su casa no estaba en venta y descubrió, otra vez, la falsificación de su identidad y la de su socio.
Con la ayuda de Nieves, decidió continuar con la operación para detener a los responsables del intento de fraude.
A esa reunión asistieron Farfán Estrada, Llanes Manzanilla, Gutiérrez Dzib y dos testigos. Todos firmaron el contrato, pero no se entregó el dinero porque en ese momento Lance Madera entró con varios agentes de la Policía y dijo que el poder de Gutiérrez Dzib era falso.
Agentes policíacos
Los policías observaron a Farfán Estrada con una copia certificada del poder y del contrato firmado de compra venta, por lo que lo detuvieron a él y a sus cuatro cómplices y los turnaron a la Fiscalía General del Estado.
Allí, el notario Cardeña Manzanero demostró que el acta de otorgamiento del poder era totalmente falsa igual que la firma y el sello, y lo denunció ante el Ministerio Público.
Lo mismo hizo Lance Madera y su socio por los delitos de uso de documento falso, falsificación de documentos y tentativa de fraude.
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y denunció los hechos ante la jueza de Control del Juzgado Segundo del Primer Distrito, Jazmín Ojeda Alayón, quien, dada las evidencias en su contra, decretó la vinculación a proceso de los imputados y les dictó la prisión preventiva justificada.
Tanto Farfán Estrada como Llanes Manzanilla, los dos cabecillas de la banda, solicitaron por lo menos en cuatro ocasiones el cambio de esa medida, pero la jueza se los negó, con el argumento de que no habían cambiado las circunstancias por las cuales fue impuesta, afirma Góngora Puerto, en reciente entrevista con Central 9.
Vacaciones
Sin embargo, añade, el mes pasado la jueza Ojeda Alayón salió de vacaciones y su compañero el juez de Control del mismo juzgado, Kenny Burgos Salazar, entró para suplirla.
Farfán Estrada, en una primera audiencia, le solicitó a este juez cambiar la medida cautelar.
Burgos Salazar respondió que no podía hacerlo ya que era la determinación de una juzgadora ubicada en el mismo rango que él, además que no veía elementos para pedir la modificación de la prisión preventiva justificada, agrega Góngora Puerto.
A los pocos días, añade el abogado, coincidiendo con los cambios en el Tribunal Superior de Justicia, Farfán Estrada vuelve a solicitar ese cambio y ahora el juez Burgos Salazar lo autoriza, diciendo que habían cambiado las circunstancias, cuando poco antes había dicho lo contrario. De este modo, el acusado salió de prisión con su brazalete.
Casualmente, al retornar de sus vacaciones la jueza Ojeda Alayón decidió igualmente modificar la medida cautelar con los mismos argumentos de su colega, en este caso a favor de Llanes Manzanilla.
Gutiérrez Dzib, el supuesto apoderado de los propietarios, permanece en prisión, pues desistió de sus intentos por cambiar la medida cautelar.
Según Góngora Puerto, ahora resulta que al cambiar las cosas en el Poder Judicial, con la llegada de nuevos funcionarios, muchos de ellos ligados a Morena, extrañamente también cambiaron las circunstancias que llevaron a la jueza Ojeda Alayón a decretar la prisión preventiva justificada en contra de los imputados y a negarles el cambio de la medida en varias ocasiones.
Al parecer, dice, el criterio de la jueza se modificó con la llegada de la reforma judicial. (Continuará).