Diputados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso de Yucatán avanzaron en el análisis de iniciativas enfocadas en la protección de adultos mayores y los derechos de niñas, niños y adolescentes, durante la sesión que se llevó al cabo la mañana de ayer martes.
La comisión, presidida por la diputada Aydé Verónica Interián Argüello, abordó temas en materia de derechos humanos, entre ellos una propuesta de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado.
Esta reforma, presentada en la pasada sesión plenaria por la diputada Neyda Aracelly Pat Dzul y respaldada por los legisladores de Morena, PT y PVEM, busca fortalecer la protección patrimonial de las personas mayores y garantizar su derecho al usufructo vitalicio; es decir, que puedan seguir utilizando sus bienes mientras vivan, aunque ya no sean legalmente propietarios.
Se continuó con el análisis de cuatro propuestas de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, enfocadas principalmente en:
- Impulsar una crianza positiva basada en el respeto, la empatía y la erradicación de prácticas violentas.
- Actualizar y ampliar el marco legal para garantizar más derechos y mejores condiciones de vida a las infancias y adolescencias yucatecas.
- Reconocer nuevas formas de participación y protección para menores en situaciones vulnerables.
Estas iniciativas fueron presentadas por legisladores del PRI, PAN, Morena, PT y PVEM, mostrando un esfuerzo conjunto por mejorar las condiciones de la niñez en el estado.
Aunque no forma parte de la comisión, la diputada María Teresa Boehm Calero asistió a la sesión porque presentó una de las cuatro iniciativas, la cual fue suscrita por la fracción legislativa del PAN.
Al solicitar el uso de la voz, María Teresa Boehm explicó que la iniciativa se divide en tres vertientes.
“Solicitamos pasar al Sistema Integral de Protección de Niñas y Niños de Adolescentes, que es una unidad que hoy forma parte del Sistema DIF, y que dependa de la Secretaría General de Gobierno para hacer un trabajo muchísimo más transversal, partiendo de la base que el DIF es una entidad totalmente asistencialista”.
Eso sería más beneficioso para los niños que han sufrido algún tipo de violencia, refirió.
“La segunda es que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay) tenga personalidad jurídica y patrimonio propio, que sea una entidad más del gobierno del Estado justo para darle identidad, fortalecerla, y que esté a la par de entidades como el DIF y que no esté dentro del DIF”.
La tercera vertiente, continuó, es una sugerencia para crear procuradurías municipales que funjan como unidades de primer contacto ante cualquier detección de violencia de niñas y adolescentes.