Por mayoría de votos, ayer durante la sesión plenaria el Congreso del Estado aprobó el dictamen en lo general de la contrarreforma a la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) y el decreto 532/2022.
Al hablar sobre la reforma, la morenista Maribel Chuc Ayala aseguró que la votación a favor era para que “el Isstey sea un instituto al servicio de los trabajadores y no una carga”.
En otros puntos, señaló que la reforma era para devolverle a los trabajadores “lo que les arrebató el anterior gobierno de Acción Nacional” en referencia a la administración de Mauricio Vila Dosal.
El diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra, puso de manifiesto el posicionamiento de su partido, en el que expresó que el dictamen no responde al principio de justicia social ni asegura la viabilidad financiera del Instituto a largo plazo y pospone la reforma hasta 2026.
Según expresó, la propuesta del Ejecutivo “se limitó a dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los años de servicio para la jubilación” y el proceso de discusión falló en su cometido de incorporar la voz ciudadana.
Pese a las críticas que hizo, anunció que él y el PRI darían su a favor del dictamen con el argumento de que es “un avance mínimo para la restitución de derechos”.
En su turno, la diputada de Movimiento Ciudadano Larissa Acosta Escalante, indicó que “con esta nueva reforma se establece un cerco estricto, garantizando que los recursos solo se inviertan en instrumentos regulados de bajo riesgo, prohibiendo las operaciones especulativas”.
El diputado Julián Bustillos Medina destacó que el nuevo marco legal representa un acto de reparación y justicia, tras los efectos negativos de la reforma anterior. “Hoy damos un paso firme hacia la reparación de los agravios y la construcción de un marco normativo más justo y sostenible”.
El coordinador de la bancada morenista, diputado Wilmer Monforte, señaló que “no es posible que quienes tuvieron la oportunidad de rectificar los errores del pasado no lo hagan y sigan pensando solo en el dinero, cuando los gobiernos anteriores usaron el Isstey como su caja chica”.
Asimismo, reconoció que el Isstey no atraviesa su mejor momento, pero lo atribuyó a “los gobiernos del pasado”.
Además, aseguró que las administraciones anteriores “usaron los recursos de los trabajadores para otras cosas que no iban en beneficio de los trabajadores”.
Luego recordó que durante años los recursos de los trabajadores se desviaron para fines ajenos a su bienestar, incluso vendiendo las tiendas del Instituto que beneficiaban a las familias, lo que consideró una muestra del abandono hacia la clase trabajadora.
Sobre la postura de Acción Nacional en contra de la reforma, el líder de la bancada morenista les hizo el señalamiento en el sentido de que “piensen bien de qué lado están: del lado del pueblo o en contra del pueblo”.
Otros temas que se abordaron y aprobaron durante la plenaria del viernes fueron el acuerdo de la comisión de postulación del reconocimiento al “Médico del Año del Estado de Yucatán”, que se otorga de manera póstuma al doctor Rudy Humberto Coronado Bastarrachea, y la propuesta del acuerdo sobre la convocatoria para que se realicen las propuestas de candidatos jóvenes al reconocimiento “Efraín Calderón Lara” 2025.
Se anunció que la sesión solemne para la entrega del reconocimiento “Médico del Año” se realizará el jueves 30 de octubre al mediodía.
Tras la aprobación, el dirigente del PRI en Mérida, Rafael Echazarreta Torres, encabezó una enérgica crítica, calificando el dictamen de “una simulación”.
“¡Eso sí es un fraude que no garantiza la viabilidad del Instituto ni restituye los derechos completos de los trabajadores!”, recriminó.
En una declaración posterior a la votación, el dirigente priista argumentó que la reforma es “insuficiente” y que las bancadas mayoritarias se burlaron de los trabajadores al negarse a implementar candados esenciales para proteger sus fondos”.
El punto de mayor controversia, según Echazarreta Torres, radica en la negativa de la bancada de Morena a tipificar como delito penal el desvío o la retención de las cuotas de seguridad social de los trabajadores.
“Dijeron no a tipificar como delito el robo o retención de sus cuotas de seguridad social. ¿Qué significa esto? Que si en el futuro hay desfalcos a las pensiones, no habrá castigo penal”.
“Según hemos señalado, los exdirectores de desfalcos anteriores siguen libres”, sentenció Echazarreta Torres, haciendo énfasis en la falta de blindaje ante futuros actos de corrupción.
“En este estado es más fácil ir a la cárcel por persecución política que por robarle sus ahorros a los trabajadores del Estado”, lamentó.
El priista desglosó los derechos que la reforma omite restituir o los perjuicios económicos que mantiene vigentes para la base trabajadora:
1) Cuotas altas y futuro incremento: Aunque se congela temporalmente el descuento del 11% para los trabajadores actuales, la reforma mantiene el descuento del 15% para los nuevos ingresos.
Peor aún, advirtió que para los actuales trabajadores, la cuota “vuelve a subir” en el año 2030.
2) Omisión del seguro de cesantía: A pesar de las peticiones de los sindicatos, la reforma no incluye de vuelta el seguro de cesantía, siendo éste un apoyo fundamental si un trabajador se queda sin empleo.
3) Impacto en la pensión final: La exclusión de los vales de despensa para el cálculo de la jubilación se mantiene, lo que se traduce directamente en una “menor pensión” para los futuros jubilados.
4) Fondos sin protección: El dirigente también criticó la ausencia de “candados” para proteger el dinero de las pensiones de malas inversiones financieras, dejando los fondos en un riesgo potencial.— DANIEL VALDEZ CETZ
Reforma Ley del Isstey
El presidente municipal del PRI, Rafael Echazarreta Torres, dio su postura sobre la reforma.
Desvío de recursos
Echazarreta Torres fue enfático al reiterar que la reforma no aborda los problemas estructurales del Isstey ni ofrece seguridad real a sus afiliados. “Esta reforma no garantiza que el Isstey sea viable y no pone frenos a los desfalcos. Insistimos: esto es un engaño y una simulación”.
Oportunidad perdida
La postura del PRI —articulada por su dirigente— es que, sin la inclusión de castigo penal y la restitución total de los derechos perdidos, la ley aprobada representa una oportunidad perdida y un retroceso en la protección social de los trabajadores estatales.