El Paquete Económico 2026 que envió el Poder Ejecutivo al Congreso local para su análisis y aprobación incluye un nuevo impuesto, el aumento de tres y la reducción de otros dos, así como el cobro de más derechos por servicios que presta el Estado.
De los 66,407 millones de pesos que considera la iniciativa de Ley de Ingresos para el próximo año, $5,214 millones —en cifras redondas— serían por concepto de impuestos en general.
La mayor cantidad del esquema recaudatorio corresponde al Impuesto Sobre Nóminas (Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal), mediante el cual se espera recibir 3,869 millones de pesos.
Este gravamen pasará, como adelantamos ayer, de 3 a 3.75 por ciento.
Por la noche, ante la reacción del Consejo Coordinador Empresarial por la variación en el Impuesto Sobre Nóminas, el gobierno del Estado manifestó en un comunicado que se trata de una “actualización” y agregó que los recursos adicionales se destinarán al sistema de transporte Va y Ven.
¿Qué cambios hay en el Paquete Económico 2026?
Los cambios más relevantes en el sistema tributario local, de acuerdo con la iniciativa que modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, son los siguientes:
- 1) Creación de un nuevo impuesto “a las tarifas efectivamente cobradas por las empresas de redes de transporte”. Es un cobro por los servicios de las empresas que utilizan plataformas tecnológicas.
Se propone un gravamen de 1.5 por ciento sobre la tarifa de cada viaje.
- 2) Alza de 1 a 3 por ciento a la tasa del Impuesto sobre Enajenación de Vehículos Usados.
Se argumenta como sustento de esta propuesta que el mercado de vehículos usados en Yucatán constituye uno de los sectores con mayor movimiento económico, pero opera con esquemas informales que ahora se busca corregir.
- 3) Aumento de 2 a 3% a la tasa del Impuesto sobre el Ejercicio Profesional.
Se subraya que este tributo solo se causa cuando los servicios profesionales están exentos del Impuesto al Valor Agregado, lo cual ocurre principalmente en el ámbito de la salud (médicos, veterinarios y odontólogos, por ejemplo).
“Actualmente Yucatán es una potencia en el turismo médico, originando con ello una importante derrama económica, lo que ha obligado al Estado a generar infraestructura y desarrollo alrededor de este segmento”, indica la iniciativa.
Con base en ese señalamiento se dice que es “importante y necesario” que ese segmento contribuya al desarrollo continuo y al mantenimiento de “dicho entorno económico”.
- 4) El Impuesto Sobre Nóminas, que pagan las empresas, pasa de 3 a 3.75 por ciento.
El aumento en esta tasa, subraya el proyecto de ley, no debe interpretarse como una medida meramente recaudatoria, sino “como un instrumento de política pública que permite sostener servicios esenciales para toda la sociedad”.
El Ejecutivo también califica esta medida como “estratégica y necesaria para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de los servicios públicos que permiten el crecimiento económico, la creación de empleo y la calidad de vida de los habitantes de Yucatán”.
- 5) Se reduce de 5 a 4.5% la tasa del Impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales.
El propósito, se apunta, es aliviar la presión fiscal y brindar un respiro económico a más de 56 mil contribuyentes, de los cuales más del 90% son micros y pequeños negocios.
- 6) Se recorta también de 5 a 4.5% el Impuesto sobre el hospedaje.
De esta forma, según la iniciativa, se fortalece la competitividad turística de Yucatán al posicionar mejor al estado frente a destinos con tasas más bajas.
- 7) Se propone el cobro de nuevos derechos en las siguientes dependencias:
a) El Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán (Insejupy), por cualquier inscripción de predios “en modalidad de servicio registral prioritario”.
En la misma institución por los cursos de formación, capacitación, actualización y certificación en materia de intermediación inmobiliaria, por hora, y por los servicios de capacitación profesional en materia de seguridad jurídica patrimonial, también por hora.
Además, se crea un derecho por trabajos de investigación y análisis documental de la Dirección del Catastro y de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio cuando se requiera ubicar un predio.
b) La Consejería Jurídica, por cada curso para la actualización y rectificación anual de fedatarios y aspirantes a fedatarios.
c) La Secretaría de Desarrollo Sustentable, por cada verificación del reporte del Registro Estatal de Emisiones.
También por la expedición de copias certificadas de cada plan.
En próximas ediciones abundaremos en detalles del paquete económico 2026 que ya está en manos del Congreso.
